El futuro del edificio de aparcamientos y salones comerciales que se encuentra a la entrada de la playa de Las Teresitas, conocido por sus detractores como "el mamotreto", está anclado en el mismo dique seco que el resto de actuaciones proyectadas en la playa y que están paralizadas por un complejo entramado judicial y urbanístico.
El último capítulo que afecta a esta edificación a medio construir es una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que mantiene la suspensión cautelar del acuerdo plenario propiciado por la adhesión del PP (que por aquel entonces había roto el pacto de gobierno con CC) por el cual la oposición, en bloque, decidió que se derribara.
En el debate de esta semana, todas las fuerzas políticas, a excepción de CC en el consistorio capitalino (pese a que este periódico solicitó la presencia de algún miembro de la formación nacionalista que fue la que recurrió dicho acuerdo), analizan la realidad de esta actuación que forma parte del proyecto que el arquitecto Dominique Perrault ya ha descartado ejecutar como consecuencia de tantos vaivenes.
Raúl Alonso, representante legal del Grupo Municipal Socialista en Santa Cruz, insistió en la legalidad del acuerdo plenario, por lo que dijo que se ha solicitado una ampliación del expediente para conocer el proceso administrativo del acuerdo de demolición del "mamotreto", pues señaló que, "a pesar de ser lícito, es curioso que el alcalde y un grupo de concejales que sustentan el Grupo de Gobierno sean quienes recurran contra el propio ayuntamiento".
Dijo que la discusión jurídica de fondo es que la voluntad popular expresada en el pleno a través de sus representantes no tiene derecho a que se cumpla, pues remarcó que en caso de una consulta popular sobre el futuro de este "adefesio" sería "rotunda a favor de su derribo". Sin embargo, dijo que la realidad "está tamizada por un poder político que tiene intereses tan espurios que algunos de sus miembros están procesados". Remarcó que en democracia no debe haber tanta separación entre lo que opinan los ciudadanos y lo que realizan las instituciones, algo que, considera, "sólo hace incrementar el volumen de abstención en la capital".
Lola Schneider, de la Asociación de Amigos de las Teresitas, se mostró a favor del derribo, pues señaló que "no se debe olvidar que se construyó ilegalmente" y que conforma una muralla insalvable entre San Andrés y la playa. Señaló que lo construido hasta ahora es el 50% de una superficie que tomará una altura de más de once metros que invade el dominio público. Además, comentó que su colectivo aún mantiene abierto un contencioso en la Audiencia Nacional contra Costas por el deslinde que han fijado, que "no puede ser correcto, y se refuta con las pruebas aportadas con testimonios y fotos antiguas que establecen el nivel al que llegaba el mar en el campo de San Andrés".
Además, considera que la futura ubicación de restaurantes en la zona "dejará a mucha gente sin comida en el pueblo", y añadió que "la gente no está interesada en el aparcamiento, porque la mitad de las plazas son para usuarios de la playa y el resto para los del centro comercial, algo que no tiene sentido porque hoy en día se puede aparcar en la zona de estacionamiento y bajo los árboles".
Recordó que la juez que instruye el "caso del mamotreto" ya ha dictado una sentencia "diciendo que el edificio es ilegalizable".
Guillermo Guigou, portavoz de Ciudadanos de Santa Cruz, calificó de "lamentable" la ausencia de CC en esta cita, pues dijo que esta fuerza política es la que propició este debate, al presentar el recurso. Consideró que esta decisión "es un atentado a la democracia porque va en contra de la voluntad de los representantes públicos que se mostraron a favor el derribo". Dijo que el impacto ambiental sobre el entorno, una vez desechado el proyecto de Perrault, "en nada beneficia, pues también genera dificultades de acceso a la playa y un gasto económico en seguridad y en evitar el deterioro del material".
Remarcó que "esto que ellos llaman aparcamiento se realizó sin licencia y se pudo haber hecho otra estructura menos impactante desde el punto de vista paisajístico".
Guigou manifestó que la decisión de Miguel Zerolo y CC de recurrir el acuerdo plenario "es una irresponsabilidad sin antecedentes, en la que un alcalde va en contra de un acuerdo de su propio Pleno". En este sentido, añadió que "el secretario municipal tampoco advirtió de que el acuerdo no tuviera repercusión legal", cuando precisó que en el mismo se establecía el derribo y la supresión del proyecto de Perrault. Por ello, dijo que "no entendemos cómo no se aplica y, sin embargo, se recurre porque el acuerdo de un Pleno es soberano en un Estado de Derecho". Consideró que el mayor costo es "el ambiental", pues dijo que si no se derriba, "al no desarrollarse el proyecto de la playa, quedará allí un búnker".
Manuel Fernández, consejero de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz y concejal no electo del PP, explicó que sobre este edificio de servicio hay dos ámbitos, uno legal, con una sentencia que establece medidas cautelares que paralizan la aplicación del acuerdo, mientras que hay otro que es el político, que "se expresa entre sus defensores y detractores y las diferentes visiones sobre cómo se quiere que sea la playa". Ahí, añadió, "impera lo que decidan las mayorías, y el proyecto de la playa, que incluía este edificio, fue refrendado por un pleno con la mayoría de lo que opinaba la ciudadanía". Explicó que, a juicio de su partido, "creemos que en los tiempos que corren, demoler ese edificio supone seis millones de euros, algo que nos preocupa porque se ha invertido un dinero que no se puede tirar de un día para otro". Señaló que se trata de defender el interés colectivo y no tratar este asunto como una cuestión de gustos personales.
El coste medioambiental
Guigou señaló que no se trata de un aspecto estético, aunque le reprochó a Fernández que reste valor al voto que expresó el Grupo Popular a favor del acuerdo del derribo, algo que, consideró, "supone un matiz o una reorientación de la situación". Además, dijo que el aspecto económico es importante, aunque puntualizó que una vez que Perrault ha manifestado su intención de no llevar a cabo el proyecto, "hago un llamamiento a todas las fuerzas políticas para llegar a un acuerdo en favor del territorio". Así, dijo que, al carecer de licencia y no formar parte de una actuación global, "ya no tiene sentido". Además, remarcó que le llamaba la atención el hecho de que CC presentara recurso al derribo y no al proyecto de la playa, y consideró que las elecciones de 2007 "no fueron un plebiscito a favor o no del proyecto de Las Teresitas, menos cuando el alcalde gobierna con el 15% de los votos".
Fernández, por su parte, puntualizó, en cuanto al sentido del voto del PP a favor del derribo, que fue en un momento en el que esta formación había roto el pacto con CC en la corporación dos meses antes del pleno, aunque su partido, precisó, " defendía la conservación de este edificio". Por ello, aclaró que la circunstancia del sentido del voto era una cuestión que "se debería preguntar al portavoz del grupo en ese momento (Ángel Llanos)", mientras que en cuanto al respaldo de los restantes concejales populares, "se debió a un desconocimiento" de la postura de la dirección del partido, "que se le había comunicado a Llanos y que él desoyó".
Por ello, insistió en que "la posición del PP sobre este proyecto no ha variado", pero recordó que "el portavoz de esa época tomó una decisión de forma unilateral y sin el visto bueno del partido". Además, Fernández defendió que la defensa del territorio es una cuestión que compete a todos los partidos por igual, "de acuerdo a derecho, a pesar de la diferencia de criterios". En este aspecto, Guigou apuntó que "el respeto al territorio también supone contar con una licencia y un fundamento jurídico que sustentara su construcción, algo que no se ha cumplido y que ha reconocido la propia Consejería de Medio Ambiente".
Sin embargo, Manuel Fernández consideró que "es una irresponsabilidad tirar un edificio como éste después de la inversión que se ha realizado".
Lola Schneider insistió en que en la campaña electoral de 2007, Ángel Llanos "prometió que con su partido nunca se construiría el mamotreto y el proyecto de Perrault", mientras que cuando se habla de los 6 millones invertidos, comenta: "No comprendo cuánto más hay que invertir, puesto que hasta ahora sólo se ha realizado la mitad de este edificio". Por ello, reclamó que se depuren responsabilidades con quienes han hecho algo sin permiso y que "no lo pague y sufrague el pueblo", ya que entiende que "la gran mayoría de Santa Cruz no quiere este mamotreto en la playa", algo que sustenta en la respuesta a las diferentes campañas de recogida de firmas a favor de su derribo.
Schneider dijo que, "incluso la APMUN, ha constatado que este edificio tiene tres veces más de volumetría de lo que se puede construir ahí", algo que, añadió, "está en contra de todas las leyes, por lo que es incomprensible que se justifique con la inversión realizada y los nuevos gastos para que no sea derribado".
Raúl Alonso puntualizó que la sentencia sobre el frente de la playa "lo modifica todo, y parece poco razonable que se hagan actuaciones frente a todo y pase a quien le pase, cuando lo razonable era que, de forma prudente, el ayuntamiento hubiera omitido cualquier actuación hasta que se resolviera la ejecución de esa sentencia". El letrado del PSC también puso de relieve el contraste que supone hacer este tipo de edificios sin licencia y fuera del planeamiento, "cuando la ciudadanía demanda servicios en la playa en cuanto a la higiene y accesos, y se les plantea un modelo de pago en competencia que debilita a la zona".
En cuanto a la sentencia del TSJC y las medida cautelar que plantea, dijo que "el perdedor no es el PSC, sino el ayuntamiento, que defiende, junto a nosotros, que se deben eliminar esas medidas, por lo que debería seguir vigente el acuerdo plenario". Por ello, dijo que no hay que confundir el interés público con el del alcalde, ya que el ayuntamiento considera que el acuerdo es legal.
Añadió, respecto a los costes económicos que rodean este edifico, que este aspecto se reconocía en su oposición a la medida cautelar, aunque matizó que quien tiene el derecho y la legitimidad de valorarlo es el Pleno y no el Grupo de Gobierno. "No se puede presumir jurídicamente que quienes voten en un pleno son unos irresponsables, porque cuando adoptan un acuerdo lo hacen con conocimiento de las consecuencias que tiene". Guillermo Guigou reprochó que en este caso que se valoren los gastos económicos en caso de su derribo y, sin embargo, "no se midan los gastos actuales y los futuros, porque está paralizado al carecer de licencia".
Manuel Fernández apuntó, respecto a la opinión de Lola Schneider sobre la negativa a este modelo de playa, que "se desconoce si también existe otra mayoría a favor de otra alternativa", por lo que remarcó que en el momento que se celebró el concurso de ideas en el que se aprobó el de Perrault "no hubo oscurantismo ni se produjo un movimiento en la calle frente a su ejecución o a futuras actuaciones en Las Teresitas". No obstante, añadió que "hay mucha gente que no va a la playa porque no le gusta su aspecto y quizá espera a que se haga algo allí", por lo que dijo que hay que tener cuidado cuando se habla de la opinión mayoritaria de la población.
En cuanto a la recriminación de que el edificio sirva para crear empresas y restaurantes, defendió que se fomente este tipo de actividades empresariales, remarcando, ante la precisión de Guigou de que se ha hecho sin licencia, que se haga cumpliendo los requisitos legales.
Raúl Alonso añadió que se genera una competencia a San Andrés con dinero público que "es pan para hoy y hambre para mañana", aunque Fernández dijo que se genera un movimiento que es positivo para la zona, frente a mucha gente que ahora no quiere ir a La Teresitas.
Por último, Lola Schneider recordó que cuando se expusieron todos los proyectos se recogieron firmas de la gente que acudía a la misma. Hasta el punto de que, contó, a título de anécdota, que el propio Perrault firmó en contra de que se construyera.
T. IZQUIERDO Y N. VIZOSO Fotos: MARÍA PISACA