El presidente del Cicop advierte que declarar BIC al Carnaval "no aporta nada y puede encorsetarlo"

La propuesta parlamentaria para declarar Bien de Interés Cultural (BIC), en la categoría de Bien Inmaterial, a celebraciones como el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria y Los Indianos no es compartida por expertos como Francisco Aznar Vallejo, doctor en Bellas Artes de la Universidad de La Laguna.

Presidente de la Fundación Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio (CICOP), considera que esta figura de protección no resulta adecuada para manifestaciones populares dinámicas. Aznar Vallejo considera que esta figura de protección no resulta adecuada para manifestaciones populares dinámicas.

Aznar recuerda que ya en encuentros profesionales celebrados en torno al patrimonio festivo se había planteado la duda sobre la necesidad de nuevas figuras legales para el Carnaval. A su juicio, estas celebraciones cuentan ya con reconocimientos turísticos y sociales suficientes, por lo que añadir la categoría BIC “no va a ningún sitio” ni supone una mejora real.

Una figura pensada para lo que desaparece, no para lo que está vivo

El experto sostiene que la declaración BIC tiene sentido cuando se aplica a elementos patrimoniales amenazados o en riesgo de pérdida, ya que obliga a la administración a documentarlos, investigarlos y garantizar su conservación.

«En el caso del Carnaval no es necesario, porque no está a punto de desaparecer», señala, subrayando que se trata de un fenómeno cultural plenamente consolidado y en constante transformación.

Desde su perspectiva, la esencia del Carnaval radica precisamente en su carácter mutable: son los ciudadanos quienes lo crean, lo modifican y lo adaptan a cada época. Esa evolución espontánea —afirma— sería difícil de compatibilizar con una normativa rígida.

Riesgo de pérdida de autonomía municipal

Otro de los aspectos que Aznar cuestiona es el cambio competencial que implicaría la declaración. Según explica, al convertirse en BIC, la gestión dejaría de depender fundamentalmente del ayuntamiento correspondiente —como ocurre en Santa Cruz de Tenerife— y pasaría a estar supervisada por el cabildo insular y el Gobierno autonómico.

A su entender, esto podría traducirse en limitaciones administrativas sobre la organización, los espacios o el crecimiento de los actos. “La ley obliga a inspeccionar y a pedir cuentas de lo que se hace”, advierte, planteando interrogantes sobre cómo se aplicaría ese control a murgas, rondallas o participantes individuales.

El experto ilustra esa flexibilidad histórica recordando cómo los escenarios y dinámicas festivas han cambiado con el tiempo según las necesidades ciudadanas, sin planificación rígida previa.

Una celebración construida desde la base social

Para Aznar, el Carnaval —especialmente el de la capital tinerfeña— ha sido tradicionalmente una manifestación impulsada por la sociedad civil, donde la administración ha actuado como apoyo logístico más que como directora cultural.

En ese sentido, recalca que el valor patrimonial ya existe de facto, sin necesidad de una declaración formal: “Es la esencia de una ciudad”.

El presidente del CICOP insiste en que la singularidad de estas fiestas no proviene de un reconocimiento jurídico, sino de su arraigo popular y de su capacidad de reinventarse continuamente.

Crítica al uso generalizado de las declaraciones patrimoniales

Aznar enmarca su postura en una reflexión más amplia sobre la proliferación de catalogaciones. Recuerda que los sistemas de protección internacional surgieron en el siglo XX para frenar la destrucción del patrimonio material durante los procesos de modernización acelerada, no para regular manifestaciones culturales plenamente activas.

Asimismo, advierte de que muchas declaraciones no van acompañadas después de la inversión o el mantenimiento necesarios, lo que a su juicio cuestiona la eficacia real de multiplicar las figuras de protección.

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