«Estamos ante un ataque coordinado al Carnaval». Son las palabras del concejal de Fiestas, Alfonso Cabello, que confirmó la presentación de un segundo requerimiento, exactamente igual al primero que presentaron los vecinos de un edificio de la plaza de Weyler. A los ocho propietarios de cuatro pisos y dos locales comerciales del entorno de Weyler, se suma este residente que vive en uno de los piso de un inmueble de la calle Viera y Clavijo.
Los vecinos del inmueble que se localiza cerca del inicio de la calle del Castillo registraron su escrito el miércoles 8 de junio y dos días después, el viernes 10, el residente de Viera y Clavijo hizo efectivo el suyo a través del registro informático del ayuntamiento.
Más allá de la diferencia temporal y de ubicación de los inmuebles –uno en Weyler y otro en Viera y Clavijo– el requerimiento se dirige al alcalde y a la Corporación municipal al pie de la letra en ambos casos al solicitar que se traslade la fiesta en la calle a una zona no residencial, además de reclamar indemnizaciones por los daños y perjuicios materiales y morales causados hasta la fecha por la celebración de la fiesta.
En ambos casos se exige al alcalde que «no se coloquen barras ni altavoces en las calles ni se autoricen conciertos», así como que «no se autorice la ocupación del suelo público», reclamando que se inspeccione y controle los locales y actividades para verificar si tienen la preceptiva autorización. Además, piden «se inspeccione y controle a los locales a fin de verificar que cumplen con el aforo, horario de sus licencias y autorizaciones, y sin que quepa modificación alguna del mobiliario que en su caso tienen autorizado».
Se trata del mismo requerimiento en ambos casos, que reclama al alcalde y al equipo de gobierno «que la celebración del denominado Carnaval se traslade a un lugar donde no se alteren las condiciones de vida de los vecinos dada su incompatibilidad con los usos propios del carácter residencial del entorno, al vulnerar la normativa sobre patrimonio histórico y medio ambiente, así como la normativa sobre ruido. Eso, a la vista de que no es posible adoptar respecto a dicho evento medidas eficaces que impidan dichos incumplimientos, así como las consecuencias para los vecinos afectados de los efectos directos e indirectos, acumulativos y auditivos». Junto a la defensa de lo que consideran su derecho al descanso, también alerta del atentado que supone celebrar el Carnaval en una zona que goza de protección al patrimonio.
A eso se suma la contradicción en la que incurre la fiesta con el paso del tiempo, a juicio de los requerientes, que lamentan que haya quedado en el olvido con su vocación familiar para tornarse en botellones en la calle.
Cabello defiende el Carnaval
El responsable de la organización, que ya se había mostrado sorprendido por el requerimiento interpuesto por ocho vecinos de la plaza de Weyler precisamente después de dos años a la vuelta de normalidad, mostró su malestar por lo que considera un «ataque coordinador contra el Carnaval».
«Estamos preocupados y ocupados para garantizar el marco jurídico legal que permita salvaguardar la celebración de la fiesta en la calle como se ha celebrado tradicionalmente», explicó. Reiteró que desde 2007 se han emprendido las medidas correctoras para evitar las molestias a los vecinos, que han incluido desde la supresión de carrozas y coches engalanados debajo de las viviendas de la calle San José o Villalba Hervás a la limitación del sonido procediendo a establecer zonas dentro del cuadrilátero, que oscilan entre los 85 decibelios a los 105 máximos que se autorizan solo donde están los conciertos para las actuaciones en vivo, caso de los escenario de la plaza del Príncipe, La Candelaria y Francisco La Roche. De nuevo reiteró este ataque al Carnaval por parte de algunos vecinos del centro mientras otros en los barrios lideran la celebración de fiestas patronales.
