Andrés Martín Casanova pudo cometer prevaricación administrativa en 2020, cuando era concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en el anterior gobierno municipal de PSOE y Ciudadanos, al trocear el contrato de las estructuras técnicas para la organización del Carnaval de ese año en más de 20 contratos menores, adjudicados de forma directa por menos de 15.000 euros cada uno. Esto concluye un informe del Servicio Jurídico del Consistorio santacrucero adelantado ayer por Radio Club Tenerife. Este escrito, de 10 folios, se encuentra entre la documentación que investiga la Fiscalía de la Audiencia Provincial, que ha abierto nuevas diligencias para determinar si ese fraccionamiento de contratos infringió el Código Penal.

«Esos contratos menores constituyen un fraccionamiento contrario a derecho», aseguran los asesores jurídicos del Ayuntamiento, que sacan esta conclusión tras estudiar otro informe interno, presentado el 24 de marzo por el oficial mayor, que detalla –sin entrar en valoraciones jurídicas– que la licitación del expediente para las estructuras del Carnaval 2020 se dividió en más de 20 contratos menores, 13 de ellos solo para los escenarios de las fiestas. La asesoría jurídica municipal no ve justificado que un contrato mayor se despiezara en más de 20 pequeños ni ve que se siguieran los preceptos legales para ello.

La ley española restringe el troceado de contratos grandes para pasarlos por menores –menos de 15.000 euros en el caso de prestación de servicios, como es el caso del Carnaval 2020 de Santa Cruz de Tenerife– y así adjudicarlos de forma directa. Pone una serie de condiciones que deben estar debidamente justificadas en los expedientes. Hay dos principales: la renuncia, que supone un cambio en la voluntad de la administración de contratar una prestación por razones de interés público, y el desistimiento, cuando concurre una infracción no subsanable en las normas de preparación del contrato o en las normas reguladoras del procedimiento de adjudicación. Sin embargo, en el caso del Carnaval 2020, «la actuación administrativa no podría ampararse en ninguna de las dos excepciones», apunta el informe jurídico municipal.

El documento también asegura que «se omitieron trámites esenciales» en el procedimiento y que «difícilmente puede sostenerse» ese fraccionamiento de contratos a tenor de las conclusiones del oficial mayor. El servicio jurídico pone ejemplos de las presuntas incongruencias que observa en el fraccionamiento del contrato. Por ejemplo, solo para las estructuras técnicas del escenario de la Avenida de Anaga se hicieron cinco contratos menores: para las gradas, las pasarelas de evacuación, las infraestructuras, las torres de control y los camerinos.

Las conclusiones de este informe interno se han conocido un día después de que la Fiscalía abriera una nueva investigación para determinar si hubo irregularidades en estos contratos menores de las fiestas por excelencia de la capital tinerfeña, cuando el concejal de Fiestas era el socialista Andrés Martín Casanova y la alcaldesa, la también socialista Patricia Hernández. El ministerio público de la Audiencia Provincial abrió estas nuevas diligencias después de analizar los informes internos que le remitió el Ayuntamiento chicharrero sobre las prácticas de Casanova.

En diciembre de 2020, la Fiscalía ya abrió diligencias sobre el mismo caso. Esa vez fue como consecuencia de una denuncia del empresario vinculado al mundo del espectáculo y que durante años fue asesor técnico del Organismo Autónomo de Fiestas, Luciano Delgado. Sin embargo, esas investigaciones fueron archivadas al no hallar el ministerio público indicios de delito. José Manuel Bermúdez, alcalde que sucedió a Patricia Hernández en julio de 2020 tras una moción de censura, ordenó entonces un expediente de información reservada, que fue concluido el pasado mes de marzo y cuyos resultados se conocieron en abril, y otro posterior a los servicios jurídicos sobre posibles responsabilidades penales. El gobierno chicharrero elevó esas conclusiones a la Fiscalía, que han sido las que han motivado esta nueva investigación judicial.

Andrés Martín Casanova aseguró ayer que desconoce que la Fiscalía haya abierto una nueva investigación. «Solo sé que había archivado el caso pero desconozco que haya abierto nuevas diligencias», señaló. Tampoco quiso pronunciarse sobre el informe jurídico interno que apunta que hay indicios de que pudo cometer prevaricación administrativa, un delito que consiste en que una autoridad, juez u otro servidor público dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial a sabiendas de que dicha resolución es injusta y contraria a la ley.