2007, jaque al Carnaval de la calle

Dos hechos marcan el posterior devenir de los acontecimientos. Por una parte, el entonces alcalde de CC, Miguel Zerolo, en una de las escasas iniciativas que defendió como diputado autonómico, consigue un acuerdo unánime del Parlamento de Canarias para modificar la Ley de Actividades Clasificadas. El otro, es una maniobra electoral. Antes de las elecciones municipales de mayo de 2007, el candidato del PP, Ángel Llanos, mantiene unas primeras reuniones con Felipe Campos y representantes de los vecinos que presentaron la denuncia. Llanos se compromete, si llega a la Alcaldía, a poner freno al insoportable ruido en las calles del Carnaval.

El pibe de Ofra, como se autodenominó Llanos, no logró el bastón de mando, pero se convirtió en primer teniente de alcalde con Zerolo, en virtud del pacto, CC y PP, para garantizar la mayoría absoluta. Llanos logró un acuerdo con los denunciantes para salvar los Carnavales de 2008, con un decálogo que se recoge en el pacto de voluntades rubricado por el propio Llanos y el letrado Felipe Campos, que después de la revisión de 2009, se mantiene como hoja de ruta. Nunca se llegó a pedir la ejecución de la sentencia de TSJC de 2007 de la que ya han transcurrido catorce años.

En la vistilla que se celebra en 2007 para analizar si se confirmaba la suspensión del Carnaval, el letrado Víctor Medina y Fernández-Aceituno, entonces decano del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, es contratado por el Ayuntamiento para que defienda a los grupos del Carnaval. Su intervención será transcendental para evitar la muerte de la fiesta en la calle. En Santa Cruz, aquel año, cada vez que se esperaba una decisión judicial se movilizaban los grupos de la fiesta y simpatizantes con batucadas. La presión social iba mermando el propósito de los vecinos denunciantes, que al final quedó en una minoría aislada.

En las últimas ediciones, la Asociación de Vecinos Zona Urban El Perenquén mantiene su amenaza –hasta ahora no concretada– de acudir de nuevo a la vía judicial, como hicieron las comunidades de vecinos de la calle San José y su entorno, si el Carnaval no se traslada al Puerto. Estos residentes se quejan del exceso de ruido durante los macrobotellones nocturnos. Algunos afectados denuncian sufrir un «infierno» y otros argumentan que se ven forzados a «refugiarse» en una vivienda alternativa fuera del centro de Santa Cruz. Al ruido se añaden las molestias provocadas por la suciedad que convierte la zona señera de la capital en un «intolerable basurero» cuando llega febrero, con el consiguiente daño al patrimonio histórico público y privado tanto al mobiliario urbano como a los jardines.

Desde 2008, el Carnaval en la calle, protegido por una declaración de buenas intenciones para conciliar el derecho al descanso con el del ocio, se monta sobre todo en el denominado cuadrilátero festivo en Santa Cruz de Tenerife –comprendido entre Plaza de España, del Príncipe, Weyler, y calle del Castillo–, un lugar ya histórico para esta celebración desde el siglo XIX.

Así comenzaron los hechos

El 26 de enero de 2006 se hizo pública la denuncia presentada por el abogado Felipe Campos en representación de una decena de comunidades y particulares de la calle San José y del cuadrilátero de Santa Cruz para hacer prevalecer su derecho al descanso sobre la fiesta en la calle. Por este motivo, el letrado interpone un recurso contencioso–administrativo que solicitaba la suspensión del Carnaval.

La posibilidad de que una denuncia vecinal pusiera ‘puertas al campo’ a la fiesta declarada de Interés Turístico Internacional desde el 18 de enero de 1980, indignó a los vecinos, y el Ayuntamiento rescató un informe económico del año 2000 para hacer constar, junto a su arraigo histórico, el riesgo de perder los más de 26,5 millones de euros que se generaban en cada edición.

Lejos de amedrentarse, el Ayuntamiento de Zerolo emite un comunicado oficial el 31 de enero de 2006 para reivindicar la historia de la fiesta y sentencia: «el Carnaval no puede ni debe salir de las calles del centro de Santa Cruz». Ajeno a una salida negociada, el alcalde echa un pulso al abogado Felipe Campos. El letrado, mientras, pelea en los tribunales contra el fuera de ordenación que preveía el Plan General de 2007 o las fiestas privadas organizadas en el parque marítimo gestionado por el Ayuntamiento de Santa Cruz.

El fiscal elabora un informe que hace público el 9 de febrero de 2006. Avala la solicitud promovida por ocho comunidades de vecinos y diez residentes de la zona que exigían, «como medida cautelar, la suspensión de la decisión municipal de celebrar el Carnaval 2006 en el centro de Santa Cruz». En este informe, el Ministerio Fiscal hace constar que el desarrollo de la fiesta en la vía pública atenta contra la libre circulación de los residentes.

Se gana una batalla, no la guerra

Con los concursos en marcha y la proximidad de la Cabalgata, el juez decide el 11 de febrero de 2006 no suspender el Carnaval en la calle, al entender que «es la decisión que menos efectos perjudiciales causa». En el auto se lee: «La petición genérica de suspender los carnavales es excesiva y de ningún modo podrá ser objeto de una íntegra estimación».

Los vecinos no se amedrentan y Felipe Campos se prepara para continuar la guerra judicial, aún a pesar de la primera derrota en los tribunales. Así, se intenta forzar sin éxito la suspensión del Carnaval en la calle en el fin de semana de Piñata con unas mediciones de sonido que se realizan en el exterior de los inmuebles donde residen los denunciantes. Al final, un error de forma diluye una nueva amenaza a la fiesta de la máscara. Campos argumenta que se había medido el sonido en el exterior y no dentro de los hogares de los afectados. Los denunciantes añaden: el registro se tomó en la noche del viernes al sábado de Piñata, cuando menos ruido hay en el cuadrilátero.

Acaba 2006 y llega el Carnaval 2007. Zerolo contrata al bailarín Rafael Amargo –cuestionado por su evidente desconocimiento de la fiesta– como director de la gala, una decisión que se atribuye a una cortina de humor para distraer el conflicto judicial con el caso de Las Teresitas y desviar la atención de la amenaza a la que se enfrentaba de nuevo el Carnaval en la calle con un Felipe Campos rearmado. Zerolo desafía de nuevo al letrado: «Si Franco no paró el Carnaval. ¿Cómo se va a tumbar en Democracia?».

En medio de la polémica de Amargo, que alimentó el debate sobre si las gordas no tenían calidad para integrar el ballet de su gala, y los escarceos de Ángel Llanos, candidato del PP a la Alcaldía para las elecciones municipales de ese año, arranca el Carnaval el jueves 25 de enero de 2007.

El alcalde de Santa Cruz, y también diputado autonómico por CC, emprende una iniciativa para blindar el Carnaval en la Cámara regional. El lunes 29 de enero se admite a trámite una modificación de la Ley de Espectáculos para evitar que se suspendan los bailes por la denuncias de los vecinos del centro; modificación que fue amadrinada por la portavoz del PP en el Ayuntamiento, Cristina Tavío, y también diputada en el Parlamento.

La modificación promovía que «las fiestas populares que se celebren en Canarias, calificadas como locales o declaradas de interés turístico nacional o internacional, no tengan que contar con un expediente administrativo para que se puedan desarrollar». De esta forma se intentaba desarticular el jaque mate dado por los vecinos del centro en la edición anterior, que entendían que su derecho al descanso se veía conculcado con el derecho al ocio.

Este cambio legal fue calificado por Felipe Campos como «un intento de dar muerte al Estado de Derecho» a la espera de un pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Canarias para que determinara o no la prohibición del Carnaval en la zona centro de Santa Cruz. «El Ayuntamiento sabe que está actuando fuera de la ley y encima quiere modificar una ley pulcra y sin reparos para ajustarla a sus necesidades políticas», dijo entonces. «Lo que trata de hacer en el Parlamento es inconstitucional».

Al día siguiente, ya se celebraba la primera fase del concurso de murgas infantiles. Precisamente ese 31 de enero, el TSJC estima parcialmente el recurso de apelación presentado por los vecinos: la fiesta podrá celebrarse en la calle, pero el Ayuntamiento deberá garantizar que la música no supere los 55 decibelios.

El 1 de febrero, con la segunda fase de murgas infantiles en el escenario, el abogado Felipe Campos tensa la cuerda: «La única opción es trasladar la fiesta» y avisa que tras la resolución del TSJC, el Ayuntamiento tendría que llevar la música a una zona no residencial porque «es materialmente imposible cumplir con las exigencias de la sentencia».

El Ayuntamiento presenta un recurso que el miércoles 7 de febrero –día de la elección de la reina de la tercera edad– cae en saco roto: el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 suspende hasta el lunes los bailes, actuaciones que no estaban, sin embargo, programadas hasta la vistilla del lunes 12 de febrero. Ese día denunciantes y Ayuntamiento se citan a las 11:30 horas. A dos días de la gala de la reina adulta y a cuatro de que el Carnaval salga con la Cabalgata anunciadora. Para entonces, la subasta de puestos ya se había celebrado y los feriantes temían una tremenda pérdida económica para sus negocios.

En un gesto de buena voluntad, el mismo día de la final de murgas, el viernes 9 de febrero, el letrado Felipe Campos invitaba al alcalde a llamarlo para buscar una salida negociada. Le da un plazo de 48 horas, el tiempo previo a la vistilla. En el conflicto interviene la entonces ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona: «La Ley del Ruido permite excepciones por motivos culturales». Narbona viene a decir que son los Ayuntamientos y las comunidades las administraciones encargadas de su aplicación, a falta de que el Ejecutivo promueva un nuevo reglamento sobre el ruido.

Ese viernes la tensión es máxima. Final de murgas, ultimátum de Campos al alcalde para que negocie, un fallo provisional del TSJC, que un tanto tibio aclara que no ha suspendido el Carnaval en la calle sino las previsiones del Ayuntamiento y mientras tanto los denunciantes envalentonados ponen condiciones para el acuerdo: que Zerolo pida perdón si quiere negociar. Entonces, aparece Ángel Llanos y anuncia que ha llegado a un pacto con los vecinos. Hasta el escritor Alberto Vázquez Figueroa considera una locura que el Carnaval esté amenazado por una denuncia vecinal.

El día D –lunes 12 de enero–, a cuatro días de la Cabalgata, el juzgado levanta la suspensión de los festejos nocturnos del Carnaval porque ya existe un fallo judicial anterior, y se ciñe a la sentencia del TSJC que obliga al Ayuntamiento chicharrero a adoptar las medidas correctoras para que no se superen los 55 decibelios; exigencia que ya ese mismo día el alcalde advierte que es imposible de cumplir.

En una de sus zeroladas, el alcalde publica en la prensa el martes 13 de febrero un bando bajo el título: «’Todos al Carnaval», en la que se compromete, sin embargo, a aplicar «las medidas de control y correctoras posibles».

La participación del letrado Víctor Medina, contratado por el Ayuntamiento en representación de los grupos del Carnaval, fue providencial al conseguir que prosperara una figura jurídica: « la excepción de la cosa juzgada». A partir de ahí, el Ayuntamiento se compromete a aplicar unas medidas correctoras, «como las de 2006: orientación de los altavoces hacia el mar, corte de suministro eléctrico a las seis de la mañana a todas las concesiones municipales y vigilancia y control de los coches engalanados».

El martes 13, el día después de la resolución judicial, el Parlamento canario da un espaldarazo al Carnaval: por unanimidad, CC, PSOE y PP aprueban una proposición no de ley para modificar la ley 1/1998 sobre espectáculos públicos y actividades clasificadas. Zerolo lo interpreta como un blindaje a la fiesta chicharrera.

El pacto de Llanos

Ángel Llanos llega al Ayuntamiento de Santa Cruz y se convierte en alcalde a la sombra de Miguel Zerolo desde la potente Sociedad de Desarrollo. Había adquirido un compromiso con los vecinos cuando no era ni concejal y sabía que se jugaba su crédito en la fiesta en la calle. Desde que toma posesión, desde junio a diciembre de 2007, Llanos no se dio tregua y cambió la bronca que marcó la relación entre Zerolo y Campos, por el consenso y la conciliación de intereses, que se tradujo en un decálogo que el letrado y el primer teniente de alcalde rubricaron en el despacho contiguo al de Zerolo.

Un acuerdo que no se quedó solo en papel. A una de las vecinas afectadas directamente por el ruido se le proporcionó un alojamiento alternativo durante el Carnaval en la calle, y el propio Llanos, la concejal de Fiestas y el entonces jefe de la policía Onrubia fueron kiosco a kiosco para garantizar el cumplimiento de las medidas correctoras bajo la amenaza de que, en caso contrario, serían apercibidos. Y cerrados los kioscos si se daba un segundo incumplimiento. Así ocurrió el sábado de Carnaval con El Águila, uno de los altares de las noches de Santa Cruz en Carnaval.

El decálogo se ha mantenido hasta hoy, incorporando mejoras revisadas en la edición siguiente, la de 2009. El 5 de abril de 2011 el Parlamento canario incluye en sus artículos 50 y 51 de la Ley de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos una referencia que da patente de corso al Carnaval, pues afecta a los eventos que tengan lugar con ocasión de las fiestas populares tradicionales y declaradas de interés turístico de Canarias. Eso sí, con unas condiciones que debe cumplir cada Ayuntamiento para evitar molestias, inseguridad y riesgos para las personas. Una tabla de salvación para evitar la suspensión del Carnaval en las calles de Santa Cruz de Tenerife.