La transición ecológica requiere diálogo y reflexión para que sea verdaderamente justa

La transición ecológica es un proceso de transformación de la economía y de la sociedad hacia un modelo más sostenible, bajo en emisiones y respetuoso con los recursos naturales y la biodiversidad, tratando al mismo tiempo de mantener el bienestar social y la actividad económica. Por ello, esta transición va mucho más allá de un reto tecnológico y de las políticas públicas. Tiene, también, una destacada dimensión social, ya que implica acompañar a la ciudadanía en este proceso, generar oportunidades, y lograr que sea percibida como una ventaja competitiva y un motor de desarrollo para el territorio.

Comprender cómo percibe la sociedad estos cambios resulta fundamental para que la transformación no deje a nadie atrás. Esa es la razón de ser del Observatorio de Transición Justa (OTJ), una iniciativa impulsada por fundación Moeve y coordinada técnicamente por Red2Red para analizar la percepción social y generar conocimiento útil basado en la escucha social y en datos rigurosos. Busca, en definitiva, aportar conclusiones y evidencias para que administraciones, empresas, academia y sociedad civil puedan tomar decisiones mejor informadas.

Así, desde 2022, el Observatorio realiza cada año un estudio de la percepción de la sociedad española sobre la transición ecológica. Además, desde 2025 se realiza un análisis específico de Canarias. Una radiografía de cómo la población del archipiélago entiende, valora y se relaciona con los procesos de transformación sostenible, en un territorio especialmente expuesto a los retos climáticos y con importantes desafíos en materia energética, movilidad y gestión de recursos.

Percepción social no equivale a opinión favorable o desfavorable. Es un concepto más amplio, que permite conocer qué sabe la ciudadanía, qué le preocupa, cómo vive la transición, qué beneficios identifica, qué costes teme y qué factores condicionan su apoyo o rechazo.

El estudio 2026 se ha basado en una encuesta realizada a una muestra representativa de la población, de 3.284 personas en España, con 401 encuestas en Canarias.

La percepción social en datos

Gracias al Observatorio sabemos que el 60,9% de la población canaria considera que combatir el cambio climático debe ser una prioridad, frente al 56,1% nacional. La preocupación ambiental se acompaña de una demanda de participación: el 61% cree que la ciudadanía debe intervenir junto con las administraciones en la toma de decisiones que transformarán su entorno, ocho puntos por encima de la media estatal. La planificación energética, la implantación de infraestructuras y las medidas de adaptación requieren, por tanto, información transparente y espacios de reflexión y diálogo.

La población canaria se percibe más expuesta que la media estatal a los efectos del cambio climático. El 50,1% cree que los fenómenos meteorológicos extremos afectan o pueden afectar a su salud a corto plazo, frente al 44,1% nacional. El 44,3% considera que pueden perjudicar la movilidad y los desplazamientos, frente al 38,2% en España. En el ámbito laboral, el 29,3% piensa que pueden afectar a su trabajo, ocho puntos por encima de la media estatal.

Sin embargo, reconocer los riesgos no siempre se traduce en protección. El 59,8% de quienes declaran una afectación elevada no ha adoptado ninguna medida preventiva. Entre quienes sí actúan, destacan las mejoras en el acondicionamiento de sus viviendas frente al calor o el frío.

Empleo y beneficios ambientales y de salud, frente a las barreras económicas

El informe identifica una percepción favorable de los beneficios potenciales de la transición ecológica. El 62,4% de la población canaria considera que puede generar empleo en su entorno, frente al 56,1% nacional. Además, el 57,2% cree que puede unir a la sociedad en torno a un propósito común, frente al 50,7% en España.

El principal obstáculo es económico. El 33,1% reconoce que no puede permitirse adoptar más medidas contra el cambio climático, frente al 27,3% estatal. Esta brecha evidencia la necesidad de facilitar ayudas y alternativas asequibles para que la conciencia ambiental pueda convertirse en cambios cotidianos.

Aunque se confía menos en su capacidad para frenar los efectos climáticos, la transición se asocia a beneficios ambientales y de salud tangibles. Entre las mejoras esperadas figuran entornos urbanos más limpios (66,5%), mejor salud (65%) y menos contaminación del aire (63%), en niveles equivalentes a los estatales.

Entre las acciones individuales para hacer frente al cambio climático, el reciclaje es la práctica declarada más extendida: el 67% de los canarios encuestados afirma separar los residuos domésticos. El 30% controla el consumo de agua y energía, mientras que el 27,3% utiliza el transporte público, la bicicleta o se desplaza a pie. Las actuaciones que implican inversión o un cambio de hábitos quedan muy por detrás.

Respaldo a las renovables

El respaldo a las renovables también es elevado. La energía solar cuenta con el apoyo del 86,6% de la población canaria, y la eólica, del 84,8%, esta última seis puntos por encima de la media nacional. El impulso del hidrógeno verde es respaldado por un 69%, al tiempo que el apoyo a los biocombustibles se sitúa en el 58,5%.

Por otra parte, de entre las medidas públicas para impulsar la transición, la más respaldadas por la ciudadanía canaria son la prohibición de plásticos de un solo uso (con un grado de aceptación del 73,9%) la rehabilitación energética de viviendas (72,4%), y las campañas de sensibilización sobre consumo sostenible (70,9%).

Un debate compartido para avanzar en Canarias

La presentación del segundo informe sobre la percepción social de la transición ecológica en Canarias, celebrada recientemente en Santa Cruz de Tenerife, reunió a representantes institucionales, empresariales, académicos y de la sociedad civil para reflexionar sobre cómo avanzar hacia una transición ecológica justa y adaptada a la realidad del archipiélago.

El acto contó con la participación de Teresa Mañueco, directora de Fundación Moeve, y fue inaugurado por Mariano H. Zapata, consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, y Blanca Pérez, consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias del Cabildo de Tenerife.

Tras la exposición de los resultados a cargo de Anabel Suso, de Red2Red y coordinadora del Observatorio, una mesa de debate permitió profundizar en los principales retos. Participaron Marta Domínguez, vicerrectora de Sostenibilidad e Infraestructuras de la Universidad de La Laguna; Alejandro Molowny, director insular de Residuos del Cabildo de Tenerife; y Jesús Matilla, presidente de la Asociación Canaria de Energías Renovables. El cierre corrió a cargo de Adal García, consejero delegado de Sinpromi.

El informe deja claro que Canarias cuenta con una ciudadanía que reconoce los riesgos climáticos, aprecia las oportunidades de la transición y reclama un papel activo en su desarrollo. Convertir esa disposición en medidas accesibles, participativas y socialmente justas será determinante para que el cambio se traduzca también en bienestar, cohesión y desarrollo para el Archipiélago.

Accede al informe en la web del Observatorio de Transición Justa