Tres años de avances en justicia gratuita
Mejorar las condiciones de los profesionales del turno de oficio, una prioridad de la Consejería de Presidencia
Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria. / E.D.
Solo en 2025 se abonaron a los colegios de abogados y procuradores de Canarias más de 30 millones de euros en asistencia jurídica gratuita, incluyendo también la atención a las personas migrantes que llegan por mar a las costas y que sigue sin ser asumida por el Estado.
La Consejería de Presidencia, que dirige Nieves Lady Barreto, ha impulsado en esta legislatura una profunda reforma del sistema para dignificar el trabajo de los más de 2.300 profesionales que integran el turno de oficio y fortalecer un servicio esencial para garantizar el acceso a la justicia en condiciones de igualdad para toda la ciudadanía.
Así, el primer paso para esta transformación se dio en 2023 como respuesta a la creciente presión migratoria que afectaba especialmente a las islas de El Hierro y La Gomera. En respuesta a esta situación y a la demanda histórica del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, la Viceconsejería de Justicia aprobó abonar el coste de los billetes, así como los gastos derivados de los desplazamientos, como alojamiento, transporte y dietas, que antes costeaban los letrados.
El siguiente paso fue reforzar la organización del turno especial de extranjería mediante un acuerdo con el Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife que introdujo mecanismos de control y evaluación de la calidad del servicio. Asimismo, se autorizó de forma excepcional la posibilidad de ampliar el número de personas que pudieran ser atendidas por cada abogado en caso de llegadas masivas y, por tanto, que cada uno de esos servicios pudieran ser facturados.
Una mejora económica histórica
Mientras se atendían estas necesidades inmediatas, la Consejería de Presidencia abrió una segunda línea de trabajo orientada a resolver una de las principales reivindicaciones del colectivo y que estaba siendo objeto de distintos litigios entre las partes: abonar los recursos de apelación en materia de extranjería de modo independiente. Además, se mejoró el turno especial de extranjería con un incremento superior al 30% en sus compensaciones económicas, así como la retribución de nuevas actuaciones procesales, entre ellas determinadas apelaciones, reforzando un servicio que se ha visto especialmente afectado por la realidad de la crisis migratoria que ha atravesado Canarias.
Culminado este proceso, se abrió una tercera línea de trabajo orientada a resolver de modo definitivo las principales reivindicaciones del colectivo consistente en la actualización de los baremos de compensación económica, que llevaban desde 2008 sin revisarse, perdiendo capacidad adquisitiva.
El Gobierno de Canarias ha actualizado unas retribuciones paralizadas desde 2008 con un incremento del 30% en tres años
De este modo la consejera Nieves Lady Barreto cumplió su compromiso de revisar los módulos de compensación económica del turno de oficio para adaptar las retribuciones a la realidad económica y a las posibilidades presupuestarias de la comunidad autónoma y abrió un proceso de negociación con los colegios.
El proceso culminó en octubre de 2024 con la firma de un acuerdo histórico entre el Gobierno de Canarias y los cuatro colegios de abogados del archipiélago, que se amplió posteriormente a los colegios de procuradores. El pacto contempla un incremento del 30% en los módulos de compensación económica, distribuido en tres anualidades: un 15% en 2025, un 7% en 2026 y un 8% en 2027. Se trata de la mayor subida aplicada al turno de oficio en Canarias en los últimos años 18 años y supone un reconocimiento al papel esencial desempeñado por los profesionales de la asistencia jurídica gratuita.
Se amplían las actuaciones remuneradas y se incentivan los acuerdos extrajudiciales para reducir la litigiosidad
Además del incremento retributivo, el acuerdo incluyó diversas medidas destinadas a mejorar la calidad del servicio. Entre ellas, la puesta en marcha de programas de formación especializada para abogados del turno de oficio en ámbitos especialmente sensibles, como la atención a víctimas de violencia de género, menores víctimas de delitos sexuales, personas mayores, personas con discapacidad intelectual y víctimas de trata de seres humanos.
Mayores incentivos para reducir la litigiosidad
La entrada en vigor, el 1 de enero de 2025, de la Ley de Eficiencia Judicial impuso, en el orden civil y mercantil, la obligatoriedad de acudir a los MASC (Medios Adecuados de Solución de Controversias) propiciando el acuerdo extrajudicial.
En el marco de esta medida estatal, las Comunidades Autónomas con competencias en Justicia tienen libertad para establecer el baremo de compensación que reciben los abogados y abogadas del turno de oficio por su participación en este mecanismo, de carácter preceptivo. En este contexto, Canarias ha establecido la compensación más elevada de todo el país para alcanzar acuerdo entre las partes y evitar el proceso judicial, con el objetivo de reducir la litigiosidad y reservar la vía judicial para aquellos casos en los que no sea posible. Inicialmente, se fijó en 460 euros y con las actualizaciones previstas superará los 543 euros en 2027.
PEMA: el nuevo reto
Desde el mes de junio, el Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA) supone un nuevo reto para el turno de oficio de extranjería. La reivindicación de los profesionales que prestan asistencia letrada a las personas que solicitan asilo para reforzar las garantías del derecho a la defensa de estas personas con los medios y los recursos necesarios cuenta con el apoyo del Gobierno de Canarias.
En este sentido, al ser el asilo una competencia exclusiva de la Administración del Estado que da soporte a los órganos jurisdiccionales centrales, la consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto, ha trasladado al ministro Félix Bolaños la necesidad de actualizar y adecuar, en su caso, los módulos y bases de compensación que correspondan a este procedimiento para que lo asuma y les dé una solución satisfactoria.