El juzgado cita a declarar a los dos investigados por las oposiciones de la Policía Canaria

El Juzgado de Instrucción que investiga en Las Palmas las presuntas irregularidades en las oposiciones de la Policía Canaria ha citado a declarar el próximo 22 de octubre como investigados al expresidente del tribunal calificador, Ángel Nichel Acosta Hernández, que también está siendo investigado por un presunto caso de acoso laboral, y al director general de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública, José Manuel González Afonso. La decisión forma parte de las nuevas diligencias penales acordadas por el órgano judicial tras recibir en mayo las actuaciones remitidas por la Fiscalía, que apreció posibles indicios de prevaricación administrativa y falsedad documental.

La investigación adquiere así una dimensión excepcional al situar por primera vez un proceso selectivo de la Administración autonómica canaria en el ámbito penal.

La investigación es el primer proceso selectivo de la Administración pública en el ámbito penal

Además, ese mismo día está prevista la declaración de cinco testigos ante la magistrada titular de la Plaza 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria. Son cuatro opositores y una jefa de servicio, propuestos por la acusación particular que representa al grupo de aspirantes que interpuso la denuncia inicial ante la Fiscalía.

La Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública, en este caso no figura como investigada en el proceso judicial. Sin embargo, aseguran que como Administración colaborarán con el órgano judicial en el caso de que sea pertinente. "Tenemos el deber de colaborar con los juzgados y tribunales y cumpliremos con cualquier resolución presente o futura que se nos solicite", afirman.

Delitos investigados

El nuevo avance judicial se produce después de que el caso llegara a los tribunales el pasado mes de mayo. Entonces, la Fiscalía Provincial de Las Palmas, tras unos seis meses de investigación, remitió las actuaciones al juzgado al apreciar posibles indicios de prevaricación administrativa y falsedad documental.

El origen de la causa se encuentra en la convocatoria de 2023 para acceder al Cuerpo General de la Policía Canaria, posteriormente ampliada hasta las 141 plazas. Durante el proceso, un grupo de opositores cuestionó la actuación del tribunal calificador y, especialmente, la participación de su presidente. Los afectados sostuvieron que podía existir una causa de abstención por su actividad previa como preparador de aspirantes y plantearon su recusación, es decir, que se le apartara del proceso por dudas en su imparcialidad. No obstante, la recusación fue rechazada por la Administración.

Las denuncias llegaron después a la Fiscalía Provincial de Las Palmas, donde los opositores aportaron, según su propio relato, documentación, testimonios y una grabación relacionada con la actividad formativa que atribuían al presidente del tribunal. Tras aproximadamente seis meses de investigación, la Fiscalía decidió remitir las actuaciones al juzgado al apreciar posibles indicios de prevaricación administrativa y falsedad documental.

La decisión de Fiscalía fue la que se hizo pública el pasado mes de mayo. La novedad ahora es que el asunto ha comenzado a avanzar dentro del procedimiento judicial y el juzgado ha reclamado documentación y ha acordado analizar elementos incorporados a la causa, como la grabación aportada por los denunciantes de una clase de 70 minutos que impartió Acosta en la academia de su pareja.

"No sé si han venido otras veces conmigo. Yo les voy a transmitir desde mi punto de vista, basándome en mi experiencia en la Policía Autonómica", señala Acosta al comienzo de la grabación. En el mismo audio, también se le escucha facilitar su número de teléfono a uno de los aspirantes. Según sostiene la Fiscalía, los opositores abonaban las clases que recibían mediante Bizum.

El colectivo de afectados y, a su vez, denunciantes, compuesto por 32 personas, considera que esta nueva fase puede permitir esclarecer las circunstancias que rodearon el proceso selectivo. "Ya ha dado el primer fruto importante", aseguran. Asimismo, sostienen que la participación del presidente del tribunal debía haber sido revisada por su supuesta actividad previa como preparador. También defienden, a falta de que se dicte una sentencia sobre los acusados, que el proceso no habría garantizado los principios de igualdad, objetividad e imparcialidad que se presuponen en este tipo de procesos selectivos.

De la misma forma, los denunciantes mantienen, además, su reclamación original de que se anule la convocatoria completa y se depuren responsabilidades. "Lo que nosotros estamos planteando es la anulación de la convocatoria entera", afirman.

Los afectados reclaman que se anule la convocatoria completa y se asuman responsabilidades

Ahora serán las declaraciones de los investigados y los testigos, junto con la documentación requerida y el resto de diligencias, las que permitan al Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria determinar el alcance de los hechos denunciados.

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