Guante del Gobierno de Canarias a las dos universidades públicas: cederá más fondos si hay peticiones "realistas"

El Gobierno de Canarias lanza un guante a los rectores de las universidades públicas del Archipiélago ante la propuesta de financiación para los próximos cuatro años. Desde que se presentó en julio el nuevo contrato programa de financiación 2027-2030 —que prevé 45 millones de euros más durante los próximos cuatro años, aunque los rectores consideran que sigue siendo insuficiente y calculan un desfase de 3,5 millones de euros solo en 2027—, sus impulsores han insistido en que se trata de una propuesta abierta a negociación. Pero no ha sido hasta ahora cuando la consejera de Universidades, Ciencia y Cultura, Migdalia Machín, ha terminado de despejar las dudas sobre su alcance y ha dejado claro que el Ejecutivo está dispuesto a mover ficha: "Me consta la voluntad de los rectores de llegar a un acuerdo y el Gobierno también está dispuesto a ceder ante cuestiones realistas".

Así lo dio a conocer este miércoles en una comparecencia en comisión parlamentaria solicitada por el Grupo Nacionalista , en la que Machín insistió en que "estamos ante una negociación abierta, no existe un acuerdo cerrado y no se trata de una imposición del Gobierno". En este sentido, explicó que el objetivo es alcanzar un acuerdo, tanto con la Universidad de La Laguna (ULL) como la de Las Palmas de Gran Canaria (Ulpgc), y cerrar un documento con el que "todos nos sintamos cómodos".

Eso sí, aunque sus declaraciones abren la puerta a cambios en la propuesta, la consejera también puso límites. "Las condiciones económicas son las que son", advirtió. Machín también avanzó que el Gobierno iniciará este mismo mes de septiembre una ronda de reuniones con los rectores para tratar de acercar posturas y alcanzar un acuerdo.

Fondos insuficientes

El contrato programa de financiación prevé alcanzar en 2030 una financiación global de 326 millones, frente a los 281 millones que reciben actualmente las universidades para su funcionamiento. El acuerdo plantea un crecimiento medio anual de entre el 3,5% y el 4% durante los próximos cuatro años y busca dotar de mayor estabilidad económica a las instituciones académicas.

No obstante, las universidades reclaman 290,4 millones de euros para garantizar su sostenimiento en 2027, frente a los 286,9 millones que prevé por el Gobierno para ese primer año. De hecho, desde el año pasado llevan denunciado una pérdida de 25 millones de euros en el periodo entre 2022-2026, necesarios para afrontar los gastos estructurales.

Una financiación vinculada a objetivos

La financiación contempla un apartado para las necesidades básicas como el personal, el funcionamiento ordinario, el mantenimiento de las infraestructuras y la investigación científica. E incluye partidas vinculadas a objetivos concretos. Entre ellos, el aumento de los alumnos de formación continua y de estudiantes internacionales y la implantación de las microcredenciales y de titulaciones de grado y máster con mención dual.

Por otro lado, la reducción de la tasa de abandono y la mejora de la eficiencia serán otros de los propósitos. En el ámbito de la investigación y la transferencia, la propuesta contempla incrementar las publicaciones científicas de alto impacto, los fondos captados en convocatorias competitivas, los contratos de transferencia, la creación de empresas spin-off y los ingresos procedentes de patentes.

Por el momento, la ULL esperará a las primeras reuniones de septiembre para valorar el rumbo de las negociaciones, aunque mantiene firme su postura de que debe garantizarse, primero, una financiación básica y suficiente para cubrir el funcionamiento ordinario de la universidad y, a partir de ahí, abordar la financiación vinculada a objetivos. Una cuestión que, según la institución, no quedaba del todo clara en la primera propuesta recibida.

La ULL exige asegurar la dotación básica antes de hablar de objetivos

Discrepancias con la oposición

Se trata de una metodología que ha generado reacciones entre la oposición. La diputada de Nueva Canaria-Bloque Canarista Carmen Hernández calificó de "arriesgado y pernicioso" incluir los objetivos en la financiación estructural de las universidades. "Las universidades denuncian que han perdido unos 25 millones desde el año 2022, así que lo primero es pagar lo básico como, por ejemplo, esos 15 millones que les faltan para renovar los salarios o incluso para actualizar el IPC de los contratos de mantenimiento —agua, luz y seguridad—", apuntó.

Asimismo, insistió en que mezclar objetivos con financiación es un error. "Si lo aplicáramos, por ejemplo, al sistema sanitario, sería lo mismo que decir que para pagarles el agua y la luz a los hospitales habría que ver cuántos enfermos salvan", concretó. No obstante, Machín aclaró que "los objetivos deberán incentivar mejoras y reconocer resultados, no sustituir los recursos necesarios para el funcionamiento de las universidades".

Machín ha admitido además que la propuesta contiene un "error técnico" en las retribuciones que será corregido. La consejera también ha pedido a los grupos que no carguen "todo el peso" de la financiación sobre la comunidad autónoma y ha recordado que la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) fija en el 1% del PIB el mínimo de gasto público en educación universitaria. Al respecto, ha criticado que el Gobierno central "solo ha convocado dos reuniones".

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