Canarias denuncia que el nuevo abono único de transporte del Estado deja fuera al Archipiélago

El Gobierno de Canarias considera que el Programa de fomento del transporte público a través de un sistema de Abono Único, aprobado por el Estado, "deja fuera" al Archipiélago en las condiciones actuales. El título único permitirá utilizar un mismo abono para viajar en las distintas redes de transporte que se incorporen a este programa, con el objetivo de facilitar los desplazamientos por todo el país sin tener que comprar una tarjeta diferente. La Dirección General de Transportes y Movilidad del Ejecutivo regional ha remitido una comunicación al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para trasladar sus "dudas y preocupaciones" y reclamar que se aclare cómo podría aplicarse el programa en las Islas.

Singularidad competencial

La directora general de Transportes y Movilidad, María Fernández, sostiene que en el modelo publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) "Canarias no puede adherirse por su singularidad competencial». El Ejecutivo regional considera que este programa, tal y como está concecibido, no da cabida a la participación del Bono Residente Canario, y reclama que se determine qué papel corresponde a Canarias dentro del sistema. Fernández señala que la situación del Archipiélago presenta una especial complejidad porque las competencias en materia de transporte están distribuidas entre diferentes administraciones (Gobierno, cabildos y ayuntamientos) y es sumamente crítica con el diseño inicial de la norma: "Esta publicación preocupa mucho a Canarias porque parece que una vez más el Gobierno de España no tiene en cuenta la singularidad y la realidad canaria». Advierte con contundencia de que, tras el análisis de los técnicos autonómicos, «la Comunidad Autónoma de Canarias quedaría absolutamente expulsada del sistema de abono único».

Financiación del programa

Entre las principales cuestiones que Canarias reclama aclarar está la financiación del programa. El Gobierno autonómico quiere conocer las condiciones y mecanismos de compensación para las administraciones y operadores que participen, así como la forma en que se determinarán y liquidarán esas compensaciones. La norma deja pendiente la concreción de ese marco, una cuestión que Canarias considera esencial antes de plantear cualquier incorporación voluntaria al sistema. Fernández reclama que un programa de estas características ofrezca «certidumbre jurídica y garantías económicas» a las administraciones y operadores participantes, especialmente ante la posibilidad de que usuarios procedentes de otros territorios utilicen en Canarias títulos integrados en el Abono Único.

El Ejecutivo canario pide además aclarar cómo se distribuirían las responsabilidades entre las distintas administraciones y operadores, en aspectos como la gestión del sistema, la aplicación de las condiciones de uso, la inspección o el régimen sancionador. Fernández considera que estas cuestiones deben quedar definidas antes de avanzar en un modelo que afecta directamente a sistemas de transporte que ya están implantados y funcionan en las islas.

Territorio piloto

Canarias recuerda que ya había ofrecido al Estado su colaboración para desarrollar el Abono Único nacional. El 8 de mayo de 2025, María Fernández trasladó la disposición del Archipiélago a convertirse en territorio piloto para la implantación del Título Único nacional de transporte. La propuesta planteaba aprovechar el trabajo que ya se estaba desarrollando en las Islas, con la participación del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), para explorar la integración entre el sistema estatal y el futuro Título Único Canario, así como avanzar hacia un sistema interoperable. El Ejecutivo considera que esa experiencia permitiría aportar al proyecto nacional el trabajo tecnológico que se está desarrollando en las islas y tener en cuenta desde el principio las particularidades del transporte canario.

Falta de información

A estas reclamaciones se suma la falta de información previa sobre la publicación del programa y sus condiciones. Fernández señala que en la última Conferencia Sectorial de Transportes no se trasladó a las comunidades autónomas que el programa iba a publicarse en estos términos en el BOE ni se abordaron las condiciones concretas que recoge ahora el documento. El Gobierno canario considera que una iniciativa que afecta a los sistemas de transporte de diferentes administraciones requiere coordinación institucional y diálogo previo, especialmente cuando existen modelos de transporte y sistemas tarifarios propios ya desarrollados en distintos territorios.

Pese a las objeciones planteadas, el Ejecutivo canario mantiene su disposición a trabajar con el Ministerio para resolver las dudas y encontrar una fórmula que permita avanzar hacia la interoperabilidad de los títulos de transporte. Fernández ha insistido en que «el objetivo de facilitar la movilidad de los ciudadanos es compartido», pero ha defendido que para hacerlo realidad en Canarias es necesario tener en cuenta «su singularidad y el particular reparto de competencias existente en materia de transporte».

Esto es lo que establece el BOE

El BOE publicó este martes la orden que aprueba el Programa de fomento del transporte público a través de un sistema de Abono Único. La norma establece un sistema de reconocimiento mutuo de títulos de transporte y señala que la adhesión de las administraciones distintas de la Administración General del Estado será voluntaria.

La orden contempla la participación de las comunidades autónomas, entidades locales y entidades locales supramunicipales. Entre estas últimas incluye expresamente a diputaciones, consejos y cabildos insulares, además de otras entidades. También pueden participar consorcios y entidades públicas gestoras de transporte urbano y metropolitano.

La incorporación debe realizarse mediante convenios de adhesión, en los que se concretarán los servicios incluidos, los operadores, los títulos asociados al Abono Único, los canales de comercialización y los aspectos financieros y de compensación.

El programa establece asimismo que las autoridades de transporte que participen asumirán los compromisos derivados de su adhesión. En cuanto a los operadores, la norma contempla su participación en el reconocimiento y utilización de los títulos integrados en el sistema y establece la necesidad de adaptar los sistemas técnicos de pago, validación, registro e información.

Financiación

En materia económica, el Ministerio de Transportes proveerá una plataforma tecnológica común para armonizar la validación de los billetes y establecerá un marco de financiación y compensación económica para mitigar posibles pérdidas financieras o sobrecostes operativos de las entidades participantes, dejando la puerta abierta a incorporar a futuro el transporte marítimo de ámbito metropolitano.

Sin embargo, la propia orden deja para el desarrollo posterior la concreción de ese marco y de los mecanismos de determinación y liquidación de las compensaciones. El programa, de naturaleza meramente programática, estructura dos modalidades de abono nominativo con validez de 30 días: un abono general de tarifa única accesible para cualquier usuario, y un abono para niños y jóvenes de hasta 26 años inclusive, reservado estrictamente para personas de nacionalidad española o extranjeras con residencia legal en el país.

En cuanto a su cobertura y gestión, el sistema integra de inicio las concesiones estatales de autobús y los servicios ferroviarios de Cercanías, Rodalies y Media Distancia de Renfe (excluyendo la alta velocidad comercial con la excepción de trayectos Avant específicos).

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