Una treintena de alcaldes y exalcaldes canarios acumulan condenas firmes por su gestión

El poder tiende a corromper. Prevaricación, malversación, cohecho, fraude o delitos contra la ordenación del territorio. Una lista que conocen bien más de una treintena de alcaldes y exalcaldes canarios que desde 1978 -año en el que arrancan las autonomías con la promulgación de la Constitución Española– acumulan condenas penales firmes por hechos relacionados con el ejercicio de una función pública. Un registro que podría sumar pronto cuatro nuevos nombres.

Cuatro alcaldes y exalcaldes de los municipios de Güímar, Candelaria y Arafo (Tenerife) afrontarán en febrero de 2027 un juicio por los vertidos de aguas residuales procedentes del Polígono Industrial del Valle de Güímar. La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha fijado para el 8 de febrero el inicio de la vista, en la que se sentarán en el banquillo la alcaldesa de Candelaria, María Concepción Brito Núñez, la alcaldesa de Güímar, Carmen Luisa Castro Dorta, y los exalcaldes José Gumersindo García Trujillo, de Candelaria, y José Juan Lemes Expósito, de Arafo.

La Fiscalía solicita para cada uno cuatro años de prisión y hasta 13 años de inhabilitación por presuntos delitos contra el medio ambiente y prevaricación. El procedimiento tiene su origen en una denuncia presentada en 2017 y la instrucción concluyó que los responsables municipales habrían omitido, según el auto de procesamiento, obligaciones relacionadas con el control, tratamiento y legalización de los vertidos. La acusación pública sostiene ahora que durante años las aguas industriales y residuales fueron conducidas al mar sin la depuración y las autorizaciones exigibles.

El caso de Güímar representa un problema que no es nuevo en las corporaciones locales del Archipiélago. El mapa de las condenas firmes acumuladas durante las últimas décadas dibuja una geografía desigual, aunque con un rasgo común. La mayoría de los casos tienen detrás decisiones tomadas desde los ayuntamientos, especialmente en materia de urbanismo, contratación y gestión de fondos públicos.

Más de una decena

Tenerife es la isla que acumula un mayor número de alcaldes y exalcaldes con condenas firmes relacionadas con el ejercicio de sus responsabilidades públicas. Más de una decena. Entre los casos más conocidos figura el de Miguel Zerolo, que fue alcalde de Santa Cruz de Tenerife entre 1995 y 2011 y senador por Coalición Canaria. El Tribunal Supremo (TS) confirmó en 2019 la condena a siete años de prisión por malversación de caudales públicos y prevaricación en el caso Las Teresitas. Zerolo ingresó en prisión el 1 de abril de 2019 para cumplir la pena.

Gran Canaria ocupa el siguiente escalón del recuento. Uno de los casos más conocidos es el de Francisco Santiago Castellano, histórico alcalde de Telde durante 24 años. Fue condenado por prevaricación administrativa por haber permitido la construcción del Centro de Emergencia Social de Yrichen en una parcela que el planeamiento reservaba para otro uso. La Audiencia Provincial confirmó la pena de siete años de inhabilitación para empleo o cargo público.

Otro caso destacado en Gran Canaria –por el motivo de la sentencia–, es el de Manuel del Rosario Báez Guerra, exalcalde de Firgas, que fue condenado a seis meses de prisión y una multa de 2.160 euros por falsedad en documento oficial después de reconocer que se hizo pasar por su hijo en un examen de unas oposiciones del Gobierno de Canarias.

Lanzarote presenta también una lista extensa. La trayectoria judicial de Dimas Martín constituye por sí sola uno de los capítulos más extensos de la historia política de la isla. Fue alcalde de Teguise, presidente del Cabildo de Lanzarote y senador, entre otros cargos. El TS confirmó condenas por delitos de malversación, fraude y contra la Seguridad Social cometidos en su etapa al frente de una empresa municipal. Posteriormente, volvió a ser condenado en otras causas relacionadas con corrupción. En una de ellas, el Supremo confirmó una pena de siete años y cinco meses de prisión por asociación ilícita, cohecho continuado, malversación, fraude y prevaricación.

Varios episodios

Fuerteventura suma también varios episodios, aunque ninguno tan prolongado como el protagonizado por Domingo González Arroyo, exalcalde de La Oliva, exsenador y uno de los políticos con mayor peso histórico de la isla. Su historial judicial incluye una condena de nueve años de inhabilitación por prevaricación relacionada con la explotación de una cantera en un espacio protegido. A ello se añadió una condena por fraude fiscal que terminó con su ingreso en un centro de inserción social en 2026.

En La Gomera destaca Esteban Bethencourt Gámez, exalcalde de Valle Gran Rey y diputado autonómico de Coalición Canaria. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias lo condenó a cuatro años de prisión y diez de inhabilitación absoluta por malversación de caudales públicos. El tribunal consideró probado que cobró del Ayuntamiento cantidades en concepto de dietas y desplazamientos que no justificó, pero el TS finalmente le rebajó la pena a un año y 6 meses de prisión.

El Hierro aporta uno de los nombres más históricos del recuento de condenados. José Francisco Armas Pérez, alcalde de Valverde y parlamentario regional del PSOE, fue condenado por prevaricación por una decisión adoptada en 1983, cuando ordenó la demolición de una pasarela y una escalera en la zona del Tamaduste sin acuerdo municipal. La Audiencia Territorial le impuso seis años y un día de inhabilitación y el TS confirmó posteriormente la condena. El alcalde de Valverde se convirtió en el primer edil de la etapa democrática canaria en sumar una condena penal firme.

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