Política
El PSOE lleva a los juzgados al Gobierno de Canarias por su negativa a informar sobre los beneficiarios de ayudas por el volcán en La Palma
La diputada socialista Alicia Vanoostende deja en manos judiciales que el Ejecutivo regional no le haya trasladado la lista de los perceptores de los subsidios por la erupción del volcán Tajogaite

Un instante de la erupción volcánica en La Palma. / Andrés Gutiérrez
Efe
La diputada socialista por La Palma Alicia Vanoostende ha llevado a los tribunales la negativa del Gobierno de Canarias a facilitarle un listado de los beneficiarios de las ayudas públicas concedidas por la erupción del volcán Tajogaite después de agotar las vías parlamentarias para acceder a esta información, asegura. Vanoostende explicó este miércoles en rueda de prensa que su petición busca ejercer su función de control al Ejecutivo y afirmó que los servicios jurídicos del Parlamento respaldaron su derecho a acceder a la documentación. "Yo no he elegido este camino, sino que el Gobierno me ha llevado hasta aquí", aseguró la diputada, quien recalcó que no cuestiona "las ayudas, las cantidades pagadas ni a los beneficiarios", sino que necesita información para poder fiscalizar la gestión del Gobierno.
Según relató, inicialmente solicitó un listado de los beneficiarios y el Ejecutivo le ofreció consultar la documentación en la consejería correspondiente, una opción que Vanoostende ha rechazado porque, según señaló, necesita disponer de la información para estudiarla y trabajar con ella. La diputada apuntó que pese al criterio favorable de los servicios jurídicos y de la Mesa del Parlamento, los grupos que sustentan el Gobierno votaron posteriormente en contra de facilitarle la información en el pleno.
Protección de datos
Vanoostende defendió que la protección de datos y el acceso a la información son compatibles y negó que el recurso judicial pretenda modificar las ayudas o los derechos de los afectados. También rechazó que el PSOE haya obligado a los damnificados a personarse en el procedimiento y aseveró que fue el Gobierno de Canarias quien publicó el emplazamiento judicial.
“Si las ayudas están correctamente concedidas y todo se ha tramitado conforme a la legalidad, ¿por qué no podemos conocer la información para poder comprobarlo?”, cuestionó la diputada palmera, que considera que “el que nada teme, nada oculta”.
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