Las prestaciones sociales evitan que medio millón de canarios caiga en la pobreza

En Canarias, uno de cada cuatro vecinos (24,6%) está en situación de pobreza. Aunque se trata de una de las cifras más altas del país, el dato podría ser mucho peor si no existieran las ayudas sociales. Sin transferencias del Estado, la mitad de la población del Archipiélago –más de un millón de personas– no tendría los recursos suficientes para cubrir necesidades tan básicas como la comida o la vivienda. De hecho, según las estimaciones de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital (IMV), la pensión de jubilación o la Renta Canaria de Ciudadanía han permitido que unos 511.000 isleños escapen de esta problemática.

Para la directora general de Servicios Sociales del Gobierno regional, Elisabet Santana, los datos no solo demuestran que la pobreza se combate con garantía de ingresos, sino que también evidencian que las Islas avanzan en la senda adecuada. "Aun así, Canarias sigue teniendo un reto social enorme", reconoce.

Sin protección social, el Archipiélago y Asturias tendrían una tasa de pobreza muy similar, rondando el 48% de la población. Con las prestaciones actuales, sin embargo, los datos son muy diferentes: Asturias registra una tasa de pobreza muy inferior (15,6 %) a la de las Islas (24,6%).

La inversión estatal es "insuficiente"

La directora general señala que, en los últimos años, los fondos que el Gobierno central ha destinado a combatir la pobreza en Canarias son "insuficientes". De hecho, defiende que la inversión debería triplicarse: "En lugar de 30 millones tendrían que destinar entre 80 y 100 millones de euros".

Para cumplir con los objetivos marcados en la Agenda 2030, el territorio insular tendría que sacar de la pobreza a más de 260.000 isleños en poco más de tres años. Este plan de acción diseñado por las Naciones Unidas (ONU) plantea disminuir a la mitad la tasa Arope —el indicador que mide el número de personas en riesgo de pobreza y exclusión— que el Archipiélago presentaba en 2015. En la última década solo ha podido reducir la cifra en 110.000 personas, pasando de tener a un 38,4% de su población en la cuerda floja al actual 31,2% (una caída de 7,2 puntos porcentuales).

A esta velocidad, que se traduce en una bajada anual media de 0,7%, sería imposible cumplir con el plan propuesto por Naciones Unidas; habría que dar un acelerón sin precedentes para acortar el dato un 12% en un lustro, es decir, un 2,4% cada año. Cerca de 700.000 canarios están en riesgo de pobreza y exclusión social. Para ajustarse a las exigencias de la ONU, el Archipiélago debe sacar de esta estadística a más de 53.800 personas cada año, hasta alcanzar las 260.000 en 2030.

La Renta Canaria de Ciudadanía

En la última década, y sobre todo en los últimos cuatro años, la mejoría ha sido notable, pero "no suficiente". Al respecto, Santana subraya que siempre habrá mucho margen de mejora, ya que el fin último es que ningún hogar viva bajo el umbral de la pobreza. "La idea es generar un escudo que proteja a las familias y para ello tenemos la Renta Canaria de Ciudadanía, que no es una prestación aislada, sino un instrumento de inclusión activa, con diagnóstico, acompañamiento y un plan personalizado en coordinación con los servicios sociales municipales", apunta.

Desde la aparición del IMV, en 2019, solo cuatro gobiernos autonómicos han aumentado el alcance de su renta mínima de inserción. El ejecutivo canario, con un 58,2% más de perceptores, es uno de ellos. "No solo hemos crecido en número, también hemos aumentado un 30% la cuantía desde el inicio de la legislatura (2023); una persona sola ha pasado de recibir 565 euros mensuales a los actuales 733", argumenta.

Canarias, entre las regiones que más crecen

Estas prestaciones, apodadas de garantía de renta –o, lo que es lo mismo, el IMV y las rentas mínimas de inserción de cada región– son las que suelen alcanzar a un mayor número de personas. En el Archipiélago, en concreto, llegan al 11,3% de la población, el dato más alto de todo el país, solo por detrás de las dos ciudades autónomas.

La red EAPN, en su informe El Estado de la Pobreza 2026, coloca a las Islas entre las regiones que mejor han cuidado sus rentas mínimas de inserción. En el otro extremo, resalta dos casos "especialmente llamativos": el de Madrid (-95,9 %) y el de Castilla La Mancha (-93,0 %), dos comunidades que prácticamente han eliminado estas prestaciones.

Asimismo, la entidad advierte que, en el conjunto del país, la implantación del IMV ha ido acompañada de una reducción tanto en el número de personas beneficiarias como en el presupuesto destinado a las rentas autonómicas, un retroceso que no se ha producido en Canarias.

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