La Fiscalía y las alegaciones abortan la salida de Canarias de más de medio millar de menores migrantes

Más de medio millar de menores migrantes no acompañados que tenían previsto ser trasladados desde Canarias se quedaron finalmente en el Archipiélago. Son 541 y todos tenían el procedimiento de derivación iniciado, pero el viaje terminó frustrándose por distintos motivos. En algunos casos, los propios menores presentaron alegaciones al traslado al defender que tenían arraigo en las Islas. En otros, fue la propia Fiscalía la que decidió paralizar el procedimiento por circunstancias como la posible mayoría de edad.

El dato toma especial relevancia si se tiene en cuenta que, desde que comenzaron las derivaciones desde Canarias el año pasado, 2.273 chicos han sido trasladados a centros de otras comunidades autónomas. La lectura de los números es, en este sentido, clara: por cada cinco chicos trasladados, uno terminó quedándose en Canarias pese a tener iniciado su procedimiento de derivación. La cifra de traslados ejecutados responde a tres vías diferentes. La primera fue la protección internacional, por la que salieron 1.200 menores después de los distintos autos del Tribunal Supremo que instaron al Estado a hacerse cargo de más de un millar de menores solicitantes de asilo, en un procedimiento que abrió un frente entre el Gobierno central y el Ejecutivo canario.

A ellos se suman 364 menores derivados a través de la disposición adicional del real decreto que modificó la Ley de Extranjería. Eran niños y adolescentes que ya se encontraban en el Archipiélago antes de la declaración de la contingencia migratoria, situación a la que llegaron las Islas al triplicar su capacidad de acogida. Los 709 restantes viajaron por la 'vía exprés', reservada para los menores llegados después del 29 de agosto, cuando se declaró la contingencia y se estableció un plazo de 15 días para completar su traslado a la Península. En muchos casos, ese límite terminó superándose y el procedimiento se prolongó durante más de un mes. Un escenario que alargó la presión sobre una comunidad autónoma que ya consideraba su red de acogida saturada y sobredimensionada.

Una comunidad saturada

El proceso tampoco fue lineal para todos los menores. "Se ha escuchado a los chicos en cada uno de los pasos del proceso de derivación", explica la directora general de Protección a la Infancia y las Familias del Gobierno de Canarias, Sandra Rodríguez. En algunos casos, la postura fue cambiando con el avance del procedimiento, de modo que menores que inicialmente rechazaban marcharse acabaron aceptando el traslado, mientras que algunos de los que presentaron alegaciones terminaron manifestando que también querían irse. "Muchos de los que en un principio presentaron alegaciones terminaron por decir que sí querían irse", apunta.

Un año después del inicio de las derivaciones, el Ejecutivo hace balance de la situación de los chicos. "Jamás los hubiésemos obligado a subir a un avión", asegura Rodríguez, que defiende que en otras regiones se han podido ofrecer garantías que, dada la saturación de las Islas, no podían garantizarse aquí.

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