Los sindicatos denuncian que el Gobierno prima a otros cuerpos en el concurso de méritos de la Policía Canaria

Las convocatorias de la Administración regional para cubrir puestos en la Policía Canaria no logran escapar del foco constante de los sindicatos. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha interpuesto un recurso contra la resolución del Ejecutivo autonómico que convoca un concurso de méritos (un sistema de selección donde no se realizan exámenes teóricos o prácticos) para cubrir 50 puestos de la Policía Canaria con agentes procedentes de otros cuerpos de seguridad. El sindicato cuestiona que la Administración haya recurrido a personal externo sin acreditar previamente que esas plazas no podían cubrirse mediante los mecanismos ordinarios entre los propios agentes del cuerpo autonómico.

Yeray Artiles, representante de CSIF y funcionario de carrera perteneciente al cuerpo autonómico, sostiene que la principal objeción del sindicato es que la Administración "busque refuerzo fuera del cuerpo" sin haber comprobado antes si las plazas podían cubrirse con los propios efectivos de la Policía Canaria. "No se ha convocado. A nadie se le ha dicho que necesitábamos policías para Fuerteventura ni para Tenerife", afirma. A su juicio, la ausencia de una convocatoria interna impide conocer si había funcionarios del cuerpo interesados y capacitados para ocupar esos destinos.

La Dirección General defiende que se han realizado los informes necesarios y que la convocatoria responde a la normativa vigente.

Sin embargo, desde la Dirección General de Seguridad defienden que la convocatoria responde a la normativa vigente y que las 50 plazas están reservadas para su cobertura por personal procedente de otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el Catálogo de Puestos de Trabajo aprobado por el Decreto 213/2025, un instrumento que, según la Administración, "fue negociado y se encuentra plenamente en vigor".

Así mismo, la Administración señala, además, que la resolución se publicó con todos los informes preceptivos correspondientes, y ya previamente incluido el de los Servicios Jurídicos y el de Planificación y Presupuesto.

Procesos de dudosa legalidad

En cualquier caso, CSIF denuncia un "abuso sistemático" de la llamada "jurisprudencia sobre los aspirantes de buena fe", que protege en determinadas circunstancias a quienes obtuvieron una plaza en un proceso que posteriormente es declarado nulo, pese a no ser responsables de las irregularidades.

El CSIF advierte de un posible fraude de ley en los procedimientos para intentar favorecer a terceros.

Según la organización sindical, esta situación puede provocar que, cuando un proceso es recurrido y finalmente anulado varios años después, las personas que obtuvieron una plaza hayan consolidado mientras tanto una situación jurídica difícil de revertir. A partir de esta interpretación, CSIF advierte de un posible "fraude de ley institucionalizado" o "enchufismo diferido", al considerar que procedimientos aparentemente legales podrían utilizarse para favorecer de antemano a determinadas personas o situaciones jurídicas.

Artiles sostiene que esta práctica no se limita a la convocatoria de la Policía Canaria, sino que se está produciendo, a su juicio, en otros procesos selectivos de las administraciones públicas. El representante sindical asegura que pueden elaborarse unas bases para que "determinadas personas tengan más facilidad de acceder que otras" y que, cuando llega una eventual resolución judicial años después, esos aspirantes ya se encuentren dentro de la Administración.

En este caso, CSIF reclama que se garantice primero la carrera profesional y los mecanismos ordinarios de provisión para los agentes que ya integran la Policía Canaria antes de recurrir a funcionarios de otros cuerpos. El sindicato solicita la nulidad de la convocatoria y la suspensión cautelar de su ejecución mientras se resuelve el recurso.

Incertidumbres sobre el baremo

CSIF cuestiona también la forma en la que se han establecido los criterios para valorar a los aspirantes. El sindicato considera que algunos de los méritos incluidos en la segunda fase del concurso dejan un margen de decisión excesivo a la comisión de valoración, especialmente en el caso de la memoria y la entrevista, que concentran una parte relevante de la puntuación.

Yeray Artiles señala que entre ambos apartados se pueden obtener 8,5 puntos por la memoria y otros 8,5 por la entrevista, pero considera que las bases no concretan suficientemente cómo se distribuye esa puntuación. "No se dice en concreto cómo se dan esos puntos ni cómo se reparten", sostiene. A su juicio, los aspirantes deberían conocer de antemano los criterios con los que se determinará la puntuación para evitar que la valoración quede en manos de la comisión una vez iniciado el proceso.

CSIF considera que esta falta de concreción puede generar una desproporción en la valoración de los méritos y cuestiona que los candidatos no puedan conocer con precisión qué elementos determinarán la puntuación obtenida en estos apartados.

La Dirección General de Seguridad rechaza esta interpretación y asegura que "el baremo publicado en el BOC detalla mérito a mérito qué se valora y con qué puntuación". El departamento añade que se trata de un proceso "público, abierto y tramitado por sede electrónica".

Suscríbete para seguir leyendo