Canarias y hoteleras pactan el fin del litigio por la moratoria turística

El Gobierno de Canarias y las empresas hoteleras afectadas por la moratoria turística han alcanzado al fin un acuerdo para cerrar uno de los litigios económicos entre los sectores público y privado de mayor duración en la historia reciente de las Islas. El pacto permite abonar alrededor de la mitad de los mil millones de euros reclamados por las empresas y supone así un ‘ahorro’ cercano a los 500 millones para las arcas autonómicas. Los primeros pagos ya han comenzado a tramitarse, según fuentes próximas a la operación.

El acuerdo –con el visto bueno de la Justicia– da carpetazo a un conflicto que tiene su origen en las restricciones al crecimiento turístico aprobadas a partir de 2001, que tras sucesivos cambios normativos y procedimientos judiciales desembocaron en reclamaciones patrimoniales por esos algo más de mil millones. El pacto rebaja esa cuantía en torno al 50%, con lo que el Ejecutivo autonómico ‘se ahorra’ la mitad –aproximadamente– de las potenciales indemnizaciones y, además, evita que los pleitos se prolonguen durante más tiempo, lo que a su vez daría lugar a un aumento de los intereses y costes procesales.

Un 4% del presupuesto regional

El definitivo entendimiento entre Gobierno y hoteleras culmina la negociación promovida por el actual Gabinete regional para contener en la medida de lo posible una factura de enorme impacto potencial en las cuentas públicas. El propio presidente del Ejecutivo autonómico, Fernando Clavijo, ya admitió en el Parlamento que el Gobierno trabajaba junto con los propietarios de los establecimientos turísticos perjudicados por la moratoria para reducir por debajo de los 500 millones unas indemnizaciones que, en cualquier caso, resultan más que onerosas para las arcas del Archipiélago. No en vano, 500 millones equivalen, por ejemplo, al 4% del último presupuesto autonómico.

El origen del problema está en aquella primera moratoria que, impulsada entre 2001 y 2003 –durante el Ejecutivo presidido por Román Rodríguez–, pretendía frenar el aumento del número de plazas en alojamientos turísticos y ‘encauzar’ de este modo el desarrollo del sector mediante las Directrices de Ordenación General y del Turismo. Una intervención en el mercado en toda regla. Años después, la Ley de Medidas Urgentes de 2009 habilitó a los propietarios de determinados suelos turísticos para solicitar la reclasificación de sus terrenos como rústicos y, en consecuencia, reclamar una compensación por la pérdida de derechos urbanísticos.

Decenas de expedientes

Aquel mecanismo se transformó en decenas de expedientes. Las peticiones iniciales superaron el medio centenar y, tras años de trámites administrativos y judiciales, el conflicto quedó concentrado en 36 casos. La mayoría de los terrenos afectados se localiza en el sur de Gran Canaria y Fuerteventura, aunque también los hay en Lanzarote y Tenerife.

La controversia se enquistó y agravó porque las reclasificaciones y compensaciones no se resolvieron en los plazos previstos. Los propietarios acudieron a los tribunales, que obligaron a la Administración a tramitar y resolver los expedientes, con lo que se prolongó una disputa en la que las cantidades en juego no dejaron de crecer con el paso del tiempo hasta esos más de mil millones, de los que las empresas han terminado por perdonar alrededor de la mitad.

Proyectos a recuperar

El acuerdo supone que las empresas renuncian a poco más o menos de la mitad de las cantidades exigidas a cambio de poner fin a los procedimientos judiciales en curso y de percibir ya la otra mitad de la suma reclamada. El cierre del conflicto despeja asimismo la incertidumbre sobre proyectos que quedaron bloqueados durante años y que, en algunos casos, podrán recuperarse, aunque con costes de construcción y financiación muy superiores a los existentes cuando fueron concebidos.

Un cuarto de siglo después del origen de la controvertida moratoria, los primeros pagos a las firmas perjudicadas –entre ellas están o han estado Satocan, Dreamplace y sobre todo Lopesan– dan carpetazo a un asunto de larguísimo debate empresarial y político. La Comunidad Autónoma asume una factura relevante, pero evita el abono de 500 millones por las reclamaciones acumuladas y acaba así con una espada de Damocles que llevaba años amenazando las arcas públicas por una política turística errática.

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