El ‘decreto Canarias’ cumple un año de cambios y negociaciones cruzadas

Mañana se cumple un año desde que el presidente canario, Fernando Clavijo, plantó la semilla del decreto Canarias. En su encuentro veraniego con Pedro Sánchez planteó la idea de aprobar un decreto ley canario que incluyera todos los temas de la agenda que se habían dilatado en el tiempo por falta de mayorías en el Congreso. La confrontación y la falta de presupuestos estatales retrasaba partidas imprescindibles para las Islas –los 60 millones para el IRPF de La Palma, los 100 millones para la reconstrucción tras la erupción o los 100 millones para la atención de los menores migrantes–, por lo que el Ejecutivo autonómico inició la redacción de un texto que agrupara todas las cuestiones pactadas entre CC y PSOE para la investidura de Sánchez.

La idea era que el PP también respaldara el documento bajo el argumento de que el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, también firmó la agenda canaria tras las elecciones generales de 2023. Pero la fotografía inicial se fue complicando.

365 días después el texto ha pasado por muchas fases y su contenido ha generado más de una polémica. La semilla que plantó Clavijo –vinculada en un inicio al cumplimiento de la agenda canaria– recogió finalmente demandas de financiación al Estado que suman cerca de 3.000 millones de euros. En total, 50 medidas repartidas en 35 artículos, 12 disposiciones adicionales y tres disposiciones finales. El Gobierno de Canarias siempre defendió que la ampliación no suponía apartarse de los acuerdos de investidura y que el texto «bebe» de tres fuentes: la Agenda Canaria, el Estatuto de Autonomía y los Presupuestos Generales del Estado de 2023.

Abanico de medidas

El abanico de medidas terminó siendo mucho más amplio. El borrador incorporó financiación para vivienda protegida y educación de 0 a 3 años, mejoras en el acceso al Ingreso Mínimo Vital y recursos para la Dependencia, compensaciones por el sobrecoste sanitario y por la lejanía e insularidad, financiación adicional del Posei, medidas de apoyo a las empresas que mejoren los salarios y la financiación estatal de 1.400 plazas de la Policía Canaria. El texto incluía además demandas de carácter más institucional, como la participación de Canarias en las relaciones internacionales que afecten a las Islas, y medidas específicas para agua, energía, agricultura, turismo e investigación.

La complejidad del texto frenó la disposición inicial del Gobierno central, que optó por ir sacando adelante las promesas de la agenda canaria a cuentagotas sin dar luz verde al paquete completo de medidas propuestas por el Ejecutivo canario.

La falta de acuerdo generó tensión entre el Gobierno canario y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, quien apoyó su rechazo en la idea de que alrededor del 80% de las cuestiones incluidas en la propuesta del Ejecutivo autonómico no formaban parte del acuerdo que CC y PSOE suscribieron para la investidura de Pedro Sánchez.

El decreto también se convirtió en una batalla política dentro de Canarias. Clavijo buscó en este año el respaldo de las siete formaciones representadas en el Parlamento y posteriormente amplió la ronda de contactos a cabildos, ayuntamientos, patronales y sindicatos. Algunas aportaciones terminaron incorporándose al texto, como el convenio de diez años para financiar las infraestructuras ferroviarias de Gran Canaria y Tenerife o la presencia de representantes de Canarias en los órganos de Aena y Enaire. Pero el intento de construir un frente común canario chocó con el PSOE y Nueva Canarias, que cuestionaron el contenido del documento y lo llegaron a calificar de «carta a los Reyes Magos». El texto finalmente llegó al Parlamento de Canarias en febrero y la Cámara avaló la propuesta con los votos de los socios del Gobierno –CC, PP, ASG y AHI–.

Cambio en Hacienda

El contexto para la negociación con el Estado tampoco ha sido el idóneo. La guerra en Irán, el cambio del ministro de Hacienda y la negociación del nuevo sistema de financiación autonómica han influido en una negociación que se ha dilatado en el tiempo y que ha pasado meses enquistada. Ahora ­–en el sprint final de la legislatura– hay una pequeña luz al final del túnel, pero pequeña.

A finales del mes de julio Clavijo se reunió –tras meses de discretas negociaciones– con el nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, y acordó el desbloqueo de más de 196 millones de euros en transferencias pendientes del Estado destinadas a políticas de empleo, lucha contra la pobreza e infraestructuras estratégicas para las Islas. Además, España se comprometió a llevar un decreto específico para Canarias al primer consejo de Ministros para dar respuesta a los compromisos más urgentes vinculados a la recuperación de La Palma. Con asuntos como la bonificación del 60% del IRPF para los residentes en la Isla y una aportación de 100 millones de euros destinada a continuar impulsando la recuperación.

Menos es nada. Con el gran paquete del decreto Canarias bloqueado, al Ejecutivo canario le toca conformarse –por el momento– con pequeñas victorias y seguir negociando. Además, el Estado también ha prometido aprobar a la vuelta de las vacaciones la ampliación de la capacidad de inversión de la Comunidad Autónoma mediante una mayor flexibilidad en la utilización del superávit, lo que le permitirá a Canarias movilizar alrededor de 600 millones de euros.

Buena parte de estos avances se han producido, además, en el marco de la negociación del nuevo sistema de financiación autonómica, que Canarias ha decidido apoyar tras alcanzar un acuerdo con el Estado.

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