Canarias, entre las pocas regiones con residencia oficial para el presidente

La insularidad y la dependencia del transporte aéreo llevan a la persona que ocupa el cargo del presidente del Gobierno en Canarias a vivir con una maleta y una muda bajo el brazo. La capitalidad compartida y la condición archipelágica complican la agenda de los dirigentes de la comunidad, que en muchas ocasiones se ven obligados a dormir fuera de sus casas para poder cumplir con las responsabilidades asociadas a su cargo. Las estancias cortas se salvan con hoteles, pero el Ejecutivo canario cuenta con un as bajo la manga para cuando se trata de periodos más largos. Canarias es de las pocas comunidades autónomas que cuentan con una residencia oficial para los presidentes del Gobierno.

Desde 1994 los jefes del Ejecutivo autonómico disfrutan de un chalet de 769 metros cuadrado en la calle Camilo Saint Saens de Ciudad Jardín, en Las Palmas de Gran Canaria. Una amplia casa con jardín que en algunas legislaturas ha funcionado como residencia habitual, pero que en otras solo se ha destinado a la celebración de encuentros puntuales. Un espacio para las reuniones «más discretas». Así ha funcionado en ambos mandatos de Fernando Clavijo. La residencia se ha mantenido «viva» y en funcionamiento con un personal mínimo ­–para limpieza, mantenimiento del jardín y seguridad– y solo se ha utilizado en contadas ocasiones.

El actual presidente del Gobierno autonómico prefiere hacer noche en un hotel cuando se ve obligado a pernoctar en la capital grancanaria.

En los gobiernos anteriores de Manuel Hermoso, Román Rodríguez y Adán Martín el comedor de la vivienda acogió durante años almuerzos presidenciales con políticos, empresarios y altos cargos del Estado. También en la parcela, en el jardín trasero, Hermoso organizó numerosos almuerzos navideños con periodistas.

La mayoría de los expresidentes utilizaron la casa de manera puntual, en periodos cortos. Excepto el actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que durante el tiempo que duró su legislatura se mudó a la residencia ubicada en la capital para no tener que desplazarse desde su vivienda habitual ubicada en El Zumacal, Valleseco.

300.000 euros

Un caso curioso y polémico fue el de Paulino Rivero. El presidente de CC llegó al cargo en 2007 y decidió hacer obras en el inmueble. Los trabajos se prolongaron durante todo 2008 y parte de 2009 y obligaron al presidente a alojarse temporalmente en el Hotel Santa Catalina. El coste de aquellas noches ascendió a 11.458 euros, pero lo que más llamó la atención fue el precio de la reforma. El Gobierno de Canarias cifró en 225.691,90 euros las obras de mejora y acondicionamiento y en otros 75.594,04 euros el gasto en suministros. En total, más de 300.000 euros.

La de Las Palmas de Gran Canaria no era la única residencia vinculada al Gobierno de Canarias. Durante años hubo otra en Tenerife, conocida como el Palacete de Vistabella. La Administración autonómica adquirió el inmueble en 1987, durante el mandato de Jerónimo Saavedra, por 65 millones de pesetas, unos 391.500 euros, con la intención de convertirlo en la residencia oficial del presidente en la capital tinerfeña.

El edificio ocupa unos 700 metros cuadrados distribuidos en dos plantas y se levanta sobre una parcela de 2.715 metros cuadrados. Sin embargo, aquella residencia terminó teniendo una utilidad mucho menor de la prevista. No llegó a convertirse en la casa habitual de los presidentes del Gobierno de Canarias. José Mendoza Cabrera llegó a utilizarla durante su etapa como vicepresidente, entre 1993 y 1995, pero después dejó de emplearse de forma habitual con ese fin.

Una de las razones fue la construcción de la sede de Presidencia. En el edificio institucional de Santa Cruz de Tenerife se habilitó un apartamento para que el presidente pudiera alojarse cuando lo necesitara. Con una residencia dentro de la propia sede, el Palacete de Vistabella fue perdiendo sentido como vivienda oficial.

El Gobierno de Canarias dejó de considerar el inmueble una residencia oficial en abril de 2014, al entender que ya no era necesario para el cumplimiento de fines de interés público. Hasta entonces había seguido generando gastos de seguridad y conservación pese a que entre 2011 y 2013 ya no había tenido actividad como residencia oficial. El desenlace llegó en 2017. El Gobierno de Canarias cedió el uso al Cabildo de Tenerife para destinarlo a fines sociosanitarios. La cesión se planteó por un periodo inicial de 15 años, prorrogable en periodos de tres hasta alcanzar un máximo de 30 años.

En la sede institucional de la capital grancanaria también existe un pequeño apartamento para alojarse, aunque de dimensiones mucho más reducidas que el chalet de Ciudad Jardín

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