La Policía Canaria tendrá que repetir la promoción interna a Oficial por un error en las bases

Las actuaciones de la Administración en los procesos selectivos de la Policía Canaria se encuentran bajo la lupa de los sindicatos, que vienen cuestionando en los últimos meses la transparencia y objetividad de distintas convocatorias. El último episodio se produjo el pasado 3 de agosto, cuando la Consejería de Presidencia, tras el recurso presentado por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), declaró la nulidad de la convocatoria de promoción interna para acceder al empleo de Oficial del Cuerpo General de la Policía Canaria, después de reconocer que las bases sometidas a los informes preceptivos no coincidían con las que finalmente fueron publicadas en el Boletín Oficial de Canarias (BOC).

La propia Administración ha confirmado que el origen del problema estuvo en un "error durante la tramitación" de las bases. Según explica la Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública, se remitió "por error" al BOC uno de los borradores sobre los que se había trabajado, en lugar de la versión definitiva de las bases.

El documento fue publicado el 13 de abril, en el BOC número 70, y pasó a regir la convocatoria para el acceso mediante promoción interna al empleo de Oficial, dentro de la Escala Básica, grupo C, subgrupo C1.

El fallo salió a la luz después de que varios policías y dos organizaciones sindicales impugnaran las bases. Una vez analizados los recursos, la Dirección General comprobó que el texto publicado no era la versión definitiva que debía haberse remitido al boletín oficial. La Administración reconoce así, que los informes preceptivos se habían realizado sobre unas bases distintas de las que finalmente fueron publicadas.

La Administración reconoce su fallo

Para la CSIF, que presentó uno de los recursos, el reconocimiento de este error supone que la Administración ha terminado dando la razón a los argumentos planteados por la organización. Yeray Artiles, representante de CSIF, explica que el sindicato recurrió porque consideraba que la convocatoria "vulneraba los principios de acceso a la función pública".

Artiles cuestiona especialmente la explicación ofrecida por la Administración sobre el origen del fallo. "Tenían una parte redactada y mandaron a publicar la que no era", resume el representante sindical, que considera llamativo que un error de este tipo se produzca después de todo el proceso de revisión de unas bases antes de su publicación.

La resolución considera que esta discrepancia supone haber prescindido de trámites esenciales del procedimiento y determina la nulidad de pleno derecho de la convocatoria. El proceso tendrá que volver atrás y las bases deberán tramitarse nuevamente antes de que el Gobierno de Canarias pueda aprobar y publicar una nueva convocatoria.

Las solicitudes presentadas en la anterior conovocatoria conservarán su validez en el nuevo proceso.

La anulación no obliga a los aspirantes a comenzar de cero. Las solicitudes que ya habían sido presentadas conservarán su validez, aunque la nueva convocatoria abrirá un nuevo plazo para que las personas interesadas puedan presentar una nueva solicitud, modificar o sustituir la anterior o aportar documentación adicional.

La resolución tampoco entra a valorar las demás reclamaciones planteadas por los recurrentes. Entre ellas se encuentran las relativas al número de plazas y a los criterios establecidos para el proceso selectivo. La Administración considera que el defecto procedimental detectado es suficiente para dejar sin efecto toda la convocatoria y, por tanto, no analiza el fondo de esas cuestiones.

CSIF mantiene sus reivindicaciones de cara a la nueva convocatoria. El sindicato reclama una ampliación del número de plazas y cambios en los criterios del proceso, además de garantías sobre los principios de igualdad, mérito, capacidad, seguridad jurídica y concurrencia competitiva.

Un proceso más transparente

Una de las cuestiones que Artiles quiere que se revise es precisamente el sistema previsto para acceder a la fase de concurso. Según explica, la convocatoria contemplaba 30 plazas y establecía que solo los 30 primeros tras la prueba teórica pasaran a la siguiente fase. El representante sindical considera que esta fórmula puede dejar fuera de la valoración de méritos a agentes que hayan superado el ejercicio y que, por su antigüedad, formación u otros méritos, podrían mejorar su posición en la clasificación definitiva.

"Si la propia ley te dice que tienen que ir todos a concurso, ¿tú por qué dices que solo van los 30 primeros?", cuestiona el representante sindical. A su juicio, un agente con mayor antigüedad o más méritos podría mejorar su posición en la fase de concurso aunque no estuviera entre las primeras posiciones del examen teórico.

Los sindicatos reclaman procesos más transparentes y objetivos.

El representante sindical defiende que la nueva convocatoria debe corregir estas cuestiones y garantizar un proceso "lo más transparente y objetivo posible".

Ahora la Administración tendrá que retrotraer el procedimiento, elaborar unas nuevas bases y someterlas a los informes preceptivos antes de volver a publicarlas. El nuevo texto deberá ser el que finalmente regule el proceso de promoción interna, mientras que los aspirantes podrán conservar las solicitudes ya presentadas y disponer de un nuevo plazo para actualizarlas.

Queda por determinar cuándo se publicará la nueva convocatoria y si, además de corregir el error que ha obligado a anular la anterior, el Gobierno introducirá modificaciones en el número de plazas o en los criterios selectivos reclamados por CSIF.

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