Canarias crea un observatorio para analizar el estado de los 43 conjuntos históricos de las Islas

Canarias cuenta con 43 Bienes de Interés Cultural (BIC) catalogados como Conjuntos Históricos, repartidos por diferentes islas y municipios y considerados una parte fundamental del patrimonio cultural del Archipiélago por su valor histórico, arquitectónico, paisajístico, social e identitario. Para analizar su situación de forma permanente, el Gobierno autonómico ha creado el Observatorio de los Conjuntos Históricos de Canarias, un organismo de carácter técnico y consultivo que reunirá información sobre su estado de conservación, detectará sus principales problemas y elaborará recomendaciones para orientar las políticas públicas.

La distribución de los conjuntos históricos no es homogénea en todo el Archipiélago. La iniciativa, publicada este jueves en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), parte de una realidad especialmente concentrada en algunas islas, especialmente en las capitalinas. Tenerife concentra 27 de los 43 conjuntos históricos, lo que supone casi el 63% del total autonómico. Mientras que Gran Canaria, por su parte, concentra el 25%, con 11 espacios. De la misma manera, La Palma y Lanzarote concentran dos cada uno, y, por último, Fuerteventura con un único conjunto histórico. Por otro lado, las islas de El Hierro y La Gomera también cuentan con otros bienes de interés cultural de distintas categorías, aunque no todos tienen la consideración de conjunto histórico.

Tenerife reúne casi dos de cada tres espacios declarados BIC en Canarias y Gran Canaria uno de cada cuatro.

Entre los espacios protegidos se encuentran cascos urbanos y núcleos tradicionales como La Laguna, La Orotava, Garachico, Puerto de la Cruz, Santa Cruz de Tenerife, Arona, Icod de los Vinos o Tegueste, en Tenerife; Arucas, Gáldar, Vegueta, Triana o Teror, en Gran Canaria; o las villas históricas de Teguise o el Castillo de San Gabriel en Arrecife, en Lanzarote.

La creación del organismo llega después del I Encuentro de Conjuntos Históricos de Canarias, celebrado los días 17 y 18 de junio en Betancuria, Fuerteventura. De aquella reunión salió la denominada Declaración de Betancuria, que reclamó una mayor coordinación entre las administraciones y un espacio permanente para analizar la evolución de estos bienes y compartir soluciones.

Un informe cada año

El nuevo Observatorio tendrá entre sus principales cometidos la elaboración y aprobación de un Informe Anual sobre el Estado de los Conjuntos Históricos de Canarias. Este documento deberá recoger la evolución de los principales indicadores, las actuaciones desarrolladas, las buenas prácticas detectadas, los riesgos existentes y las recomendaciones para mejorar la gestión de estos espacios.

El Gobierno plantea así superar una visión del patrimonio centrada exclusivamente en la conservación de edificios. La orden señala que los conjuntos históricos son espacios vivos y habitados en los que debe compatibilizarse la protección patrimonial con la vivienda, la actividad económica, el turismo, la movilidad, la accesibilidad, la sostenibilidad ambiental y la adaptación al cambio climático.

El Observatorio también podrá elaborar estudios, diagnósticos, indicadores, guías y criterios técnicos comunes, además de impulsar investigaciones, formación especializada y el intercambio de experiencias entre los distintos territorios.

El Observatorio reunirá a representantes de las administraciones, las universidades y expertos del patrimonio.

El Pleno estará integrado por representantes del Gobierno de Canarias, los cabildos que cuenten con conjuntos históricos declarados BIC y los municipios, además de las dos universidades públicas, el Consejo Canario de Colegios de Arquitectos y tres personas expertas en patrimonio, arquitectura, urbanismo, ordenación del territorio, geografía, historia, arqueología o rehabilitación. También tendrá una representación específica el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, por ser el único municipio de Canarias cuyo conjunto histórico está inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Sin capacidad para imponer decisiones

El nuevo organismo tendrá, sin embargo, carácter consultivo y no decisorio. Sus estudios, informes y recomendaciones serán de carácter técnico y no vinculante, por lo que no podrá imponer actuaciones a las administraciones responsables de la gestión de estos bienes ni emitir informes preceptivos o vinculantes. Su papel será servir como órgano de análisis y asesoramiento, así como trasladar a las instituciones competentes propuestas y criterios técnicos para mejorar la protección y gestión de los conjuntos históricos.

El Observatorio se organizará en un Pleno, una Comisión Permanente y grupos de trabajo, que podrán constituirse para abordar cuestiones específicas. El Pleno deberá aprobar las líneas generales de actuación, el programa anual de trabajo y el Informe Anual sobre el Estado de los Conjuntos Históricos, mientras que la Comisión Permanente se encargará de impulsar la actividad ordinaria y coordinar los grupos de trabajo.

El Observatorio deberá constituirse en un plazo máximo de tres meses desde la entrada en vigor de la orden. Su funcionamiento se financiará con los medios personales, materiales, técnicos y presupuestarios ya disponibles en la Administración autonómica, por lo que el Gobierno establece que su creación no supondrá un incremento de las dotaciones de personal, presupuesto ni gasto público. Además, la pertenencia al órgano no dará derecho al cobro de dietas, asistencias o compensaciones económicas.

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