10.000 familias de Canarias vuelven a llamar a la puerta del Gobierno para reclamar la propiedad de sus viviendas protegidas

Hay reivindicaciones que sobreviven a los cambios de gobierno. Una de ellas es la de 10.000 familias canarias que llevan décadas viviendo en promociones de vivienda pública y reclamando que esas casas pasen a ser de su propiedad. Ahora, con el horizonte electoral cada vez más cerca -solo queda un curso político por delante-, el movimiento de afectados vuelve a poner el asunto sobre la mesa con la intención de encontrar una salida a un conflicto que arrancó, en algunos casos, hace más de 25 años y que todavía no ha terminado. Muchos de los afectados accedieron a sus viviendas a finales de los años noventa, dentro de los planes de vivienda pública de Canarias, y entre las condiciones de entrada se contemplaba la posibilidad de acceder a la propiedad una vez cumplidos determinados requisitos de antigüedad y pago. Pero ese paso nunca llegó a completarse.

La cuestión ha saltado de legislatura en legislatura sin acabar de resolverse. Durante el gobierno del pacto de las Flores -PSOE, NC, ASG y Podemos-, el entonces consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis, sacó adelante el Decreto 1/2023, de 19 de enero, que establecía las condiciones y el procedimiento para el acceso a la titularidad de determinadas viviendas de protección oficial de promoción pública. La norma, aprobada en el sprint final del cuatripartito que lideraba Ángel Víctor Torres, abría una vía definitiva que convenció a los afectados, pero nunca llegó a desarrollarse por completo a pesar de que sigue vigente. El procedimiento comenzó a desarrollarse para algunas promociones y, según los afectados, se fueron cumpliendo diferentes trámites administrativos. El proceso quedó pendiente de uno de sus últimos pasos, el pago de la parte correspondiente a Visocan para poder materializar la transmisión. Entonces llegaron las elecciones y cambió el Gobierno.

"Guardado en un cajón"

Coalición Canaria volvió al Ejecutivo autonómico tras los comicios de 2023 con Fernando Clavijo como presidente y Pablo Rodríguez asumió nuevamente responsabilidades en materia de vivienda. Las familias aseguran que el procedimiento quedó paralizado y "guardado en un cajón" desde entonces. "El argumento que defiende el Gobierno canario es que no quieren desprenderse de esas viviendas porque ello supondría reducir el patrimonio de Visocan y descapitalizar la empresa pública", explica la presidenta de la junta administradora de El Caracol, en Telde, Mabel Fernández.

La posible descapitalización de Visocan, argumento para mantener las promociones en alquiler

El portavoz socialista en el Parlamento de Canarias, que se reunió la semana pasada con las plataformas de afectados, acusa ahora al actual Ejecutivo de no aplicar una norma que sigue vigente. Franquis sostiene que el Decreto 1/2023 no ha sido derogado ni modificado y que, por tanto, continúa ofreciendo el marco jurídico para que las familias puedan acceder a la propiedad. Las organizaciones de afectados comparten esa interpretación. La presidenta de la plataforma Viviendas Sociales en Lucha, Araceli Refoyo, sitúa el origen de la reivindicación a finales de los años noventa. Según explica, cuando las familias ocuparon sus viviendas se les trasladó que, después de un determinado periodo, podrían acceder a ellas en propiedad. También recuerda que en 2002 llegaron a recibir contratos de opción a compra que posteriormente quedaron sin efecto.

La plataforma se constituyó en 2018 y desde entonces reclama que se formalicen las escrituras de unas viviendas que, según sus cálculos, en algunos casos "ya han sido pagadas con creces". Refoyo pone como ejemplo su propia situación y asegura que viviendas cuyo valor inicial rondaba los 40.000 euros han generado pagos acumulados muy superiores a esa cantidad a través de décadas de alquiler. Fernández lleva 28 años viviendo en El Caracol y actualmente paga 360 euros mensuales de alquiler. «Nosotros somos solicitantes de vivienda pública. No somos solicitantes de vivienda en alquiler», sostiene Fernández al recordar cómo se planteó originalmente la adjudicación. Según explica, en aquellas promociones se llegó a trasladar a los vecinos que, pasado determinado tiempo, se les ofrecería una opción de compra.

Cerrar el procedimiento

La empresa pública Visocan ha trasladado por escrito a los afectados que «no existe previsión alguna de ofertar la venta» de las viviendas, según las notificaciones remitidas a las distintas promociones. El Gobierno de Canarias, por su parte, no ha concretado públicamente una solución. "Quienes tengan reconocido ese derecho buscaremos la fórmula para que puedan ejercerlo" se limitaron a responder desde la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad al ser preguntados por la posición del Ejecutivo y las entidades públicas implicadas.

La plataforma Viviendas Sociales en Lucha llegó a presentar una demanda ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Después de varios años, los tribunales determinaron que aquella vía no era competente para resolver la cuestión. Posteriormente se planteó acudir a la jurisdicción civil, pero la aprobación del Decreto 1/2023 modificó el escenario. Ahora anuncian nuevos pasos judiciales. Refoyo asegura que la plataforma prepara una acción contra el Gobierno de Canarias y sitúa el próximo mes de septiembre como fecha de referencia para reactivar la ofensiva. El momento elegido no es casual. Fernández reconoce que la estrategia de los vecinos pasa ahora por aprovechar el año electoral.

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