Canarias reduce por primera vez el tiempo medio de resolución de la dependencia por debajo de los 300 días

Canarias ha logrado por primera vez desde la entrada en vigor de la Ley de Dependencia, en 2006, situar el tiempo medio de resolución de los expedientes por debajo de los 300 días. Según los datos correspondientes al pasado julio, el plazo medio desde la presentación de la solicitud hasta la resolución de la prestación se ha reducido hasta los 283 días, frente a los 782 registrados en el mismo período de 2023, lo que supone una disminución de 499 días. El dato se traduce en una reducción del 64% desde el inicio de la legislatura.

No obstante, la directora general de Dependencia de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Concepción Ramírez, aclaró este viernes que el promedio publicado por el Imserso aún arrastra expedientes antiguos. "La realidad es que cualquier persona que solicite en Canarias la ayuda a la dependencia hoy en día la tiene resuelta en un plazo de unos 89 días, un periodo muy inferior al exigido por ley, que es de 180”, aseguró.

Ahora bien, la diferencia entre el plazo medio de 283 días que publica el Imserso y los 89 días que, según la Dirección General de Dependencia, tardan actualmente en resolverse las nuevas solicitudes radica en la metodología empleada por el organismo estatal para elaborar sus estadísticas. El Imserso calcula el tiempo medio de resolución a partir de los expedientes resueltos durante el último año, por lo que el promedio sigue incorporando solicitudes tramitadas cuando la demora era muy superior. "Si en junio de 2025 tardábamos alrededor de 400 días y ahora tardamos 89, esa media sigue arrastrando los expedientes antiguos", ejemplificó la directora general.

14 expedientes pendientes

Según Ramírez, la Dirección General prevé que esa reducción quede reflejada también en las estadísticas oficiales a partir de noviembre, cuando dejen de computar la mayor parte de los expedientes resueltos antes de la agilización del sistema. La responsable del departamento sostiene que el retraso acumulado es ya residual. De hecho, afirmó que en estos momentos solo hay 14 expedientes antiguos pendientes de ser resueltos, de los cuales dos corresponden a valoraciones iniciales que todavía no han podido tramitarse y los otros 12 a solicitudes de personas a las que la Administración no ha logrado localizar, en muchos casos porque se han trasladado de domicilio.

La reducción de los plazos responde, en palabras de Ramírez, "al proceso de simplificación administrativa emprendido a lo largo de la actual legislatura". Entre las principales medidas destaca el decreto aprobado el pasado año para unificar el procedimiento de reconocimiento de la dependencia a través de un sistema monofásico, que sustituyó las dos visitas de valoración por una sola. "Eso ha traído consigo que los tiempos se reduzcan como se están reduciendo", recalcó.

No obstante, los tiempos varían entre islas, aunque en todas se sitúan ahora mismo por debajo del plazo legal de seis meses. Tal y como indicó la directora general, en El Hierro, La Gomera, Fuerteventura y Tenerife hay expedientes que se resuelven en apenas tres semanas desde la presentación de la solicitud, mientras que Gran Canaria y Lanzarote son las islas donde el proceso requiere más tiempo. En ambos casos, el plazo medio se mantiene por debajo de los tres meses.

Más actividad

La reducción de los tiempos de espera coincide con el mayor volumen de actividad registrado por el sistema de dependencia en Canarias. En la actualidad, el Archipiélago contabiliza 86.500 personas con el Programa Individual de Atención (PIA), 98.252 prestaciones y 75.800 personas con derecho reconocido que ya reciben una prestación efectiva, los registros más elevados alcanzados hasta la fecha.

La evolución desde el inicio de la legislatura refleja ese incremento de la actividad. Desde julio de 2023, el número de personas con un PIA ha pasado de 55.189 a 86.500, lo que supone 31.311 personas más que pueden acceder a una prestación. Asimismo, las ayudas han aumentado desde 48.844 hasta 98.252, casi el doble, mientras que las personas que ya reciben una prestación efectiva han pasado de 48.667 a 75.800, es decir, 27.133 personas más plenamente atendidas.

La intensidad del trabajo también se aprecia en las medias mensuales. A lo largo de la actual legislatura se han tramitado una media de 807 solicitudes, 1.001 resoluciones, 932 PIA, 1.599 prestaciones y 914 nuevas personas con derecho a prestación cada mes, un ritmo de gestión muy superior al registrado entre 2019 y 2023. Otro de los indicadores que refleja la evolución del sistema es la expansión de la teleasistencia, que alcanza ya los 14.079 usuarios, frente a los 4.528 registrados al inicio de este año, lo que supone haber triplicado la cobertura del servicio en apenas siete meses.

Pese a estos resultados, Ramírez sostiene que el principal reto pasa ahora por reducir la lista de prestaciones no efectivas, es decir, la de aquellas personas que ya tienen reconocido el grado de dependencia y el derecho a una prestación, pero que todavía no pueden acceder a ella por falta de plazas, servicios o profesionales disponibles. “¿De qué vale reconocer un derecho si después no hay un centro al que pueda ir esa persona, una empresa de ayuda a domicilio o un asistente personal?", cuestiona la directora general. "Lo importante son las personas y que ese derecho que les reconocemos se convierta en una realidad", concluyó.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas