La familia de Juana Ramos reclama que su expareja asuma el coste de la búsqueda del cuerpo

La familia de Juana Ramos, la vecina de Las Palmas de Gran Canaria que desapareció hace una década en el norte de la Isla, ha reclamado que el único sospechoso del presunto crimen, Miguel Ramos, asuma el coste de las numerosas batidas llevadas a cabo para intentar dar con su paradero. Así lo ha reflejado en el escrito de acusación presentado en el órgano judicial, en el que también exige, al igual que la Fiscalía, una condena de 17 años de cárcel por un delito de homicidio y otro contra la integridad moral. 

El documento de conclusiones provisionales recuerda que el acusado, de 57 años, mantuvo una relación sentimental durante 13 años con Juana, de 66, con periodos de convivencia intermitentes. Sin embargo, una serie de desavenencias surgidas entre ambos llevó a que en julio de 2016 acordaran residir por separado, cada uno en su propia vivienda. 

La noche del 20 de agosto de ese mismo año, la pareja se puso en contacto para volver a verse y salir juntos. Alrededor de las 22.00 horas, el investigado salió de su domicilio en Arucas para recoger a la mujer en su vivienda del barrio de La Paterna, en la capital grancanaria. 

Se le perdió el rastro en el norte de Gran Canaria

La familia mantiene que, después de recoger a la víctima, ambos se dirigieron de nuevo a Arucas y, entre ese momento y la madrugada del 21, en algún punto que se desconoce del norte de la Isla, Miguel actuó con la intención de acabar con la vida de su expareja y le causó la muerte de una manera voluntaria e imposible de determinar al no haber aparecido el cuerpo. 

El escrito niega que la mujer regresara a su domicilio o se marchara de forma voluntaria sin querer establecer contacto con su familia o su entorno. Para intentar averiguar lo ocurrido, la magistrada instructora, Auxiliadora Díaz, encargó intentos de localización, gestiones en hospitales y análisis del tráfico de llamadas y datos asociados a las líneas de teléfono del investigado y de la propia víctima. 

"Vas a encontrar, una mierda vas a encontrar tú", espetó el sospechoso tras hablar con la Policía

La acusación particular recuerda que el presunto homicida realizó un día después de la desaparición el trayecto que supuestamente realizó con la mujer junto a funcionarios de la Brigada de Homicidios. Sin embargo, el recorrido indicado no coincide con el posicionamiento de los teléfonos móviles obtenido mediante la geolocalización. El rastro se perdió, según los datos disponibles en los dispositivos, en la zona de Bañaderos. 

La familia también sostiene que faltó a la verdad en la diligencia de reconstrucción de los hechos llevada a cabo el 13 de septiembre de 2016 en cuanto a la descripción de la vestimenta que portaba. Afirmó que tenía una camiseta negra, pero las cámaras de seguridad de un establecimiento comercial al que acudió a las 19.09 horas muestran que llevaba un polo de color rojo con el cuello blanco.

Por otro lado, rechaza el escrito que la mujer regresara a su domicilio esa madrugada porque la alarma de su vivienda, que siempre conectaba antes de acostarse, no fue activada esa noche. Además, una vecina que aseguró haber estado despierta hasta las cuatro de la madrugada no oyó ningún coche pararse delante del bloque ni la vio llegar a su domicilio. 

La vivienda, el negocio de alimentación que regentaba y el vehículo de la desaparecida estaban en perfecto estado y solo faltaba la ropa y los efectos personales que se llevó ese día. "Para evitar ser descubierto y determinar cómo le arrebató la vida, Miguel se deshizo del cadáver de Juana, lo que ha producido que después de desarrollarse a lo largo de los años una intensa y amplia búsqueda, al tiempo presente, siga sin encontrarse vestigio biológico alguno de la víctima", subraya el informe. 

El escrito de acusación sostiene que acabó con su vida al no aceptar su decisión de separarse

La acusación añade que la víctima no ha realizado ninguna actividad que permita inferir que siga con vida y asegura que carece de sentido una desaparición voluntaria cuando se encargaba de atender a sus padres octogenarios y ayudaba a su hija con el cuidado de su nieto, que padece autismo. Por otro lado, plantea que el acusado no quería que se relacionara con su familia ni que tuviera amigas.

Juana reconoció a su nuera que mantenía el contacto con su expareja por una deuda económica que este le generó al traspasarle un negocio, a pesar de que él sabía que Hacienda le impondría una multa económica. Así, tuvo que hacer frente a un coste de 15.000 euros y otro de 9.000, que este le devolvía en pagos mensuales de 550 euros en efectivo. 

Su nuera, su hija y su hermana se ofrecieron a pagarle la deuda para que no tuviera que ver más al acusado, pero ella siempre se negó porque quería que quien se hiciera cargo del pago fuera él. 

Seguimiento al acusado

Dos funcionarios del grupo de Homicidios realizaron un dispositivo de vigilancia y seguimiento sobre Miguel el 26 de noviembre de 2018. En un momento dado, este se percató de su presencia y se dirigió a ellos de malas formas espetándoles: "¿Qué pasa?". Una de las agentes le respondió "que la vamos a encontrar" y este contestó "ojalá y se lo agradezco, ojalá y aparezca ahora y viva y den un golpe sobre la mesa". Tras unos minutos y al percatarse de que ya no estaba siendo observado, se registró la frase: "Vas a encontrar, una mierda vas a encontrar tú". 

"El acusado actuó así con su expareja al no aceptar la decisión exteriorizada por Juana de querer tener una vida independiente de sus criterios, ajena a sus imposiciones, molesto porque ampliaba sus relaciones sociales con nuevas amigas, habiendo ejercido sobre ella una conducta vigilante con una necesidad de control de sus contactos, visitas, temeroso de una ruptura definitiva", mantiene la familia.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas