Garzón advierte de que los juicios mediáticos condenan antes que los tribunales: "El proceso penal y sus garantías han muerto"

Los juicios mediáticos han ganado terreno en la opinión pública hasta desplazar, en muchos casos, el peso de los procesos penales. Esta fue la principal idea que defendió del exmagistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón durante la conferencia de clausura del programa académico del II Campus Internacional Ciudad de La Laguna. En su ponencia La justicia capturada. Cuando la sospecha condena, el algoritmo amplifica y la culpa de negociar, el experto en derecho sostuvo que "el proceso penal y sus garantías han muerto" y que, en su lugar, "solo sobrevive el juicio mediático".

Garzón sostuvo que la inteligencia artificial ha multiplicado exponencialmente los riesgos de los juicios paralelos. Y advirtió de que es en el entorno digital donde "la velocidad de la mentira supera la capacidad de las instituciones y de la ciudadanía para confrontarla". Por esta razón, el exjuez ha planteado la necesidad de regular las plataformas digitales y establecer responsabilidades claras para quienes desarrollan o utilizan sistemas automatizados.

Por otro lado, alertó de que la presunción de inocencia —el principio fundamental que establece que toda persona es inocente hasta que una sentencia firme demuestre lo contrario— está cada vez menos garantizada. El exmagistrado explicó que este derecho opera en dos planos: como regla de juicio, que impide condenar a alguien sin pruebas válidas, y como regla de tratamiento, que prohíbe presentar públicamente a una persona como culpable antes de que exista una resolución judicial. "Y esta segunda dimensión es la que está sistemáticamente desactivada en España", sentenció.

El proceso que debilita la presunción de inocencia

A continuación, Garzón desgranó el proceso que, a su juicio, ha provocado ese deterioro de la presunción de inocencia. En primer lugar, denunció la filtración de materiales de causas judiciales sometidas a secreto de sumario y su difusión en los medios de comunicación antes de que concluya el procedimiento. "Después, con la amplificación algorítmica, ese material acaba convirtiéndose en un relato sin contradicción, sin prueba y sin presunción de inocencia, donde solo quedan los titulares", afirmó.

El punto más preocupante, añadió, es la inversión de la carga de la prueba. "En el proceso judicial corresponde a la acusación demostrar los hechos, pero en el juicio paralelo —el mediático— se exige al investigado que pruebe no solo su inocencia, sino incluso un hecho negativo", señaló. Garzón vinculó esta situación con la proliferación de pruebas falsas generadas mediante inteligencia artificial, cuya difusión puede reforzar relatos incriminatorios antes de que exista una valoración judicial. "Y cuando no se logra, porque es imposible desmontar un hecho negativo, el silencio se lee como confirmación", subrayó.

Un juicio mediático que no admite recursos

Así, lamentó que, cuando finalmente llega la resolución judicial y se acredita que no existió delito o no hay pruebas suficientes para una condena, el daño ya está hecho. "La sentencia social se dictó hace meses y es firme porque contra ella no cabe recurso alguno", subrayó. Y añadió que, si lo hubiera, llegaría contaminado: "Por eso el proceso penal y sus garantías han muerto, solo sobrevive el juicio mediático y esa es la situación actual", afirmó.

Garzón puso como ejemplo de ese mecanismo de degradación el caso del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, investigado por presunto tráfico de influencias y otros delitos en el caso del rescate público de Plus Ultra tras la pandemia. A su juicio, este proceso permite observar con "nitidez de laboratorio" cómo se erosiona la presunción de inocencia.

El derecho como arma de desacreditación política

En este contexto, Garzón defendió la existencia de un lawfare político, jurídico, económico, financiero y mediático, que no es otra cosa que el uso de la justicia para desacreditar o perseguir a rivales políticos. Y lamentó que el derecho pueda utilizarse de esta manera. Asimismo, aseguró haber sido víctima de esta práctica en tres procedimientos simultáneos. "Uno fue instrumental, otro carecía de base jurídica y el tercero fue considerado parcial y arbitrario por el Comité de Derechos Humanos", concluyó.

No obstante, hizo especial hincapié en que esta situación de juicios paralelos no afecta exclusivamente a Zapatero o a la mujer del presidente del Gobierno de España, Begoña Gómez —investigada por presunto tráfico de influencias y malversación por supuestamente utilizar su posición para favorecer su actividad profesional en la Universidad Complutense, en cuya causa Garzón no ve indicios de delitos—, sino a toda la sociedad. Por este motivo, aunque defiende que los medios de comunicación analicen e incluso critiquen la actualidad política y judicial, exigió que se respeten los tiempos judiciales.

Regular la figura del colaborador

Garzón se refirió también al caso del exministro José Luis Ábalos para señalar que, pese a evidenciar que la justicia puede actuar contra la corrupción incluso en las más altas instituciones, también pone de manifiesto algunas carencias del sistema. En su opinión, las declaraciones de quienes colaboran con la justicia tras haber participado en una trama delictiva no siempre cuentan con una corroboración independiente suficiente y, además, pueden traducirse en importantes beneficios para el propio colaborador.

A su juicio, esto lanza un mensaje equivocado: "Quien diseña una trama corrupta puede obtener importantes beneficios si calcula adecuadamente el momento y la forma de colaborar". Ya que en España no hay un estatuto del colaborador con la justicia, un vacío normativo que atribuyó a una decisión política mantenida durante décadas.

Ante esta situación, el exmagistrado reclamó una reforma del sistema que regule por ley la figura del colaborador con la justicia, fijando plazos para aportar información, exigiendo su verificación independiente, garantizando la transparencia de los acuerdos con la Fiscalía y limitando los beneficios económicos obtenidos. Asimismo, defendió restringir la acusación popular cuando sea ejercida por partidos y organizaciones políticas en causas de corrupción. Y denunció que "el Consejo General del Poder Judicial lleva décadas siendo el tablero en el que los grandes partidos mueven sus fichas", señaló. Así, exigió modificar el sistema de nombramientos al considerar que estas medidas son necesarias para evitar la instrumentalización de la justicia y reforzar su independencia.

Clausura del II Campus Internacional Ciudad de La Laguna

El acto de clausura estuvo presidido por el concejal de Ordenación del Territorio, Vivienda y Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de La Laguna, Adolfo Cordobés; la vicerrectora de Cultura y Extensión Universitaria de la ULL, Isabel León; y la jefa del Área de Investigación y Desarrollo Empresarial de la Fundación CajaCanarias, Clara Gámez.

Durante su intervención, Cordobés resaltó el valor del campus para posicionar a La Laguna como una ciudad que piensa, debate y se abre al mundo. Además, defendió que la protección de los derechos humanos exige un compromiso cotidiano que se materializa en la vida de los barrios y las comunidades. "La democracia se sostiene en decisiones cotidianas", afirmó.

Por su parte, Isabel Karely agradeció la labor del comité organizador por su "tiempo, esmero y compromiso" y celebró la elevada participación del público. "Es esperanzador saber que hay un auditorio nutrido, curioso y ávido de recibir conocimiento autorizado de todos los especialistas que nos aportan su rica mirada en torno a temas que no podemos eludir", señaló.

Clara Gámez coincidió con Cordobés en que el campus se ha consolidado como "un proyecto al servicio de la ciudadanía", plenamente integrado en la vida social de La Laguna y convertido en un referente internacional para el intercambio de conocimiento. Asimismo, subrayó que todas las temáticas abordadas durante el encuentro compartían una misma convicción: "La necesidad de defender los derechos democráticos y de poner a las personas en el centro de la vida pública".

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