La ONU advierte en La Laguna que la pobreza extrema es un problema de derechos humanos, no de caridad

La relatora especial de Naciones Unidas, Elena Díaz, afirma que la extrema pobreza no es una cuestión de caridad sino una cuestión urgente de derechos humanos. La joven experta participó en el II Campus Internacional Ciudad de La Laguna, donde ofreció la conferencia Erradicar la pobreza: propósito esencial de la comunidad internacional en perspectiva de Derechos Humanos y defendió la necesidad de vincular la erradicación de la pobreza en la normativa sobre derechos humanos.

Elena Díaz es relatora en materia de pobreza extrema y derechos humanos y profesora de la Universidad Rey Juan Carlos y señaló que, pese a que los indicadores en España son relativamente buenos en comparación con otros estados, las cifras apuntan a que hay unos 700.000 menores en situación de pobreza.

Democracia de calidad

Aunque España goza de una democracia de calidad y un estado de derecho sólido, también hay signos de desgaste, algo que por otra parte es una tendencia universal porque la democracia "está de capa caída" en el ámbito internacional y, aunque "es duro", hay discursos que se escudan en que puede existir seguridad sin un régimen democrático.

Expertos afirman que la democracia peligra si no se tiene acceso a salud y educación

Por su parte, el panorama global es negativo con una crisis financiera en la ONU que está amenazando el sistema universal de protección y con el aumento de las presiones políticas sobre los tribunales internacionales, indicó la relatora, para quien no se podrá luchar contra la pobreza sin una auténtica democracia política y social. Al respecto, señaló que la democracia peligra si la población no tiene acceso a la salud y la educación y ha aludido a la triple vinculación entre democracia, protección de los derechos humanos y erradicación de la pobreza.

El mayor problema

Este último concepto debe ser el primer objetivo de la comunidad internacional puesto que la pobreza sigue siendo el mayor problema al que se enfrenta el mundo, advirtió Elena Díaz, quien lamentó que no es posible por ahora articular una norma que imponga la obligación de erradicar la pobreza. Y, aunque se han producido avances, no se concibe la pobreza como un ámbito específico del derecho internacional ni un apartado de los derechos humanos, sino que se afronta desde el punto de vista de las políticas de desarrollo. Pero bajo su punto de vista los estados tienen la obligación jurídica de hacer efectivos los derechos humanos para todos dando prioridad a los más vulnerables y, entre ellos, a las personas en situación de pobreza extrema.

Lo que ocurre, insistió, es que las normas actuales en materia de derechos humanos no están orientadas al reconocimiento de derechos y obligaciones en materia de pobreza y por ello las personas en esta situación no están en el foco de atención, lo que a su juicio es peligroso. "Encajar esta interacción entre pobreza y derechos humanos es algo que deberíamos decidir en los próximos años", puntualizó y alentó a reforzar la protección y el reconocimiento de determinados derechos sociales, entre ellos, los derechos a la alimentación, el agua, la vivienda y un nivel de vida adecuado.

Voluntad real

Por todo ello, Díaz exigió una voluntad "real" por parte de los estados, que deben dilucidar si las personas en situación de pobreza se encardinan en la protección de los derechos humanos o se consideran vulnerables con una protección específica. Reiteró la relatora de la ONU el vínculo "preciso y nítido" entre democracia, lucha contra la pobreza y protección de los derechos humanos pero, admitió, el debate en el plano internacional "no está ahora en esa línea".

Díaz advirtió de que erradicar la pobreza es una de las cuestiones más graves a que se enfrenta la Humanidad y es una condición imprescindible para lograr el desarrollo sostenible y proteger la dignidad humana. "La pobreza la crea el ser humano y sólo él puede erradicarla", resumió la relatora de Naciones Unidas.

Patrimonio cultural

El catedrático de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Mohammed V de Rabat, Mohamed Joudat, también participó esta semana en el II Campus Internacional Ciudad de La Laguna y defendió que la protección del patrimonio cultural debe entenderse como una herramienta para prevenir el extremismo, favorecer el diálogo entre comunidades y contribuir a la construcción de la paz. Durante su conferencia Patrimonio y bienes culturales como cuestión de seguridad internacional y derechos humanos, trasladó que el patrimonio ha dejado de concebirse únicamente como un conjunto de monumentos, obras de arte o yacimientos arqueológicos que deben conservarse y ha pasado a ocupar un lugar central en los ámbitos de la seguridad internacional y los derechos humanos.

El también presidente de la Organización Internacional para la Protección del Patrimonio sostuvo que la relación de las personas con sus lugares históricos, rituales, canciones y tradiciones contribuye a construir identidades abiertas a la diversidad y puede actuar como un elemento educativo frente a la intolerancia y la radicalización. A su juicio, quienes reciben una formación cultural profunda y aprenden a reconocer las creencias y expresiones de otras comunidades cuentan con más herramientas para respetar la diferencia y rechazar la violencia, de ahí que haya reivindicado la transmisión del patrimonio material e inmaterial como parte de las políticas de prevención del extremismo.