De 281 a 326 millones: la hoja de ruta del Gobierno de Canarias para financiar las universidades canarias e impulsar la estabilidad económica

El nuevo contrato programa de financiación para las universidades públicas canarias supondrá un incremento de 45 millones de euros durante los próximos cuatro años, hasta alcanzar en 2030 una financiación global de 326 millones frente a los 281 millones que reciben actualmente para su funcionamiento. El acuerdo, presentado por la Consejería de Universidades del Gobierno de Canarias ante los rectores de las dos universidades públicas, plantea un crecimiento medio anual de entre el 3,5% y el 4% durante los próximos cuatro años y busca dotar de mayor estabilidad económica a la Universidad de La Laguna (ULL) y a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).

Además de los 326 millones previstos para funcionamiento en 2030, la financiación pública universitaria incluye las partidas destinadas a becas y ayudas al estudio, que elevan el conjunto de recursos vinculados a universidades hasta una cifra superior. El Ejecutivo autonómico insiste en que el nuevo contrato programa pretende garantizar una financiación estable y ligada a compromisos de mejora, con el objetivo de fortalecer el papel de las universidades canarias como motores de conocimiento, investigación e innovación.

Derechos y responsabilidades

La consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, Migdalia Machín, y el viceconsejero Ciro Gutiérrez explicaron que el documento presentado a los rectores y a los consejos sociales de ambas instituciones supone "la base para empezar a trabajar" y no un texto cerrado. "No queremos que sea un documento solo del Gobierno, sino que también participen las universidades públicas, porque va a ser la herramienta para que puedan mantener esa estabilidad económica que necesitan", señaló.

El economista y catedrático Urbano Medina ha sido el encargado de redactar este nuevo documento al que ahora podrán aportar mejoras y propuestas las propias universidades, que ya están estudiando los documentos y han anunciado que se pronunciarán en los próximos días. Detalló que el nuevo modelo se estructura en dos grandes elementos: un plan financiero que deberán elaborar las universidades para el periodo 2027-2030 y un instrumento de financiación aportado por el Gobierno autonómico. "El modelo consiste básicamente en articular una serie de líneas de financiación, una serie de responsabilidades para universidades y Gobierno y una partida para gastos", explicó. El objetivo es reforzar la autonomía financiera de las universidades públicas. "Hemos detectado que han perdido recursos propios a través de una pérdida de las tasas en función de sus ingresos totales y además han dependido excesivamente de la comunidad autónoma en cuanto a su financiación. Esto le resta autonomía e independencia en la gestión", indicó.

Equilibrio y objetivos

De este modo, el nuevo contrato programa incorpora un fondo de nivelación para corregir diferencias presupuestarias entre las dos universidades públicas, además de una financiación básica destinada a cubrir los gastos de personal, los incrementos retributivos y los costes de funcionamiento. También incluye partidas vinculadas a objetivos concretos, como el aumento del número de estudiantes -una de las prioridades que se ha marcado el Ejecutivo regional-, la mejora de los resultados universitarios o el refuerzo de las infraestructuras tecnológicas.

El Ejecutivo planea un crecimiento anual del 4%, a lo que hay que sumar partidas de becas

Precisamente en este último ámbito, el Gobierno prevé una financiación complementaria vinculada también a la aportación estatal. Urbano Medina explicó que las universidades podrán acceder a fondos adicionales si cumplen determinados objetivos. La aportación autonómica alcanzaría los dos millones de euros por universidad en 2027, aumentando progresivamente hasta los 14 millones en 2030, mientras que la parte estatal dependerá de un convenio específico con el Estado.

Trabajo en equipo

El contrato programa también establece que las universidades deberán aprobar un plan financiero con sus respectivos consejos sociales, en el que definan su estrategia de futuro en aspectos como la estructura de plantilla, la organización docente o la eficiencia del gasto.

Se prevé una línea complementaria vinculada también a la aportación estatal

Este contrato programa de financiación para las universidades públicas canarias ha recorrido ya un largo camino, puesto que fue el pasado equipo de gobierno el que comenzó a trabajar en él. Ciro Gutiérrez recordó que, al llegar a la Consejería, encontraron un documento previo de financiación universitaria "que no tenía ni ficha financiera" y que, tras analizarlo con las universidades, comprobaron que "no se ajustaba a la realidad" de Canarias. A partir de ahí, se inició un proceso de trabajo conjunto con las universidades, la Consejería de Hacienda y los consejos sociales de los centros de educación superior para elaborar un modelo adaptado a las necesidades del Archipiélago. La fase inicial contó con la colaboración del catedrático Martí Parellada para analizar el modelo y, finalmente, Urbano Medina ha convertido ese trabajo en un instrumento de financiación aplicable.

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