Del terrorismo yihadista a los poderes opacos de la IA: el Campus Internacional de La Laguna analiza las amenazas que desafían la seguridad, la democracia y la dignidad humana

La lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y las redes de inmigración ilegal configuran los tres grandes desafíos del sistema judicial actual. Así lo subrayó el presidente de la Audiencia Nacional, Juan Manuel Fernández Martínez, quien inauguró este lunes 27 de julio el programa académico del II Campus Internacional Ciudad de La Laguna. Estos fenómenos, advirtió, "ponen en cuestión nuestra supervivencia como estados democráticos".

En relación con el terrorismo, destacó la evolución de esta amenaza desde las organizaciones clásicas, como ETA, presentes en los inicios de la Audiencia Nacional, que se fundó tras la instauración de la democracia, hacia un modelo globalizado y difuso. "Nos hemos tenido que adaptar a un nuevo modelo de terrorismo internacional, el yihadista, con diferentes formas de actuar", explicó y destacó la dificultad añadida que supone la radicalización individual a través de internet. Defendió que la respuesta penal debe adelantarse, pero siempre "dentro de los límites del estado de derecho", y rechazó cualquier contraposición entre seguridad y legalidad: "España es un país con un nivel muy alto de seguridad y ello se consigue sin detrimento alguno de los derechos".

Narcotráfico y migración

El narcotráfico constituye, a juicio de Fernández Martínez, otra de las principales amenazas estructurales. Durante su conferencia ofrecida en el Teatro Leal de La Laguna, alertó de que ya no se trata solo de delincuencia organizada, sino de un fenómeno con capacidad de desestabilizar instituciones. "El narcotráfico es una amenaza estructural, no es solo una actividad delictiva", afirmó y advirtió incluso del riesgo de que surjan "narcoestados en Europa", una posibilidad que "no debemos ignorar".

Especial atención dedicó el presidente de la Audiencia Nacional a la inmigración ilegal, especialmente en territorios como Canarias. El magistrado puso el foco en las mafias que operan detrás de estos flujos: "Es preciso desarticular los aparatos de captación que se desarrollan en el extranjero y que poseen ramificaciones en nuestro país". Más allá del componente delictivo, apeló a una respuesta basada en la dignidad humana, puesto que recordó que estas redes "afectan de forma gravísima a la vida y a la dignidad de miles de personas".

La Audiencia Nacional

En este escenario, defendió la necesidad de reforzar el papel de la Audiencia Nacional como órgano especializado frente al crimen organizado, ante una realidad cada vez más compleja y transnacional. "Queremos convertir a la Audiencia Nacional en el órgano judicial de referencia en España contra el crimen organizado", afirmó y concluyó reivindicando el estado de derecho como única garantía frente a estos desafíos y el papel de un poder judicial independiente para afrontarlos sin renunciar a los principios democráticos.

«Hay que convertir la Audiencia Nacional en el órgano de referencia contra el crimen organizado»

Durante esta sesión inaugural del programa académico del II Campus Internacional Ciudad de La Laguna, que se desarrollará durante toda la semana en diferentes espacios de Aguere, también intervino la exministra de Asuntos Exteriores y abogada internacional Ana Palacio, quien situó la defensa del estado de derecho ante uno de sus momentos más complejos desde el final de la Segunda Guerra Mundial. En su intervención, advirtió de que la crisis actual no se limita al interior de los estados, sino que afecta al orden internacional, a la relación entre poder y norma y al papel de Europa en un mundo cada vez más fragmentado.

Escenario internacional

"El deterioro no se juega solo en el seno de nuestros países", sino también "en el orden internacional, en la relación entre fuerza y norma, en la disputa entre libertad y seguridad y en el cuestionamiento sobre la dignidad de la persona, si esta sigue siendo el límite último del poder". Para Palacio, el estado de derecho constituye mucho más que un conjunto de procedimientos jurídicos y "no elimina el poder, sino que lo domestica y lo somete a cortapisas", afirmó. Su función esencial es garantizar que "la decisión mayoritaria no quede emancipada de los límites constitucionales, que la seguridad no absorba la libertad y que la dignidad humana no quede supeditada a la conveniencia del gobernante".

«El estado de derecho no elimina el poder, sino que lo domestica, lo somete a cortapisas»

La exministra recordó que el sistema internacional construido tras 1945 nació como respuesta a una tragedia histórica. "La Segunda Guerra Mundial dejó una enseñanza esencial: la más exquisita y fundada civilización puede quebrarse desde dentro cuando el poder se emancipa de todo límite moral". De aquella experiencia surgieron instituciones como Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la integración europea, basadas en una idea central: "La paz no podía descansar solo en el equilibrio de fuerzas. Necesitaba instituciones, previsibilidad, seguridad colectiva y una ética que pusiera límite al poder".

Transformación inevitable

En su análisis del presente europeo, señaló que el continente se enfrenta a una transformación profunda del escenario internacional. "Durante décadas nos acostumbramos a vivir dentro de un paisaje en apariencia estable de reglas, instituciones, mercados abiertos, alianzas de seguridad y cooperación. Hoy sabemos que no lo era". Palacio incidió especialmente en el desafío que supone la tecnología para el estado de derecho. A su juicio, el poder ya no reside únicamente en los gobiernos, sino también en plataformas digitales y sistemas automatizados. "La tecnología no es un sector más de la economía, es una mutación del poder" y planteó una pregunta clave: "¿Estamos entrando en una época de ciudadanos transparentes frente a poderes opacos?".

Respecto al papel de Europa, defendió que la Unión Europea debe combinar sus valores con una mayor capacidad estratégica y alertó también de la fragilidad interna de las democracias ante la polarización, la desinformación y el debilitamiento del debate público. Palacio reivindicó una defensa activa del estado de derecho y de la democracia liberal: "No es una estructura fría, es una promesa civilizatoria basada en que nadie puede disponer enteramente de la persona".

Derechos humanos a prueba

El último en intervenir durante la jornada inaugural fue el defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, quien reivindicó la necesidad de recuperar una mirada más humana sobre la política, la democracia y la convivencia en un momento marcado por la incertidumbre, la polarización y los nuevos desafíos que ponen a prueba la vigencia de los derechos humanos. El también exministro de Educación defendió que la protección de la dignidad de las personas debe situarse en el centro de la acción pública y reclamó instituciones más justas, responsables y comprometidas con quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.

Gabilondo comenzó su intervención alertando de una progresiva deshumanización de la vida pública y reclamó "otras formas de liderazgo y de estar en la vida pública". A su juicio, la complejidad del presente no puede convertirse en una excusa para renunciar al análisis y al compromiso y defendió una intervención pública basada en la responsabilidad, la educación y la ética, con instituciones capaces de "ser eficientes y justas" y de generar espacios de convivencia.

Democracia y derechos

Uno de los ejes centrales de su discurso fue la necesidad de vincular democracia y derechos humanos, puesto que, recordó, "son el fundamento de la libertad, la justicia y la paz" y constituyen "un verdadero plan universal de acción". Así pues, para Gabilondo, los derechos humanos no pueden entenderse como una declaración abstracta, sino como un compromiso cotidiano y puso especial énfasis en la obligación de proteger a quienes tienen más dificultades para ejercer plenamente sus derechos, como los niños o los mayores.

«Los derechos humanos son el fundamento de la libertad y la justicia, un verdadero plan de acción»

El exministro también alertó de los nuevos desafíos que afectan al cumplimiento de los derechos humanos, como la Inteligencia Artificial (IA), la vigilancia tecnológica, la protección de datos, la crisis climática, los desplazamientos humanos, las guerras y el debilitamiento de la confianza en las instituciones. Ante este escenario, defendió que los avances tecnológicos deben estar sometidos a principios éticos y democráticos.

Educación como defensa

La educación también ocupó un lugar central en la intervención de Gabilondo, quien la tildó de "herramienta para fortalecer la democracia", por lo que defendió que esta no debe estar solo orientada al mercado laboral, sino a formar ciudadanos capaces de participar, dialogar y convivir con la diferencia. Por último, el defensor del Pueblo apeló a recuperar una idea profunda de humanidad basada en la dignidad y la responsabilidad compartida, puesto que la defensa de los derechos pasa por una actitud activa frente a la injusticia.

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