Diez balances de tres años y tiro porque me toca

El Parlamento es -entre otras muchas cosas- un museo de sí mismo. Un museo en lo que todo lo que ocurre ocurrirá de nuevo en un futuro indeterminado. Después de mucho tiempo arrinconado como una escultura de mal gusto, la Mesa de la Cámara ha decidido a poner de nuevo en funcionamiento, quince años más tarde, un arco de seguridad que debieron utilizar los egipcios para controlar el acceso a las obras de la pirámide de Keops. Lo más desternillante es que se ha decido que están exonerados de pasar por el arco los consejeros, viceconsejeros, directores generales, jefes de prensa, asesores áulicos o terrestres, diputados, personal de confianza de los grupos parlamentarios o el personal mismo de la Cámara. Se preguntarán ustedes quiénes son electrónicamente inspeccionados entonces. Pues, como es obvio, los periodistas. Para ser más precisos los periodistas pelados, los que no disponemos de periódicos digitales, productoras de espectáculos y televisión o contratos menores o mayores con las administraciones públicas. Los pringados, vamos, ah, y los invitados, siempre y cuando no vengan acompañados por consejeros, diputados, jefes de prensa, etcétera. Es realmente curioso porque en más de treinta años de frecuentar el Parlamento canario la única persona que he visto armada en su interior -por un instante ahí estaba la pistola en la sobaquera, a un costado- fue precisamente a un diputado que también ejerció como alcalde y senador y llevaba invariablemente gafas negras y llegaba para invitar a todo el grupo parlamentario a un restaurante magnífico, El coto de Antonio. En fin. Todo correcto, todo seguro, todo tranquilo. ¿Qué es la libertad, compatriotas, sin la seguridad?

Si ayer no se reseñaron los intercambios verbales entre Fernando Clavijo y Sebastián Franquis y entre Manuel Domínguez y Nira Fierro fue porque la naturaleza -incluso la naturaleza de un cronista parlamentario- huye del vacío. A quien más afecta esta vacuidad, por supuesto, es a la oposición. Se me antoja incomprensible que jamás cambien de estrategia y utilicen siempre las mismas estratagemas retóricas. En el caso de Franquis -lo más cercano, supuestamente, a un jefe de la oposición- es el tono de un profeta herido en su sensibilidad que advierte del holocausto caníbal que se aproxima. En el caso de Fierro es, invariablemente, la iracundia frente a los males y perversiones de este mundo, que no serían posibles sin el concurso del PP y de Coalición Canaria, que son lo mismo que Vox, que es la amenaza fascista que se cierne sobre España y Canarias pero mientras los socialistas guarden un hálito de vida no lo conseguirán. Uno se queda pasmado con estas ocurrencias de Fierro, que sabe que lo que dice son tonterías, entre otras razones, porque el PSOE es una pieza básica del establishment político e institucional español. En fin. No vale la pena.

Los socialistas, intentando recrear un pequeño debate sobre el estado de la nacionalidad durante el verano, les solicitaron a todos los consejeros un balance de sus tres años de gestión. Ya puede imaginarse el peligro que corrieron las mandíbulas de los presentes. Pasa lo mismo: este tipo de preguntas es más fruto de la haraganería que de la curiosidad crítica. La oposición no acude a la Cámara a solicitar balances al Gobierno y eventualmente permitirles incluso algún lucimiento. La oposición está para formular preguntas lo más esclarecedoras, pertinentes y críticas posibles. En la Cámara - se aprecia perfectamente en los debates - se desarrollan en paralelo dos irrealidades: la del Gobierno y la de la oposición. Lo inhabitual es lo que ocurre en Canarias en los últimos meses: la irrealidad más desconectada con la vida social - con excepciones parciales, como la sanidad pública - es la de la oposición. Por eso la diputada socialista Tamara Raya es capaz de proferir en la tribuna de oradores que el Gobierno de Pedro Sánchez ha hecho muchísimo a favor de las condiciones de los trabajadores autónomos, desde esa pachorruda (y gratuita) superioridad con la que habla siempre. Si existe un sector de la economía española que perciba el Gobierno de Sánchez como un enemigo íntimo son los autónomos españoles, económica, social y fiscalmente entre los peor tratados de la UE. Pero si lo ha reconocido hasta Jordi Sevilla. Por supuesto: ninguna aportación a la política dirigida a los autónomos del consejero de Economía, Manuel Domínguez, al que Raya acusó de «no meter gol». Previsiblemente varias de sus señorías, todavía bajo los perniciosos efectos del Mundial de Fútbol, se animaron a lanzar deleznables metáforas sobre goles, porterías, penaltis, tiros por la escuadra, faltas, etcétera. La izquierda insistió mucho en la multiculturalidad de la selección española, un aspecto que sospecho que no comentarían si la selección hubiera sido eliminada en octavos de final.

Aparte de la regulación de la vivienda vacacional, donde brilló la reserva irritada de ASG que obligó a Fernando Clavijo a intervenir personalmente -con reuniones en los despachos del presidente, Domínguez, la consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto y el propio Casimiro Curbelo- y el debate sobre la gestión de la consejera de Ciencia, Universidades e Innovación, Migdalia Machín, correosa y astuta, con la socialista Yaiza López Landi, incisiva y brillante, lo más destacado, por supuesto, fue la aprobación de la nueva ley de ordenación del servicio público de comunicación audiovisual de la Comunidad autónoma. Arriba, en la tribuna de invitados, una docena de trabajadores de la RTVC, con camisetas negras, siguieron el debate. En la tribuna de prensa solo se sentaba un periodista, casualmente un servidor. En fin. Detallar la discusión resultaría algo superfluo. Para las izquierdas (el PSOE y NC) ayer fue un día muy triste para las libertades públicas en Canarias, porque el Gobierno de Clavijo se había metido la televisión pública en el bolsillo. Como la llamó su señoría Carmen Hernández, siempre tan creativa, TeleClavijo. Para que el lector sea consciente de la monstruosa vileza de la nueva normativa, establece que la figura del administrador general es prácticamente todopoderoso. A Francisco Moreno, el antecesor de César Toledo, se le autorizó discrecionalmente en dos ocasiones aumentar su capacidad de contratación, pero con Moreno -un nombramiento tan político como el de Toledo- no había problemas, porque era un hombre muy progresista, y los hombres y mujeres progresista, por su propia naturaleza, jamás actúan incorrectamente. Tampoco fueron capaces PSOE, Nueva Canarias y Podemos de designar una Junta de Control incluso la boicotearon en dos ocasiones- pero es ahora escandaloso que pueda no existir una Junta de Control. Y así más o menos todo. Aunque con medias palabras y frases indirectas, socialistas y canaristas admitieron que el proyecto legislativo que se votó ayer (y fue aprobado) era mucho mejor que el que entró, y en parte eso es fruto de la movilización y la aportación de la plantilla del ente público. No es una mala norma. Si se cumple y se hace cumplir.

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