La ley de urbanismo sale adelante sin cambios para la vivienda vacacional y Clavijo sella la paz con ASG

Sin sorpresas, la aritmética parlamentaria no falló. El Pleno del Parlamento de Canarias aprobó este miércoles la ley para agilizar la tramitación de licencias urbanísticas e impulsar la construcción de viviendas que tanto debate ha generado en las últimas semanas. La norma salió finalmente adelante -con el rechazo de PSOE y NC-bc y la abstención de Vox- manteniendo sin grandes cambios la regulación de la vivienda vacacional, un asunto que había generado cierta fricción entre los propios socios del Ejecutivo regional, pero que quedó encauzado en la misma sesión plenaria tras la intervención del presidente Fernando Clavijo.

El origen de la tensión política residía en el texto que venía del dictamen de la comisión. Allí, Agrupación Socialista Gomera (ASG) -formación que apoya al Gobierno regional que conforman CC y PP- había logrado colar una enmienda con el apoyo de la oposición para que la vivienda vacacional dejara de considerarse "actividad clasificada" y pasara a ser "actividad inocua". Sin embargo, en el último momento, Coalición Canaria (CC) presentó un voto particular que dejó fuera esta enmienda, bloqueando la modificación.

Modificaciones en el futuro

Los gomeros apoyaron la aprobación en diciembre la ley de alquiler vacacional junto a sus socios, pero lo hicieron con la condición de que en el futuro se añadieran modificaciones que protegieran a los propietarios de las islas verdes. Una cuestión que no se había abordado hasta el momento, lo que provocaba una pequeña tensión en la relación que sostiene al Ejecutivo. El presidente del Gobierno quiso ayer cerrar el debate interviniendo al final para agradecer la predisposición mostrada por ASG y AHI al diálogo y reconociendo abiertamente la "incertidumbre y zozobra" que existe en las islas menores respecto a la aplicación de la normativa vacacional.

El líder del Gobierno canario dio su palabra de que el asunto no se quedará en un cajón y fijó un calendario concreto para abordarlo. Anunció que en septiembre la Consejería de Presidencia iniciará una negociación directa con la Federación Canaria de Municipios (Fecam) para regular las actividades clasificadas en estos municipios. El objetivo, según explicó el presidente, será buscar un marco homogéneo que otorgue seguridad jurídica pero que, al mismo tiempo, sea plenamente consciente y respetuoso con la realidad económica y social de las islas verdes.

El gesto fue recogido de inmediato por los socios del Gobierno. El portavoz de ASG, Jesús Ramos Chinea, disipó cualquier sombra de crisis interna al dirigiéndose directamente al presidente. "Sabe de nuestra lealtad, puede contar con ASG. Seguiremos apoyándole y estamos de su lado", confirmó. Ramos Chinea recalcó que su propuesta no buscaba generar conflicto, sino proteger una actividad "fundamental para las islas verdes y los municipios con reto demográfico", capaz de fijar población, y apeló a seguir dialogando sin prisas sobre el asunto.

Vetos cruzados

En los mismos términos se pronunció el diputado de la Agrupación Herreña Independiente (AHI), Raúl Acosta, quien lamentó los vetos cruzados y pidió altura de miras para que las exigencias legales se adapten al territorio. "A mí me da igual que se llame clasificada o inocua, lo que quiero es que los requisitos que pongan en mi isla se puedan cumplir", argumentó Acosta, incidiendo en que la gente de las islas verdes demanda soluciones concretas y realizables.

Por parte de los grupos mayoritarios que sustentan al Gobierno, la portavoz del Grupo Popular, Luz Reverón, centró su discurso en la necesidad urgente de simplificar los trámites administrativos, recordando que actualmente la concesión de licencias en los ayuntamientos canarios tarda una media de tres a cuatro años. El nuevo texto permite, entre otras cosas, que colegios profesionales y entidades urbanísticas acreditadas emitan informes técnicos con validez jurídica con el fin de que los ayuntamientos reduzcan los tiempos de espera para conceder los permisos.

Reverón criticó la postura intransigente de la oposición asegurando que “algunos prefieren administrar los problemas en lugar de resolverlos”. En esa línea, la diputada de Coalición Canaria Socorro Beato negó que la norma suponga privatización alguna y defendió que el voto particular de su grupo buscaba dar seguridad jurídica y equilibrio a la ley.

Malestar unánime

En el bloque de la oposición, el malestar fue unánime, no solo con el contenido final, sino con el propio recorrido de la norma. Tanto el PSOE como Nueva Canarias y Vox denunciaron que el Gobierno utilizó un proyecto destinado originariamente a agilizar licencias como una ley “ómnibus” donde introducir decenas de enmiendas sobre materias que nada tenían que ver con el objeto principal del decreto.

La portavoz del Grupo Socialista, Patricia Hernández, se mostró duramente crítica con el impacto que la ley tendrá sobre la vivienda protegida, denunciando que se da cabida a figuras como la vivienda asequible incentivada con solo siete años de protección, frente a los cuarenta de la vivienda pública.

Desde Nueva Canarias, sus portavoces tildaron la norma de "perversión política" y acusaron al Ejecutivo de utilizar la emergencia habitacional como excusa para "privatizar el urbanismo" y someter la gestión del suelo al control de entidades privadas. Para los canarista, el problema real de la vivienda en las islas no reside en las licencias municipales, sino en "los treinta años de políticas de Coalición Canaria incapaces de dar respuesta a la ciudadanía".

Finalmente, desde las filas de Vox, la diputada Paula Jover afeó los giros de última hora y el uso de los votos particulares para tumbar los acuerdos que ya se habían alcanzado en la fase de comisión. Jover calificó la maniobra de "juego sucio" y aseguró que el Parlamento termina secuestrado por mayorías de Pleno que no respetan el trabajo técnico previo, devaluando la seguridad jurídica de las normas.

Suscríbete para seguir leyendo