Canarias da un paso más hacia la inclusión: Educación obligará a los profesores a formarse en diversidad y bienestar para dar clase

Formarse en diversidad y bienestar dejará de ser una opción para el profesorado de Canarias y pasará a ser un requisito para impartir clase. Al menos ese es uno de los objetivos de la futura Ley de Atención a la Diversidad y Bienestar del Alumnado en la que trabaja la Consejería de Educación. De salir adelante, ya que el texto se encuentra aún en fase de tramitación, la norma establecerá como obligatorio este tipo de formación que hasta ahora la administración estaba obligada a ofertar, pero que el profesorado no tenía la obligación de realizar.

"Con la nueva ley sí tendrán que hacerlo" anunció el consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, Poli Suárez, en el Parlamento de Canarias. Se trata de una premisa que, junto al conjunto de la norma, "supondrá un cambio profundo en la forma de entender la inclusión en las aulas". Y es que para Suárez, la diversidad debe contemplarse como una fortaleza del sistema educativo.

Las aulas enclave pasarán a ser una medida temporal

El texto también recoge la transformación de las aulas enclave. Este recurso dejará de ser una modalidad de escolarización paralela para convertirse en una medida de atención a la diversidad temporal, revisable y reversible. De este modo, el alumnado continuará escolarizado en un grupo ordinario de referencia, participando en la vida del centro junto al resto de sus compañeros y recibiendo, en función de sus necesidades individuales, la atención especializada y los apoyos específicos que precise en estas aulas.

Las aulas enclave pasarán de ser una modalidad paralela a convertirse en una medida temporal

"Las familias llevan décadas pidiendo esta medida y por fin será atendida si sale adelante la ley", destacó. Y es que Canarias lleva años entre las regiones con menor porcentaje de alumnos con necesidades educativas específicas (NEE) escolarizados en enseñanzas ordinarias. Casi uno de cada cuatro menores se queda fuera del régimen ordinario. En este sentido, la medida pondrá fin a la mala racha y favorecerá la plena inclusión de los estudiantes.

Por otro lado, la norma reconocerá el derecho de las familias a la libre elección de centro, incluidas aquellas cuyos hijos están escolarizados en un centro preferente para alumnado con discapacidad auditiva o motora, Centros de Educación Especia (CEE) o aulas enclave. "Es una petición de las familias, ya que la normativa actual indica que deben estar escolarizados en el centro más cercano a su domicilio, independientemente de la preferencia de cada núcleo familiar", señaló.

La norma también reconocerá el derecho de las familias a la libre elección de centro

Otras medidas

Entre otras medidas, el anteproyecto establecerá un nuevo modelo de informe psicopedagógico con un enfoque contextual y ecológico. El objetivo es dejar atrás un modelo centrado en las carencias del alumnado para apostar por otro que también tenga en cuenta sus necesidades y capacidades. "De este modo se podrá adaptar el entorno educativo para favorecer su aprendizaje y alcanzar el mayor nivel de éxito posible", matizó.

La norma también impulsará un futuro Plan de Bienestar Digital y recogerá el compromiso de adaptar progresivamente los centros educativos para hacerlos más accesibles, seguros e inclusivos. Además, reforzará la coordinación entre las distintas administraciones, fomentará una mayor participación de las familias y estrechará la colaboración con las entidades del tercer sector para impulsar las políticas de inclusión.

Elaboración de la ley

El origen de esta nueva ley se remonta al curso escolar 2024/2025. "Fue el primer periodo gestionado íntegramente por esta Consejería y nos pusimos manos a la obra", detalló Suárez. La intención, explicó, no era otra que la de dar relevo a una normativa obsoleta y atender las demandas y necesidades de las familias.

Según aseguró el consejero, el sistema educativo de las Islas se rige actualmente por el Decreto 25/2018, que regula la atención a la diversidad en las enseñanzas no universitarias. Sin embargo, sostiene que ese decreto nunca llegó a desarrollarse normativamente, por lo que, en la práctica, los centros educativos continúan apoyándose en una orden del 13 de diciembre de 2010 para organizar la respuesta al alumnado con necesidades específicas. "Se trata de una norma de hace 16 años, por lo que era urgente actualizar el marco normativo de atención a la diversidad", señaló.

En este contexto, la norma, cuyo borrador ha sido elaborado por la Dirección General de Ordenación de las Enseñanzas, Inclusión e Innovación, regulará todas las enseñanzas no universitarias y abordará la diversidad desde una perspectiva amplia. En este sentido, la ley no se centrará únicamente en el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) —pese a representar un punto importante y supondrá un refuerzo para los más de 5.000 alumnos escolarizados en las Islas—. Sino que reconocerá también como parte de esa diversidad las diferencias culturales, lingüísticas, sociales, familiares, religiosas o de género.

El borrador definitivo estará para final de año

Su objetivo, más allá de regular procedimientos, es establecer un marco de derechos, garantías y compromisos para el alumnado y para la Administración educativa. Por este motivo, la consejería ha contado con la orientación de federaciones insulares de AMPAS, asociaciones de familias de alumnado NEAE, colectivos de personas con discapacidad y agentes del tercer sector, entre otros. "Es una ley construida desde la escucha y el consenso, porque entendemos que solo así podremos dar respuesta a las necesidades reales de nuestro alumnado y de sus familias", añadió.

Ahora, la Consejería espera que la versión definitiva del texto esté antes de final de año. No obstante, su entrada en vigor solo se producirá de contar con el visto bueno del Parlamento de Canarias. O lo que es lo mismo, el apoyo de la oposición. "De verdad que confío en que el apoyo a esta iniciativa sea unánime", confesó Suárez.

Por su parte, el resto de grupos valoró la necesidad de la ley, pero reclamaron medidas para reducir los retrasos en las valoraciones psicopedagógicas, que en algunos casos se prolongan durante meses, y para garantizar que los apoyos educativos estén disponibles desde el inicio de cada curso.

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