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PLENO DEL PARLAMENTO DE CANARIAS

El Parlamento exige medidas para evitar que las obras públicas queden desiertas

Los grupos critican que la subida de costes y los retrasos administrativos ahuyentan a las empresas y bloquean proyectos clave

Nieves Lady Barreto, Matilde Asián y Narvay Quintero, conversan.

Nieves Lady Barreto, Matilde Asián y Narvay Quintero, conversan. / Miguel Barreto

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Andrea Saavedra

Andrea Saavedra

Las Palmas de Gran Canaria

El atasco en la ejecución de inversiones públicas y el goteo constante de licitaciones desiertas preocupan al Parlamento de Canarias. A propuesta del Grupo Mixto, la Cámara autonómica abordó esta mañana la necesidad de ajustar los pliegos de contratación pública a los precios reales de mercado para evitar que las infraestructuras queden paralizadas antes de empezar. A través de una pregunta a la consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián, el diputado de AHI, Raúl Acosta, exigió medidas a la responsable del área y advirtió del problema que supone que en las Islas hayan quedado desiertas 854 licitaciones por valor de 490 millones de euros. "Desde que se redacta un proyecto pueden transcurrir meses o años y cambian los precios del combustible, la mano de obra o el alojamiento, pero lo único que muchas veces permanece inalterado es el presupuesto", argumentó el parlamentario, quien recordó que en las islas no capitalinas el impacto es mayor.

Asián reconoció que la fase de licitación se tensa de forma acusada por la falta de concurrencia pero recordó que la normativa estatal impide "indexar" de forma general los contratos al IPC -es decir, actualizar automáticamente los precios según la inflación-, por lo que la única vía legal pasa por realizar planificaciones realistas y fundamentadas desde el origen. Para ello, aseguró Asián, la Consejería de Hacienda tiene un convenio con la Fundación CIEC que estudia los datos económicos de la construcción y los pone a disposición de las empresas que acudan a una licitación. Además, la responsable del área adelantó que la Dirección General de Patrimonio va a establecer una serie de guías para que las entidades interesadas y que se mejorará la especialización del funcionariado autonómico competente en materia de contratación. La titular de Hacienda avanzó también el encargo de un estudio técnico a la Universidad de La Laguna para medir con precisión las peculiaridades de las Islas.

5.470 millones

A pesar de los problemas de concurrencia, Asián defendió que la contratación pública del Archipiélago representa el sexto mayor volumen del Estado, con 5.470 millones de euros distribuidos en 10.000 contratos, y precisó que la tasa de licitaciones desiertas se sitúa en el 8,9%.

El resto de los grupos parlamentarios coincidió en señalar el desfase presupuestario y la rigidez de la normativa como principales escollos. Desde Nueva Canarias-Bloque Canarista, Esther González criticó la lentitud en los informes previos y la complejidad burocrática. El diputado de CC, Francisco Linares, coincidió con González y definió la Ley de Contratos del Sector Público como "insufrible". Asián admitió la excesiva carga burocrática impuesta por la legislación europea, aunque reiteró que el Gobierno mantendrá la búsqueda de mecanismos legales para adecuar los costes sin vulnerar el marco estatal.

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