El exceso de burocracia ahoga a las pymes en las licitaciones públicas de Canarias

El acceso de las pequeñas y medianas empresas (pymes) al maná que supone la contratación pública es muy limitado. Participar y resultar adjudicatario de una licitación se convierte en una quimera para negocios de menor tamaño que cuentan con una capacidad mucho más limitada para inscribirse en este tipo de procesos. Un tejido empresarial que en Canarias representa prácticamente a la totalidad, –un 99,8% de acuerdo con los datos del Directorio Central de Empresas–, que se está quedando fuera del reparto de ingresos que llega a las empresas a través de la realización de trabajos para la administración.

Esto es lo que denuncian las patronales canarias, que insisten en que si bien es una situación que no es nueva, sí que se ha agravado en los últimos años tras los cambios administrativos realizados en favor de una mayor seguridad de la contratación pública. Un refuerzo de los controles que, por otro lado, está complicando mucho que las pymes puedan acceder, incluso, a los contratos menores que sacan los ayuntamientos.

«La ley de procedimiento administrativo está terminando con las pymes y autónomos sobre todo de los municipios de fuera del área metropolitana», explica el presidente de CEOE-Tenerife, Pedro Alfonso. Detalla que antes de estas modificaciones, muchas empresas locales participaban en las contrataciones menores que realizaban los consistorios para arreglar, por ejemplo, averías de fontanería, o hacerse cargo de algunos suministros. «Ahora hay que hacer un proceso administrativo tan tedioso que ahoga a los empresarios pequeños y son las medianas y grandes las que están copando esas pequeñas licitaciones de proximidad», resume.

En el mismo sentido se expresa el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Pedro Ortega, quien señala que las patronales llevan tiempo advirtiendo de que el exceso de burocracia está estrangulando el funcionamiento de las pymes. Más si cabe en una región como Canarias, donde la inmensa mayoría de su tejido empresarial no es que sean pymes, sino que hasta un 9% de ellas no llegan ni siquiera a tener diez trabajadores y, por lo tanto, están consideradas micropymes. Si se habla de que casi cualquier proceso administrativo es complejo, «si esto lo trasladamos a una licitación la cuestión es todavía más sangrante», insiste. Procedimientos que en muchos canarios no están al alcance de aquellas empresas que tienen una menor capacidad y que, por lo tanto, son absolutamente disuasorios para que puedan presentarse a ellos.

Solo el 7% de los fondos licitados

Una situación que no es exclusiva del Archipiélago y que se traslada también al conjunto del territorio nacional, aunque en las Islas se juega con el agravante de que el peso que suponen las pymes en la estructura económica es mucho mayor. De acuerdo con los datos del Informe Anual del Banco de España, las pymes del conjunto del país apenas acceden a un 7% del volumen total de licitaciones. Unos datos que si se extrapolan a Canarias supondrían que nueve de cada diez empresas de las Islas quedan excluidas del reparto de más de 1.700 millones de euros que salieron de las administraciones el año pasado hacia las empresas para la realización de obras o la prestación de servicios.

Por lo tanto, a pesar del peso que tienen las pymes en la estructura económica de España, su participación en las licitaciones es absolutamente marginal. Según el organismo supervisor, las empresas con plantillas inferiores a 250 trabajadores optan a menos de un tercio de los concursos que se organizan a nivel estatal, autonómico y municipal. De hecho, en 2019, entre el 18% y el 34% de las grandes compañías obtuvieron al menos un contrato público, frente a solo entre el 2% y el 4% de las pequeñas y medianas empresas.

Los empresarios afirman que las pymes incluso quedan apartadas de los contratos menores municipales

El Banco de España sitúa la poca participación de las pymes en este tipo de procesos como uno de los factores que puede estar detrás del incremento del volumen de contratos que quedan desiertos. El aumento de los procesos a los que no concurre ninguna oferta es común tanto en el conjunto del Estado como a nivel autonómico. A nivel nacional el porcentaje de licitaciones que quedan desiertas pasó del 19% la pasada década al 35% en la presente, de acuerdo con los datos del organismo. Y aunque puede existir relación, las patronales sectoriales canarias siempre han apuntado a que los precios de las obras que se sacan a licitación no están alineados con los costes de las empresas, lo que favorece que ninguna empresa se llegue a presentar.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sí que ha identificado en un informe publicado recientemente algunos de los principales obstáculos que pueden limitar la concurrencia a las licitaciones públicas. El primero de ellos es la dificultad para acceder a la información, que llega incluso antes de presentar la oferta. La dispersión de las fuentes de información dificulta a muchas empresas conocer con claridad las condiciones para concurrir a una licitación pública. La CNMC lleva años advirtiendo de este problema y reclama una simplificación de los formularios, así como una mayor coordinación entre las distintas administraciones para unificar los procedimientos de acceso a los concursos.

El organismo también aborda la complejidad normativa, los requisitos desproporcionados en los pliegos y las cargas financieras como avales o retrasos en los pagos entre los condicionantes que frenan la participación de pymes en las licitaciones públicas.

A estas barreras se suman, en algunos casos, unos requisitos de solvencia que la CNMC considera desproporcionados y que terminan dejando fuera a parte del tejido empresarial, especialmente a las pequeñas y medianas empresas. Para corregir este desequilibrio, algunos expertos defienden reservar un porcentaje de los contratos públicos a las pymes, una medida con la que se busca reforzar su presencia en las licitaciones y favorecer una competencia más amplia.

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