Trajín negociador en el Parlamento para pulir la ley de vivienda vacacional de Canarias

A horas de que el Parlamento de Canarias vote el proyecto de ley para agilizar la tramitación de licencias urbanísticas y el impulso de la construcción de viviendas, la actividad política se ha intensificado alrededor de una modificación que nada tiene que ver con las licencias. Una enmienda –impulsada por Agrupación Socialista Gomera, PSOE y Nueva Canarias-Bloque Canarista y apoyada por Vox– incorporada a principios de este mes durante comisión parlamentaria para alterar un aspecto esencial de la ley de alquiler vacacional, ha abierto un nuevo frente entre los grupos. Ha provocado una ronda de contactos in extremis para intentar modificar el sentido de la votación final que tendrá lugar en el pleno de este miércoles.

El foco está puesto en una enmienda transaccional que modifica la consideración de la vivienda vacacional para que pase de «actividad clasificada» a «actividad inocua». El cambio suprime ese régimen para determinados propietarios y modifica uno de los pilares más restrictivos de la norma. Los gomeros impulsaron el cambio con la idea de que sirva para proteger a los pequeños propietarios que, sobre todo en las Islas Verdes, utilizan esas rentas complementarias para vivir.

Requisitos reglamentarios

La iniciativa fue incorporada al dictamen y parecía que el trámite parlamentario culminaría en su aprobación, pero Coalición Canaria registró el pasado lunes un voto particular para excluir esa modificación del texto. ASG movió ficha y presentó un recurso contra la admisión al entender que incumplía determinados requisitos reglamentarios. Sin embargo, la Mesa del Parlamento –apoyándose en el criterio de los servicios jurídicos– rechazó esa impugnación y confirmó que la iniciativa podrá votarse durante el pleno. Y si consigue mayoría, tumbará la enmienda.

Un escenario que, a día de hoy, parece el más probable si se atiende a la actual aritmética parlamentaria. Coalición Canaria, PP y el Grupo Mixto (AHI) suman 35 escaños, a uno de la mayoría absoluta. La clave volvería a estar en la diputada no adscrita Marta Gómez, elegida en su día por Vox, cuyo voto permitiría alcanzar los 36 apoyos necesarios y dejar en minoría a PSOE, Nueva Canarias, ASG y Vox, que reúnen 34 diputados.

El movimiento de CC ha alterado el escenario que parecía dibujarse tras la comisión y ha abierto una negociación que continúa activa. Fuentes de Coalición reconocen que «todo estará abierto» hasta el mismo momento de la votación y aseguran que aprovecharán los últimos días para acercar posiciones, especialmente con ASG.

Respaldo a la ley

La formación gomera respaldó la ley de vivienda vacacional el pasado diciembre tras pactar con el Gobierno que algunos de sus aspectos podrían revisarse durante su desarrollo, entre ellos la situación de los pequeños propietarios. Por ello, el intento de retirar ahora una de las modificaciones no ha sido bien recibido en el partido de Casimiro Curbelo.

Los gomeros no dan la batalla por perdida. El diputado Jesús Ramos Chinea asegura que el grupo mantiene abiertas conversaciones con todas las formaciones para intentar preservar una modificación que considera «esencial» para miles de pequeños propietarios. El diputado insiste en que seguirán trabajando «hasta el pleno» para tratar de hacer entender la importancia de una medida que, a su juicio, protege a numerosas familias.

Aunque Ramos Chinea reconoce que la actual aritmética parlamentaria complica el futuro de la enmienda, insiste en que su formación mantendrá abiertas todas las vías de diálogo hasta el último momento e incluso se muestra dispuesto a estudiar otras alternativas que permitan en el futuro alcanzar el mismo objetivo.

La visión es muy distinta entre los partidos de la oposición. La diputada de Nueva Canarias-Bloque Canarista, Esther González, considera que el resultado está prácticamente decidido. «El voto particular saldrá adelante seguro», lamenta la parlamentaria, quien critica, además, el procedimiento empleado para intentar retirar una modificación ya incorporada al dictamen. «Esto no había pasado nunca. Nunca se había utilizado un voto particular para excluir del texto una enmienda ya aprobada en comisión», asegura.

Mayores exigencias

Más allá del enfrentamiento político, el debate gira en torno a uno de los aspectos más sensibles de la ley de vivienda vacacional. La enmienda elimina la consideración de «actividad clasificada» para las viviendas ya existentes que pretendan consolidar su actividad. La consideración de actividad clasificada implica mayores exigencias en materia de ruidos, salubridad, seguridad y tramitación administrativa. Los promotores de la enmienda sostienen que ese cambio evita imponer nuevas cargas administrativas a quienes ya desarrollaban legalmente esta actividad antes de la entrada en vigor de la norma.

El vicepresidente y asesor jurídico de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav), Javier Valentín Peñate, considera que la modificación aporta mayor seguridad jurídica y evita exigir a miles de propietarios un procedimiento administrativo que, según defiende, nunca estuvo pensado para este tipo de viviendas. A su juicio, la normativa vigente obliga a muchos pequeños propietarios a afrontar un trámite propio de actividades con un impacto muy superior, lo que podría impedir la continuidad de buena parte de quienes ya ejercían la actividad antes de diciembre de 2025.

Valentín rechaza, además, la idea de que eliminar ese requisito suponga reducir el control administrativo sobre la vivienda vacacional. Según explica, los cabildos seguirían manteniendo sus competencias para comprobar el cumplimiento de la normativa y los ayuntamientos conservarían igualmente sus facultades en materia urbanística cuando detecten posibles incumplimientos.

Desde la asociación consideran que el verdadero problema reside en la inseguridad jurídica que genera una norma que apenas seis meses después de su entrada en vigor ya está siendo objeto de modificaciones de calado. El pleno decidirá el miércoles

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