Lucas Pérez, doctor en Derecho: "La falta de transparencia del pacto migratorio ha quedado patente desde el principio"

Uno de los aspectos que genera dudas en Canarias es la figura de los defensores de los menores migrantes no acompañados. El Estado ha planteado que puedan ser abogados de oficio. ¿Ofrece las garantías suficientes para proteger el interés superior del menor?

El pacto no define quién debe ser el defensor del menor. Deberían ser figuras específicamente centradas en la protección de los menores, profesionales especializados. Un defensor del menor tiene que velar por él en todos los ámbitos: en la determinación de la edad, en la educación, en la sanidad, en la gestión de sus necesidades, en la tutela... Cuando leí el pacto no pensé en absoluto que esa función fuera a recaer en los abogados de oficio. No creo que sea la figura idónea. El pacto ha cogido a los Estados sin tener los sistemas preparados.

Diversas organizaciones han denunciado falta de transparencia en su aplicación, especialmente en cuestiones como los procedimientos fronterizos o las devoluciones

Desde el principio del proceso de implantación del pacto, esa falta de transparencia ha quedado patente. Los Estados debían publicar un plan de implementación y, por ejemplo, el de España apenas tiene tres páginas, con planteamientos muy genéricos que difícilmente pueden considerarse un plan de implantación. En otros Estados, esos planes ni siquiera se han publicado. En la práctica se está comprobando que no existe una determinación clara sobre cómo aplicar muchas de las medidas que recoge el pacto. Por otro lado, el texto establece que las entidades de protección pueden participar en la protección de los menores, pero no obliga a los Estados a que estas entidades desempeñen un papel decisivo. Debería haber sido mucho más contundente.

"Los Estados están obligados a ser muy transparentes con la situación de la vida de las personas"

En El Hierro hemos visto recientemente un grupo de jóvenes cuya situación ha reabierto el debate sobre las deportaciones

Los Estados están obligados a ser muy transparentes con la situación de la vida de las personas y mucho más cuando son menores.

Se han podido reunir con expertos de otros países europeos, ¿cuáles son las preocupaciones?

La falta de transparencia y de una colaboración efectiva entre las administraciones públicas. A ello se suman las dudas sobre el funcionamiento de los propios sistemas, la identificación de los menores, la toma de datos o los procedimientos acelerados en frontera. Esa opacidad genera preocupación en distintos países de la Unión Europea sobre cómo se aplicará realmente el pacto, especialmente en el caso de los colectivos más vulnerables. En algunos casos, como el de quienes proceden de países considerados seguros, el pacto prevé un procedimiento acelerado que, en teoría, debería resolverse en un máximo de 12 semanas. En la actualidad los procedimientos de protección internacional suelen prolongarse durante más de un año y, en el mejor de los casos, alrededor de seis meses.

¿Qué impacto puede tener el pacto en las rutas entre África occidental y Europa?

Aunque el pacto no regula la migración circular, esta también se verá afectada por su aplicación. Entendemos que tendrá un impacto, ya que se trata de un texto muy restrictivo en la gestión de los derechos. Una de sus posibles finalidades es limitar las formas de llegada a Europa. Las migraciones no van a desaparecer. Los migrantes seguirán intentando llegar y, como consecuencia, las situaciones de vulnerabilidad pueden agravarse. El pacto tendrá un impacto sobre los flujos migratorios, pero no necesariamente para reducirlos, sino para hacerlos aún más peligrosos.

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