El PSOE plantea frenar las sanciones a residentes en viviendas situadas en zonas turísticas

El grupo Socialista del Parlamento de Canarias ha registrado una proposición de ley para evitar que los propietarios que viven en inmuebles ubicados en zonas turísticas puedan ser sancionados por destinar esas viviendas a uso residencial. La propuesta modifica la Ley de Renovación y Modernización Turística y la Ley del Uso Turístico de Viviendas y plantea reconocer la convivencia entre el uso residencial y el turístico en aquellos ámbitos en los que el planeamiento municipal admita ambos. El texto busca precisar, además, conceptos como establecimiento turístico, alojamiento turístico y unidad alojativa, con el objetivo de delimitar en qué casos una vivienda debe quedar sometida obligatoriamente al régimen de explotación turística.

Uno de los principales efectos de la iniciativa sería la suspensión de los expedientes sancionadores que se encuentran en tramitación. El régimen transitorio incluido en la proposición alcanzaría también a los procedimientos abiertos en vía judicial que todavía no cuenten con una resolución firme y a las sanciones firmes que no hayan sido cobradas. La reforma establece igualmente que los usos residenciales existentes en parcelas calificadas como turísticas o mixtas serán compatibles cuando así lo permita el planeamiento urbanístico municipal.

70.000 familias

Esta mañana, durante la presentación de la proposición de ley, el portavoz socialista, Sebastián Franquis, sostuvo que el problema afecta a más de 70.000 familias en Canarias y acusó al Gobierno autonómico de haber generado "inseguridad jurídica" mediante la aplicación de la legislación vigente. Según Franquis, los afectados son propietarios que adquirieron sus viviendas hace años y que ahora se enfrentan a expedientes sancionadores por residir en ellas. El dirigente socialista responsabilizó al Ejecutivo de haber agravado el conflicto y lo acusó de actuar como "un medianero de intereses privados".

La iniciativa recupera una reclamación que ya había llegado al Parlamento a través de la Plataforma de Afectados por la Ley Turística. La organización promovió al inicio de la legislatura una iniciativa legislativa popular respaldada por 22.000 firmas, pero la propuesta fue rechazada antes de que llegara a debatirse. El PSOE también intentó introducir cambios durante la tramitación de la ley de vivienda vacacional, aunque sus enmiendas no prosperaron. Franquis reprochó al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que no haya concretado la solución que, según afirmó, había comprometido con los propietarios afectados.

Una veintena de enmiendas

El socialista vinculó además este conflicto con las modificaciones planteadas ahora por el propio Gobierno sobre la ley de vivienda vacacional. Franquis recordó que, siete meses después de su aprobación, el Ejecutivo ha presentado una veintena de enmiendas para corregir la norma. El portavoz del PSOE sostuvo que la ley ha contribuido a agravar la emergencia habitacional y cifró en unas 34.000 las viviendas que habrían pasado del uso residencial al turístico por no haberse establecido una moratoria.

El diputado Gustavo Santana, que ha negociado la proposición con otros grupos parlamentarios y con la plataforma de afectados, aseguró que en el último mes y medio se han iniciado más de 200 procedimientos sancionadores y se han tramitado más de 130 cartas de pago. Santana afirmó que ambas cifras han seguido creciendo en las últimas semanas y reclamó a Coalición Canaria que permita la admisión a trámite de la iniciativa. La proposición de ley queda ahora pendiente de su admisión a trámite en el Parlamento de Canarias.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas