Una caída informática "ralentiza" la justicia canaria durante tres días

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha acordado elevar una queja formal al Gobierno de Canarias por la situación que atraviesan los órganos judiciales del Archipiélago tras una nueva oleada de incidencias en la plataforma de gestión procesal Atlante. Según el órgano de gobierno judicial, los fallos técnicos han provocado una “parálisis material y absoluta” del servicio público de Justicia en las Islas.

El problema afecta al sistema informático utilizado para la tramitación de procedimientos judiciales. La Administración autonómica identifica Atlante como el sistema de gestión procesal de la Justicia en Canarias y ha impulsado en los últimos años su evolución hacia Atlante Web, concebido para facilitar el trabajo desde distintos puestos y dispositivos.

El Gobierno de Canarias ha afirmado que el pasado miércoles 8 de julio, en torno a las 9:00 horas, se detectó una ralentización generalizada en el funcionamiento de Atlante. Sin embargo, si bien con un rendimiento inferior al habitual, el sistema ha permanecido operativo en todo momento, sin que se haya producido una parada total del servicio.

Según la comunicación del TSJC, las incidencias se han mantenido durante toda la semana y se han agravado de forma continuada durante las jornadas del miércoles, jueves y viernes. "Durante estos tres días se ha trabajado de manera continuada y coordinada con la Dirección General de Transformación Digital de los Servicios Públicos y con las empresas responsables del desarrollo, mantenimiento y despliegue de Atlante, con el objetivo de identificar el origen de la incidencia y proceder a su resolución", sentencian desde la Consejería de Presidencia. La ralentización extrema de la plataforma y el bloqueo de funciones esenciales están impidiendo realizar trámites ordinarios en los juzgados y tribunales de la Comunidad Autónoma.

La firma electrónica, el principal bloqueo

La consecuencia más grave señalada por la Sala de Gobierno es la imposibilidad de utilizar la firma electrónica de resoluciones procesales. Esta incidencia impide que jueces y magistrados puedan firmar resoluciones y, por tanto, que estas sean dictadas y notificadas con normalidad.

En la práctica, el bloqueo de esta función afecta al funcionamiento diario de los órganos judiciales. Sin firma electrónica no pueden avanzar numerosos trámites, lo que repercute en procedimientos en curso, señalamientos, notificaciones y actuaciones que dependen de la emisión formal de resoluciones.

El TSJC subraya que la situación no responde a una falta de actividad de los órganos judiciales, sino a causas técnicas ajenas al Poder Judicial. Por ese motivo, ha decidido trasladar al Ejecutivo autonómico una queja formal y advertir de los efectos que estos fallos están generando en la prestación del servicio.

El Ejecutivo asegura que, ante las dificultades detectadas en el sistema de firma, se ha habilitado y difundido una solución alternativa que permite continuar con la firma de documentos. Las instrucciones correspondientes han sido publicadas en la intranet, y comunicadas a Presidencia del TSJ, secretario de Gobierno, sindicatos y los órganos afectados. Paralelamente, se ha prestado ayuda y soporte a las personas usuarias afectadas, con especial atención a los órganos y servicios de guardia, a fin de garantizar la continuidad de las actuaciones judiciales urgentes.

Preocupación por los juzgados de guardia

La Sala de Gobierno muestra especial preocupación por el impacto de la avería en los servicios de guardia de los distintos partidos judiciales. Estos órganos atienden actuaciones urgentes e inaplazables, por lo que cualquier bloqueo técnico puede tener consecuencias directas sobre procedimientos que requieren respuesta inmediata.

El TSJC considera que la inoperatividad de Atlante coloca este servicio esencial en una situación de “extrema gravedad”. En su acuerdo, el órgano judicial advierte de que las incidencias pueden afectar al derecho de la ciudadanía a la tutela judicial efectiva, especialmente cuando se trata de actuaciones que no admiten demora.

Una queja que no parte de un episodio aislado

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias recalca que no se trata de un fallo puntual. La Sala de Gobierno recuerda que ya había denunciado deficiencias similares en acuerdos anteriores, citados ahora de forma expresa: los acuerdos número 155/26, 65/25 y 76/25.

Con esta nueva queja, el TSJC reclama soluciones inmediatas y recuerda al Gobierno de Canarias su responsabilidad en el mantenimiento operativo de las infraestructuras informáticas judiciales. La gestión de los medios materiales de la Administración de Justicia en Canarias corresponde al Ejecutivo autonómico a través de su área competente en Justicia, que dispone de servicios específicos de modernización, medios materiales y organización judicial.

La Sala de Gobierno también ha acordado comunicar la incidencia al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a su Servicio de Inspección. El objetivo es que quede constancia oficial de que los fallos técnicos están afectando al rendimiento de los órganos judiciales y a la normal prestación del servicio en el Archipiélago.