El Estado privatiza la gestión de los comedores de migrantes

El modelo de adjudicación de los servicios de comedor de la red estatal de acogida a migrantes ha cambiado de forma silenciosa. Una tarea que hasta hace poco se realizaba a través de la empresa pública Tragsa y bajo procedimientos sujetos a la normativa de contratación administrativa ha pasado ahora a manos de entidades del tercer sector que gestionan centros de acogida financiados por el Estado. La Administración continúa sufragando los servicios y se mantiene el control público sobre los fondos, pero el proceso se opaca. Con el cambio se modifica la forma en la que se seleccionan las empresas encargadas de prestar algunos servicios esenciales dentro de los centros, entre ellos el de los comedores.

Hasta hace relativamente poco, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones recurría a Tragsa como medio propio de la Administración para poner en marcha los procesos de contratación de servicios externos como el catering o la manutención de los centros de migrantes. Ese esquema ha cambiado. El modelo actual contempla que determinadas entidades sociales autorizadas asuman la gestión integral de los dispositivos, una fórmula amparada por el marco regulatorio que permite recurrir a mecanismos de «acción concertada y a la colaboración con organizaciones especializadas».

Carácter extraordinario

Según explican fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la transición responde a la finalización de un encargo articulado con carácter extraordinario para dar respuesta a una necesidad urgente que, sostienen, ya no tiene esa condición. El departamento defiende que la integración de estos servicios en el modelo ordinario de gestión del sistema obedece a «razones de eficiencia y eficacia».

En la práctica, esto supone que organizaciones como Accem, Cruz Roja o CEAR no solo gestionan la atención social o el funcionamiento cotidiano de determinados centros, sino también servicios asociados a su operativa. Y así está ocurriendo en los centros ubicados en las Islas. El pasado mes de mayo Accem inició un procedimiento para la contratación del servicio de manutención y catering destinado a varios dispositivos bajo su gestión, entre ellos el centro de Las Raíces, en Tenerife, el centro de Mérida, el CAED de Cartagena y el CAED de Alcalá.

La convocatoria establecía como fecha límite para la presentación de ofertas el 11 de junio de 2026 y fijaba el 18 de junio como fecha prevista para la adjudicación. Finalmente, se resolvió –a través de un proceso de licitación privada– y las adjudicaciones de esos servicios recayeron en la misma empresa: Lecaser.

La propia documentación de Accem –colgada en su página web– establece expresamente que la fundación es una entidad privada sin ánimo de lucro y que no tiene la condición de órgano de contratación ni de poder adjudicador a efectos de la Ley de Contratos del Sector Público. «Accem no ostenta la condición de poder adjudicador ni de órgano de contratación a los efectos de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público», recoge la documentación publicada por la entidad.

"De manera voluntaria"

El texto añade que la organización asume de «manera voluntaria» principios como la transparencia, la igualdad de trato, la libre concurrencia o la no discriminación, pero precisa que el procedimiento se desarrolla en régimen de derecho privado y no tiene la consideración de procedimiento administrativo.

Las reglas del juego están claras, pero hay un cambio sustancial. Aunque los fondos procedan de recursos estatales y aunque las bases y criterios de concurrencia y ponderación son públicos, el procedimiento no queda sujeto a las mismas obligaciones legales que afectan a un ministerio, un ayuntamiento o una empresa pública.

Los criterios en este caso los pone Accem y la organización solo está obligada a comunicar el resultado, lo que desplaza el proceso hacia un marco privado. Desde el 1 de julio, los servicios que venía prestando Tragsa –principalmente limpieza, seguridad, lavandería y restauración– han pasado a ser asumidos por las entidades del tercer sector que prestan servicios de acogida en esos recursos en el marco de la acción concertada. El Ministerio aclara, no obstante, que el mantenimiento de las instalaciones continúa en manos de Tragsa.

No hay irregularidades en el trámite, el debate está en que el cambio supone que una parte de la gestión vinculada a servicios financiados con fondos públicos pasa a desarrollarse mediante mecanismos privados que no están sometidos al mismo nivel de obligaciones administrativas y de publicidad que los procedimientos tradicionales de contratación pública. Esa circunstancia ha provocado quejas entre algunas empresas participantes en los procesos, especialmente a la hora de acceder a información detallada sobre puntuaciones o valoraciones finales. Se quejan de la «opacidad en la adjunción» y defienden que ha habido una «contratación pública encubierta».

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