Canarias aprueba su primera Ley de Ciencia en 25 años

Canarias estrena Ley de Ciencia. Un año y tres meses después de iniciar su trámite parlamentario, y pese haber estado inmersa en una profunda controversia, el Gobierno de Canarias ha conseguido sacar adelante una normativa que viene a renovar los "obsoletos" preceptos por los que se ha regido la ciencia durante los últimos 25 años. Se trata de una ley que rescata algunas de las demandas históricas del sector científico, como la financiación plurianual de las universidades, la reducción de burocracia o la atracción de talento; y añade consideraciones adicionales para atender a la doble insularidad y a la idiosincrasia de Canarias como Región Ultraperiférica (RUP). Sin embargo, se queda demasiado corta a ojos del sector científico y de la oposición.

El Parlamento de Canarias ha votado este miércoles 8 de julio por la aprobación de esta nueva ley que, finalmente, ha salido adelante gracias a la mayoría de grupos que apoyan al Ejecutivo (AHI, ASG, PP y CC). Sin embargo, lo ha hecho después de un debate parlamentario que no ha estado exento de críticas. Críticas por parte de PSOE y NC, que consideran que no es lo suficiente ambiciosa y, por parte de Vox que, directamente, cree que no debería existir tal regulación.

"Canarias lo necesitaba", defendió la parlamentaria nacionalista, Cristina Calero, durante su turno de palabra. Calero salió del paso de las críticas afirmando que el documento, tal y como ha llegado a la votación, es "el que queríamos". "Es una ley científica a la altura de nuestras necesidades y los retos que tenemos que enfrentar" y concluyó que: "hoy, desde La Graciosa hasta El Hierro, Canarias va de mano de la investigación para ser arquitecta de su propio destino".

Viejas reivindicaciones

El nuevo texto, que contiene un guiño al físico conejero Blas Cabrera, incluye viejas reivindicaciones del colectivo. Por ejemplo, hace alusión a la captación y retención activa de talento, la creación marco de financiación plurianual para las universidades, la simplificación administrativa, la puesta en marcha de un calendario de convocatorias anuales que de garantías a los investigadores, la creación de un entorno científico-empresarial más sólido y una promesa de inversión pública que pasará, progresivamente, del 1,3% en 2026 al 3% en 2030.

La ley promete incrementar la inversión pública al 3% del PIB en 2030

También se plantea la posibilidad de impulsar una simplificación aduanera junto al Estado, para agilizar o suprimir las cargas o trámites que afecten a la importación o circulación de equipamiento, muestras, prototipos o cualquier otro servicio para desarrollar actividades de investigación.

Calero, además, destacó durante su intervención la puesta en marcha de la plataforma Pasaporte Científico Canario para reducir la burocracia o impulsar que los científicos cuenten con un marco jurídico que facilite la conciliación familiar.

El esqueleto del Sistema de Ciencia

La ley también integra otras novedades que ayudarán a configurar el que será el esqueleto del futuro de Sistema Canario de Ciencia, Tecnología e Innovación. La más importante sea, quizás, la creación del Consejo Canario Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación, cuyo objetivo es asesorar al Gobierno mediante resoluciones y evaluaciones, así como una memoria anual sobre el estado de la ciencia en Canarias.

El Consejo lo integrarán cuatro representantes de las universidades públicas –dos por cada una– y uno, respectivamente, del Servicio Canario de la Salud (SCS), el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, del Instituto Tecnológico de Canarias, del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), de la Plataforma Oceánica de Canarias (Plocan), de los municipios y los Cabildos (Fecai y Fecam), de la Red Canaria de Reservas de la Biosfera, de los parques científicos y tecnológicos, de los consejos sociales y de los centros o institutos públicos o privados de investigación con actividad relevante en Canarias.

Canarias debe desarrollar ahora la Estrategia de Ciencia y el Plan Canario de I+D

Esto último abre la posibilidad de que la delegación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Canarias corra el riesgo de quedarse fuera de este consejo, ya que el puesto solo lo puede ocupar una persona y lo disputaría, por ejemplo, con la Fundación Observatorio de Energías Renovables. Tampoco hay mención alguna a los jóvenes investigadores, aunque sí se permitirá la participación a cinco personas con una reconocida trayectoria científica o empresarial.

Entre otros menesteres, este Consejo Asesor deberá ayudar al Gobierno en la elaboración de dos de las regulaciones clave para el desarrollo de la ley: la Estrategia Canaria de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Plan Canario de I+D+i.

Cambios necesarios 25 años después

La nueva Ley de Ciencia viene a cambiar la concepción en sí misma de la investigación en las Islas. No en vano, mientras la norma vigente hasta ahora (la ley 5/2001, de Promoción y Desarrollo de la Investigación Científica y la Innovación) estaba orientada principalmente a ordenar y coordinar la investigación que se hacía en Canarias; este nuevo texto aspira a convertir la ciencia en una política estratégica de desarrollo económico, atracción de talento, innovación empresarial y transformación del Archipiélago.

Entre las principales novedades, contiene menciones expresas – en diversos capítulos– a las universidades como el "núcleo estructural" del sistema científico, al tiempo que preserva la autonomía y libertad de investigación (mencionada hasta en 10 ocasiones a lo largo del texto). También se realiza una vinculación de la ciencia con el sistema económico y productivo, lo que queda patente en sus menciones al Régimen Económico y Fiscal (REF), que no solo considera como un conjunto de incentivos tributarios sino como "una pieza estructural del modelo de desarrollo canario".

La normativa hace especial hincapié en preservar la autonomía universitaria

La IA es una de sus principales apuestas y, pese a las reticencias de la oposición y las críticas de las universidades, el capítulo dedicado a esta tecnología ha resistido el periodo de enmiendas sin apenas variaciones con respecto a lo presentado en el proyecto.

Una ley más integral, pero insuficiente

Durante la exposición de los grupos parlamentarios, la oposición performó su lejanía con el gobierno mostrando de nuevo sus reticencias a la ley que ha salido adelante.

El PSOE, Nueva Canarias y Vox mostraron sus reservas a la norma pese a las mejoras que ha sufrido el texto durante el trámite parlamentario. Y es que en su versión final, el texto está mucho más cerca de la realidad científica que el Proyecto de Ley que se presentó hace un año a la Cámara. Esto ha sido gracias a un intenso debate en el que los grupos parlamentarios presentaron más de 82 enmiendas. La Cámara finalmente ha aceptado la mitad y más del 85% del PSOE. Además, se han incluido algunas de las observaciones remitidas por las universidades.

El texto final recoge la mitad de las enmiendas presentadas

Precisamente este fue uno de los puntos a los que aludió Nueva Canarias. El grupo parlamentario mantuvo su negativa a apoyar la normativa, ya que consideró que el texto "es pura literatura, marketing mediático" y recalcó que invertir en ciencia "no es un gasto, sino una inversión estratégica". "Esto debería ser un acontecimiento histórico, capaz de marcar el rumbo de la ciencia canaria los próximos años, pero no es así", criticó Carmen Hernández, parlamentaria de NC, que insistió: "Canarias necesita una buena ley de ciencia". Además, Nueva Canarias criticó varios puntos, entre ellos la creación de la Fundación Canaria de la Ciencia (por competir en funciones con la ACISII); la falta de compromisos vinculantes con respecto a la inversión en ciencia; y el no haber impulsado una verdadera carrera científica.

La falta de apoyo a la carrera científica fue también una de las críticas vertidas por el grupo socialista, que consideró que "a la Ley le queda aún más trabajo para ser la que necesita Canarias". Aunque la socialista Alicia Pérez admitió que "el texto presentado es mejor", criticó la falta de consenso desde el inicio, la escasa concreción con respecto a la carrera científica y el haber destinado "un capítulo entero" a una herramienta que "en cuatro años puede desaparecer", como es la IA.

En su turno de intervención, el parlamentario de Vox, Nicasio Galván, criticó la existencia en sí misma de la normativa y se negó a apoyarla. "Blas Cabrera no necesitó ley alguna para convertirse en una figura de la Física, necesitó que le dejaran trabajar en paz", sentenció. También criticó las alusiones a la perspectiva de género y a la negativa del Gobierno para realizar prospecciones de tierras raras y a estudiar la viabilidad de la energía nuclear.

Críticas desde el sector científico

La norma ha salido adelante, pero con un sabor agridulce para el sector científico, que considera que mucho de lo propuesto es "papel mojado". Es el caso de la Asociación de Jóvenes Investigadores de Tenerife (Jinte), que asegura que el documento ha dejado de lado a la juventud investigadora y advierten de que muchas de las medidas (como la creación del pasaporte científico canario o el calendario de convocatorias) no tendrán "alcance real". Su vocal, Sergio Siverio, lamenta que no hayan tenido en cuenta al colectivo y que algunas medidas solo vienen a duplicar lo que ya existe a nivel nacional.

Las universidades, por su parte, y a través de una carta institucional firmada por los propios rectores, han criticado su visión economicista.  "La investigación constituye mucho más que un instrumento al servicio del desarrollo económico; es una actividad esencial para el progreso del conocimiento, la formación de personas, el pensamiento crítico, la cultura, la salud, la sostenibilidad, la cohesión social y la capacidad de una sociedad para comprender y afrontar los grandes desafíos de su tiempo", remarcaron.

Por otro lado, los rectores criticado su baja representación en el Consejo Asesor de Ciencia. "Resulta difícilmente justificable que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Universidad de La Laguna cuenten únicamente con dos personas representantes cada una con voz y voto en un órgano cuya composición con derecho a voto es amplia y heterogénea", sentencia en la misiva, donde insiste: "no se trata de reclamar una posición de privilegio. Se trata de que la composición del Consejo Asesor responda a la realidad del sistema canario de ciencia".

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