130 contratos en 20 años: una sanitaria canaria gana la batalla contra el abuso de temporalidad

Dos décadas pendiente del teléfono. La canaria Laura Silvia Rodríguez Santos pasó años sin saber si con el siguiente contrato trabajaría tres días, una semana o varios meses. Llegó a encadenar 131 contratos temporales desde que comenzó a trabajar en 2007 como auxiliar de enfermería en el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria de Tenerife (IASS). Ahora, una sentencia dictada el pasado 24 de junio por el Juzgado de lo Social número 5 de Santa Cruz de Tenerife reconoce que esa sucesión de contratos constituyó un "abuso de la temporalidad" y declara su condición de trabajadora fija. La sanitaria es la protagonista del primer fallo en Canarias que reconoce la fijeza de una empleada del ámbito sanitario en aplicación de la normativa europea contra el abuso en la contratación temporal y aplica la doctrina fijada por el Tribunal Supremo el pasado 11 de mayo.

El debate sobre el abuso de la temporalidad en el empleo público lleva años abierto y ha vuelto a cobrar fuerza después de que la Comisión Europea advirtiera en mayo que mantiene abierto el procedimiento contra el Estado por no haber adoptado medidas suficientes para prevenir y sancionar este tipo de situaciones, tal y como exige la normativa comunitaria. Bruselas considera que, pese a las reformas impulsadas en los últimos años, España sigue sin ofrecer una respuesta eficaz. Tras ese nuevo aviso, el Gobierno abrió una ronda de reuniones con las comunidades autónomas para buscar nuevas fórmulas que permitan reducir la elevada tasa de temporalidad, especialmente concentrada en los servicios gestionados por las administraciones autonómicas. Bruselas dio un margen de dos meses, pero la semana pasada el Ejecutivo central solicitó más tiempo -una prórroga hasta marzo de 2027- a la Comisión Europea para desarrollar nuevas medidas.

La auxiliar de enfermería tinerfeña acumula 131 contratos en casi dos décadas de trabajo en el sector público

El Ministerio de Función Pública celebró esta tarde una "reunión técnica" con las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias en Santander para abordar nuevas iniciativas e intentar avanzar. Canarias estaba invitada, pero finalmente el director general de Función Pública no pudo acudir. "Estaremos al tanto de cualquier información que el Gobierno nos traslade", apuntaron desde la consejería que dirige Nieves Lady Barreto.

Mecanismos efectivos

La presión europea no es nueva. Desde 2015 Bruselas viene reclamando a España mecanismos efectivos para impedir el encadenamiento abusivo de contratos temporales en el sector público y sanciones disuasorias para las administraciones que incumplan la directiva. Como respuesta, el Estado aprobó la Ley 20/2021 con el objetivo de reducir la temporalidad mediante procesos extraordinarios de estabilización. En Canarias, esos procesos afectan a unos 20.000 empleados públicos. La Administración General de la Comunidad Autónoma ya ha culminado la estabilización de alrededor de 3.500 plazas, mientras que en Sanidad y Educación, donde se concentra la mayor bolsa de personal temporal, los procedimientos todavía continúan abiertos.

En ese contexto se enmarca la resolución obtenida por la auxiliar de enfermería tinerfeña. La sentencia aplica la doctrina establecida por el Tribunal Supremo el 11 de mayo de este año, que abrió la puerta a reconocer la condición de trabajador fijo cuando concurren determinadas circunstancias de abuso de temporalidad y el empleado ha superado un proceso selectivo en los términos fijados por la jurisprudencia. En este caso, el juzgado entiende que la trabajadora permaneció durante seis años ocupando una plaza de interinidad por vacante sin que la Administración acreditara una causa que justificara una duración tan prolongada. La resolución supone un paso más en la interpretación que los tribunales españoles están realizando tras la sentencia del pasado mes de mayo y abre la puerta a nuevas reclamaciones de trabajadores que se encuentren en situaciones similares.

Rodríguez recuerda que los primeros años de su carrera estuvieron marcados por la incertidumbre permanente. "No tenía vida. Tenía el uniforme preparado porque en cualquier momento podía sonar el teléfono para incorporarme a trabajar", explica. Asegura que aceptar cualquier contrato, aunque fuera de un solo día, era casi una obligación por miedo a perder oportunidades laborales. Esa inestabilidad condicionó durante años su vida personal. "Querías hacer planes o irte unos días y no sabías si te iban a llamar al día siguiente. Era una incertidumbre constante", resume. La plaza de interina obtenida en 2020 alivió parcialmente esa situación, pero no puso fin a una relación laboral que seguía siendo temporal.

«Tenía el uniforme preparado porque en cualquier momento podían llamar», reconoce la empleada

La trabajadora, que ha estado asesorada por el CSIF, insiste en que la sentencia va más allá de su caso particular. Considera que puede convertirse en una referencia para otros empleados públicos que llevan años encadenando contratos y anima a quienes se encuentren en una situación similar a reclamar sus derechos.

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