Canarias reduce en más de 15 meses la espera en Dependencia y alcanza las 22.850 prestaciones

El viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Francisco Candil, y la directora general de Dependencia, Concepción Ramírez, han comparecido este martes en rueda de prensa para hacer balance de la gestión del sistema de dependencia en el Archipiélago. Durante su intervención destacaron la reducción de los tiempos de tramitación, el incremento de las prestaciones reconocidas y el aumento de la inversión destinada a este servicio, al tiempo que reclamaron una mayor financiación por parte del Estado.

Según los datos facilitados por la consejería, Canarias ha reconocido en los seis primeros meses del año 2.000 prestaciones más que durante toda la legislatura anterior, alcanzando un total de 22.850 prestaciones activas. "Canarias ha dado un salto en materia de dependencia en esta legislatura", aseguró Candil, quien atribuyó esta evolución a la reorganización de los servicios, la modificación del decreto de dependencia y el incremento de los recursos.

Uno de los principales avances ha sido la reducción del tiempo medio de resolución de los expedientes. En julio de 2023 la espera se situaba en 782 días, mientras que en junio de 2026 descendió hasta los 314 días, lo que supone un recorte de 468 días, más de 15 meses.

No obstante, Ramírez precisó que el tiempo real de tramitación que registra actualmente la comunidad autónoma es de 105 días. Esta cifra todavía no aparece reflejada en las estadísticas oficiales del Imserso, que elaboran sus informes a partir de medias anuales, aunque el Ejecutivo confía en que los próximos balances recojan esta evolución. El objetivo es consolidar un plazo inferior a los seis meses que establece la ley.

El esfuerzo realizado también se ha reflejado en el presupuesto. La nómina mensual destinada al pago de prestaciones ha pasado de 7 millones de euros en 2023 a los 18 millones actuales. Además, el convenio suscrito con los cabildos contempla una inversión de 1.132 millones de euros durante los próximos cuatro años para actualizar el coste de las plazas sociosanitarias.

Pese a ello, los responsables autonómicos denunciaron el desequilibrio en la financiación del sistema. Según explicaron, Canarias asume el 78 % del coste de la dependencia, mientras que el Estado aporta el 22 %, pese a que la legislación establece un reparto al 50 %. Ramírez afirmó que el incremento anunciado por el Gobierno central únicamente compensa parte del déficit acumulado durante los últimos años.

Atención reforzada

En cuanto a la atención a las personas dependientes, la consejería destacó el impulso de los servicios que favorecen la permanencia de los usuarios en su entorno habitual. La teleasistencia ha pasado de atender a 4.200 personas a 15.000 usuarios en menos de un año y la previsión es alcanzar los 20.000. Asimismo, el servicio de asistente personal, recuperado tras 18 años sin implantación, cuenta ya con 498 beneficiarios, mientras que la ayuda a domicilio incorporó 623 nuevos usuarios solo durante el pasado mes de mayo.

El viceconsejero también advirtió del desafío que plantea el envejecimiento de la población. Según las previsiones del Ejecutivo, el número de personas mayores de 80 años pasará de 101.000 en 2024 a más de 137.000 en 2032, lo que obligará a seguir reforzando la red de atención. Para responder a este escenario, el Gobierno prepara el tercer Plan de Infraestructuras Sociosanitarias, que contempla la creación de cerca de 5.000 nuevas plazas entre residencias y centros de día durante el periodo 2026-2032.

Candil alertó además de la falta de terapeutas ocupacionales en Canarias, donde solo una universidad privada imparte actualmente esta titulación y gradúa entre siete y quince profesionales al año, una cifra que calificó de insuficiente para atender las necesidades del sistema.

Por otro lado, Ramírez rechazó que Canarias se sitúe entre las comunidades con menor financiación de los servicios de dependencia. Según indicó, el Archipiélago ocupa el tercer lugar nacional en financiación del servicio de ayuda a domicilio y de promoción de la autonomía personal, el sexto en centros de día y el séptimo en atención residencial.

Respecto a la aplicación de la Ley ELA, la directora general recordó que Canarias ya ha incorporado el reconocimiento del denominado Grado 3+ a su normativa. Sin embargo, explicó que las 29 solicitudes registradas hasta la fecha continúan sin resolverse favorablemente porque la normativa estatal obliga a los beneficiarios a presentar previamente el contrato del servicio y las facturas correspondientes antes de acceder a la prestación, un requisito que, a su juicio, está retrasando la concesión de las ayudas.

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