La Ley de la Ciencia de Canarias encara su recta final con tan solo un tercio de las enmiendas
El cuatripartito del Gobierno muestra su apoyo al nuevo documento que le da más protagonismo a las universidades y reduce la burocracia

Los grupos que apoyan al Gobierno de Canarias (CC, PP, ASG y AHI) defienden el proyecto de Ley Canaria de Ciencia. / Ramón de la Rocha / EFE

A dos días de su votación en el Parlamento de Canarias, los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno de Canarias (CC, PP, ASG y Grupo Mixto) han defendido y avalado la Ley Canaria de la Ciencia. Una normativa que, previsiblemente, se aprobará este miércoles a las 9:00 horas. Y lo hará pese a las duras críticas de la oposición, los rectores universitarios y algunos miembros de la comunidad científica; y tras tan solo incorporar un tercio de las enmiendas que había recibido.
Tras un trámite parlamentario que ha durado más de un año y la incorporación de 29 enmiendas, la Ley de la Ciencia de Canarias promete tener un impacto positivo para el sistema científico isleño, incluyendo una reducción de la burocracia, un fortalecimiento de la posición del Archipiélago frente al resto del globo y menos trabas a las universidades para poder gastar sus remanentes económicos.
Reconocimiento a las universidades
Entre las novedades, la Ley incluye un título completo dedicado a situar a las universidades públicas como eje del sistema científico. En concreto, la norma las reconoce como Agentes Singulares de Generación de Conocimiento y refuerza su papel en la investigación básica y aplicada, así como en la formación de personal investigador a través de las escuelas de doctorado.
Esta era una de las principales quejas de los rectores universitarios que consideraban que la redacción anterior no les proporcionaba la importancia que merecen las entidades que generan el 90% de la investigación en las Islas.
Además, contempla la creación de las futuras Antenas Universitarias, concebidas para acercar la investigación y la formación a todas las islas y favorecer la cohesión territorial del sistema científico.
La normativa propone, asimismo, que las universidades públicas puedan utilizar sus remanentes de tesorería para financiar infraestructuras científicas, equipamiento o programas propios de investigación e innovación, siempre que no generen deuda estructural.
Una ley moderna
Durante una rueda de prensa conjunta, los cuatro grupos destacaron que las modificaciones introducidas responden a un trabajo realizado desde el consenso y el diálogo con el objetivo de dotar a Canarias de una ley "ambiciosa, moderna, desburocratizada, territorialmente equilibrada y éticamente responsable"
En representación del Grupo Nacionalista, la diputada Cristina Calero afirmó que la futura ley "sitúa el conocimiento como motor de nuestra soberanía, nuestro progreso y nuestra libertad", al tiempo que adapta el sistema científico a las necesidades reales de Canarias y al potencial de las ocho islas.
Para Calero, la norma "garantiza que Canarias pueda competir globalmente desde el talento, la innovación y la ética, fortaleciendo nuestras universidades, impulsando la investigación y protegiendo la ciencia como un bien común al servicio del desarrollo de las ocho islas".
Durante la presentación también se destacó la creación del Pasaporte Científico Canario, una ventanilla única digital que recogerá la trayectoria académica e investigadora del personal científico para simplificar trámites administrativos y reducir la burocracia. "Queremos que los investigadores dediquen su tiempo a investigar y no a gestionar documentación que ya obra en poder de la Administración", señaló Cristina Calero.
Apuesta por la IA
Y, pese a las reiteradas críticas de la oposición y de los rectores, la ley incorporará un título completo a la Inteligencia Artificial. La futura ley finalmente incorpora esta apuesta por una inteligencia artificial ética, alineada con el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial.
El texto establece principios como la supervisión humana, la transparencia, la auditabilidad y la evaluación previa de riesgos antes de implantar sistemas de IA, especialmente cuando sean utilizados por las administraciones públicas.
Los grupos parlamentarios coincidieron en que la futura Ley Canaria de la Ciencia, que viene a reemplazar la que está vigente desde 2001, permitirá consolidar un modelo científico propio, competitivo y conectado con las necesidades del Archipiélago.
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Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas
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