Familias de niños con discapacidad denuncian la falta de plazas en campus de verano en Canarias

Miriam Rodríguez tiene dos hijos. Uno de ellos, el pequeño, tiene discapacidad. Hasta este verano, el niño encontraba en el campus inclusivo de la Asociación Felices con Narices, en Gran Canaria, un lugar donde podía disfrutar de las vacaciones mientras su madre trabajaba. Sin embargo, este año la entidad no ha podido organizar la actividad por primera vez en más de una década debido a la falta de financiación, por lo que se ha visto obligada a buscar una alternativa privada que le ha supuesto 800 euros mensuales.

Su historia pone rostro a la situación que denuncian numerosas familias en Canarias: la falta de recursos y de plazas inclusivas para que niños y adolescentes con discapacidad o problemas de salud mental puedan acceder a los campus de verano.

"Hay muchísimas familias que en los meses de verano se cogen bajas laborales para poder tirar durante tres meses. No les queda otra opción porque tienen que quedarse en casa con los niños", explica. "En muchos casos tampoco pueden ayudarse de los abuelos porque son mayores o los hijos tienen un perfil con necesidades especiales".

Inclusión total

La Asociación Felices con Narices no es una entidad convencional. Nació hace 12 años por iniciativa de un grupo de chicos y chicas del barrio, de entre 14 y 16 años, preocupados por la falta de espacios adecuados para los jóvenes de El Batán y San Roque. Lo que empezó como un grupo de amigos gestionando actividades de baile y apoyo escolar ha evolucionado hasta convertirse en un equipo técnico profesionalizado de psicólogos, trabajadores sociales y educadores que trabajan de forma totalmente voluntaria.

Su labor se ha especializado en perfiles de salud mental grave y discapacidades invisibles, realizando incluso proyectos de acompañamiento hospitalario en el Hospital Materno Infantil. A diferencia de otros recursos públicos que "encasillan" a los menores, esta asociación practica una inclusión total: no exigen que el niño esté en un centro específico ni lo rechazan por tener crisis de conducta.

El motivo por el que este año El Batán se ha quedado sin campus no es la falta de voluntad, sino un sistema de financiación que la asociación tilda de inviable. Las administraciones públicas exigen que las entidades sin ánimo de lucro adelanten el coste total del proyecto (entre 15.000 y 30.000 euros para un mes de campus) y solo reembolsan el dinero meses después, tras la justificación de facturas ya pagadas.

"Si yo no tengo el dinero previo, no puedo llegar a presentar un proyecto de estas características", explica Laura Ramírez, fundadora de la asociación, y subraya que tienen que cubrir seguros, material, desayunos y el elevado coste de las guaguas para desplazamientos. Al no cobrar cuotas a las familias, muchas derivadas de servicios sociales, la asociación depende exclusivamente de colaboraciones privadas como las de la Fundación Satocan o la Fundación Canaria Interinsular de Deportes.

El conflicto del ocio inclusivo no es un caso aislado en Gran Canaria, sino un problema que atraviesa el Archipiélago. Este verano, Débora Santana quiso inscribir a su hija en el único campus gratuito en Santa Cruz de Tenerife con plazas, aunque muy limitadas, para niños neurodivergentes. Cuando buscó en la lista de admitidos el nombre de la niña no lo encontró. Al pedir información a las instituciones y reclamar una solución recibió una tajante respuesta: "El cupo para discapacitados está lleno".

"Nos dan la espalda"

Ante el contundente mensaje, volvió a pedir una explicación, pero jamás recibió respuesta. Muy enfadada, no dudó en denunciar la situación públicamente a través de un vídeo que colgó en sus redes sociales. "La mujer de administración me dijo que era la primera persona que presentaba la solicitud y ahora resulta que mi hija no ha entrado", dice en el clip de TikTok. "Se gastan millonadas y a las personas que necesitamos ayuda nos dan la espalda. Esto no va a quedar así", advertía, en un mensaje dirigido al alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez.

Casualmente, tras la difusión del vídeo, la escolar ha sido admitida en el campamento, algo que para esta madre no es otra cosa sino un total "lavado de imagen". "No se van a reír de mi hija porque para mí eso es reírse de mi hija, y eso no lo va a hacer nadie", asevera.

Además, Débora critica la poca trasparencia que existe durante los trámites burocráticos que tienen lugar a la hora de asignar las plazas para el campus. "No sé en qué se basan ellos para saber si tu hijo puede entrar o no porque en los papeles no pone qué condiciones o qué requisitos son necesarios. Solo hay que entregar el papel de discapacidad. No se interesan por tus ingresos ni por saber en qué situación están", denuncia.

A pesar de que finalmente la hija de Débora sí acudirá este verano al campus, quiere alzar la voz por el resto de madres y padres que día a día se encuentran con el mismo contratiempo. "Nuestros hijos son iguales que los demás", sostiene.

La tinerfeña defiende que en este tipo de iniciativas debería haber el mismo número de plazas para todos los niños ya que deben integrarse y enseñar al resto de participantes que existen compañeros con otras circunstancias. Por ello, anima al resto de familias a unirse y seguir reclamando derechos para sus hijos: "Nuestros hijos no pueden, pero tienen unos padres detrás que van a luchar por ellos hasta el fin del mundo".

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