Canarias entra en el CPFF con la propuesta de que le permitan gastar más en los ciudadanos y pagar menos a los bancos

El Gobierno de Canarias acude este lunes al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) con una postura clara y crítica respecto a la aplicación de las reglas fiscales de 2024. A pesar de mantener una voluntad "constructiva" tras el largo periodo sin convocatorias de este órgano, la consejera de Hacienda, Matilde Asián, denunció antes de entrar en la reunión la "incoherencia" que supone el actual sistema de control de gasto para las islas.

Inversión social frente a la amortización de deuda

La reclamación central de Canarias se basa en que existe un desfase entre la cuantificación numérica de la regla de gasto y los ingresos reales que la comunidad autónoma percibe a través del sistema de financiación. Según explicó la consejera, se prevé que los ingresos sean superiores al límite de gasto permitido por el Estado.

Esta situación técnica obliga a Canarias a generar un superávit que, por normativa, debe destinarse obligatoriamente a amortizar deuda pública, esto es, pagar a los bancos. Desde el Gobierno regional se defiende que esta medida "no tiene sentido" en una comunidad como Canarias, que actualmente mantiene unos niveles de endeudamiento mucho más bajos que el objetivo establecido. Por ello, la propuesta canaria es que se flexibilice esta norma para que los recursos puedan invertirse en servicios públicos y necesidades regionales en lugar de destinarse exclusivamente a las entidades bancarias.

De hecho, la reclamación llega después de que Canarias incumpliera la regla de gasto en 444 millones de euros durante 2024 y presentara un plan económico-financiero al Ministerio de Hacienda. El Ejecutivo autonómico ha defendido que ese exceso de gasto permitió atender necesidades extraordinarias como la reconstrucción de La Palma, la atención a los menores migrantes no acompañados y el pago de sentencias judiciales.

Los costes laborales

Un punto de especial preocupación para el Ejecutivo autonómico es el efecto de los acuerdos en materia salarial adoptados por el Gobierno de España con los sindicatos. Asián destacó que estas decisiones estatales afectan directamente a los presupuestos de las comunidades, pero sin que se haya aclarado aún cómo se van a compensar económicamente esos sobrecostes.

Canarias alerta de una doble contradicción en este sentido: Si el Estado no transfiere fondos adicionales para cubrir estas subidas salariales, la comunidad se ve obligada a detraer ese dinero de otras prioridades y partidas esenciales para la ciudadanía. Además, los incrementos salariales pactados por el Gobierno central son, en la práctica, superiores a la propia regla de gasto que el mismo Estado pretende imponer a las comunidades autónomas.

Incertidumbre de los Presupuestos generales

Respecto a la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado, Canarias reconoce que el paso por el CPFF es un trámite formal necesario, pero cuya eficacia real es incierta. Dado que el informe del Consejo no es vinculante y ante la "composición de la Cámara tan compleja" que existe hoy día, la consejera señala la dificultad de saber si finalmente saldrán adelante las cuentas estatales que den seguridad a la planificación económica regional.

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