Ni casas asequibles ni alternativa: la crisis de vivienda golpea con fuerza a las madres solteras de Canarias

La crisis de la vivienda en Canarias ha desbordado la red de recursos alojativos destinada a evitar que las personas acaben en la calle. Sin pisos asequibles ni plazas disponibles en los dispositivos de acogida, las madres solteras se han convertido en el colectivo más castigado por un sistema que, cada vez con más frecuencia, es incapaz de ofrecer una alternativa habitacional. Cáritas ya advertía en su última memoria anual del incremento de solicitudes de mujeres para acceder a sus recursos alojativos. Una demanda a la que la entidad no logra dar respuesta en su totalidad, por la limitada disponibilidad de las plazas y, en algunos casos, por la inadecuación de los perfiles a los recursos existentes.

"Recibimos muchísimos casos de finalizaciones de contratos de alquiler que nos preocupan especialmente cuando se trata de familias monomarentales", explica Alejandra Hernández, trabajadora social de Cáritas. De hecho, en torno al 40% de las personas que atiende la entidad corresponde a este colectivo. Y es que desde 2017, año en el que comenzó a funcionar el programa Base 25 de la entidad –centrado en el asesoramiento y acompañamiento a personas en riesgo de perder su vivienda por desahucio o ejecución hipotecaria–, el perfil mayoritario continúa siendo el mismo: mujer soltera, viuda o separada con hijos a cargo. Solo en 2025, la organización ofreció apoyo a través de este programa a 1.360 personas, de las cuales 823 eran mujeres, y 527 menores.

Detrás de esa realidad, señala Hernández, está la creciente dificultad de estas familias para acceder a una vivienda en el mercado de alquiler. "Ahora mismo resulta imposible que una familia en estas condiciones acceda a un alquiler de mercado porque los precios no bajan de los 700 euros y, en el caso de que estén trabajando, sus ingresos apenas llegan al salario mínimo", añade.

Una atención específica para familias monomarentales

Para la trabajadora social, es necesario diseñar una atención específica dirigida a este colectivo, ya que, a su juicio, no existe una mirada diferenciada para las familias monomarentales. No obstante, reconoce que la principal dificultad radica en la escasez de alternativas habitacionales que permitan planificar adecuadamente los procesos de salida. Una situación que se agrava por la limitada oferta de alquiler, el elevado coste de las viviendas y habitaciones y la demora en la resolución de las prestaciones sociales. "Cuando una persona pierde su hogar, la solución no debería ser un recurso colectivo que está saturado y con una gran lista de espera", explica. "Hay un montón de fórmulas intermedias para garantizar este derecho, ya sea a través de un alquiler social de gestión pública o privada, entre otras soluciones", agrega.

En este contexto, la vivienda pública se presenta como una de las principales vías de respuestas. Sin embargo, no termina de funcionar como debería. Canarias cuenta con más de 30.000 solicitudes de Vivienda de Protección Oficial (VPO) sin respuesta. "Por desgracia, en los últimos años vemos cada vez más demandantes de vivienda pública y menos respuesta por parte de la administración", puntualiza. Ante esta falta de respuesta estructural, entra en juego el papel del Gobierno y sus obligaciones de garantizar una alternativa habitacional en situaciones de vulnerabilidad. Sin embargo, en la práctica esta directriz resulta ambigua. "Ese deber no siempre pasa por acceder a una vivienda digna, tal y como se entiende desde una perspectiva de derechos humanos", advierte.

La administración puede ofrecer una pensión de unos días, un alojamiento temporal o incluso un recurso para personas sin hogar. "Y aunque la ley permite el desahucio si se ofrece una de estas alternativas, la realidad es que la administración no cubre las necesidades reales de las familias, que quedan desprotegidas", subraya.

¿Qué dicta la ley?

La Ley de Vivienda establece los plazos que deben respetar las partes. Si un contrato de alquiler finaliza y la propiedad comunica por escrito que no lo renovará, el inquilino debe abandonar la vivienda al término del contrato, sin necesidad de resolución judicial. "Pero si la persona que se tiene que marchar no lo hace, ya sea por empeño propio o porque realmente no encuentra una alternativa habitacional, el proceso cambia", explica Hernández.

Al no existir un acuerdo entre las partes, el propietario puede solicitar judicialmente, a través de una causa civil, que se reconozca que dicho documento ha llegado a su fin. "Cuando el juez reconoce que la relación contractual entre ambas personas ha finalizado, cita un día y una hora para que la persona abandone el hogar, que es lo que se conoce como procedimiento de lanzamiento", detalla. Ahora bien, la ley también contempla que la fecha se retrase dos meses sí el inquilino se encuentra en una situación de vulnerabilidad. O hasta cuatro si el propietario de la vivienda es una empresa o un gran tendedor.

Durante la crisis del coronavirus, España aprobó el Real Decreto-ley 11/2020 que permitía la paralización temporal de desahucios para personas en situación de vulnerabilidad sin alternativa habitacional. "En estos casos, los propietarios podían solicitar al Gobierno ayudas para subsanar esa pérdida de ingresos derivada de la paralización del lanzamiento", aclara Hernández. La norma, sin embargo, dejó de surtir efecto en febrero de este año, cuando la prórroga que la habría mantenido vigente hasta diciembre de 2026 no fue convalidada en el Congreso de los Diputados. Y con ello se puso fin a las suspensiones extraordinarias de desahucios y lanzamientos.

Factores que empujan a situaciones de vulnerabilidad

Para la entidad, el hecho de que Canarias sea una región turística, con un elevado peso del alquiler vacacional y precios de la vivienda al alza en estancias de corta duración, es uno de los principales factores que agravan este tipo de situaciones. Asimismo, recuerda que el fenómeno de la gentrificación es otro de los condicionantes que está expulsando a la clase trabajadora de los núcleos urbanos. En este sentido, cada vez son más los hogares que quedan en situación de pobreza, tanto relativa como absoluta, tras afrontar el pago del alquiler.

Pese a los planes de vivienda existentes, la entidad considera que no se están impulsando medidas concretas que faciliten el acceso a este derecho ni respuestas suficientes para las personas en situación de vulnerabilidad. Para evitar que más familias acaben en esta situación, Cáritas propone ampliar el parque de vivienda disponible en el Archipiélago, facilitar el acceso al alquiler, reforzar los mecanismos de prevención y apostar por soluciones habitacionales estables que eviten que la pérdida de una vivienda termine en la exclusión residencial.

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