El choque entre Canarias y Estado por la vigilancia volcánica paraliza la puesta en marcha del Centro Nacional de Vulcanología

Siete meses lleva el Centro Nacional de Vulcanología (CNV) en el limbo. Más de medio año después de dar luz verde a la propuesta de Canarias para convertirse en su sede–el pasado mes de diciembre–, el centro que venía a convertirse en una referencia en investigación volcánica en España está aún lejos de ser una realidad. El motivo es una discrepancia entre las administraciones canaria y estatal con respecto a las competencias reales que debería ostentar este centro. El Ejecutivo canario quiere que el CNV sea el responsable de la "gestión integral del fenómeno volcánico". Una tarea que, sin embargo, y a ojos del Ministerio, es incompatible con las responsabilidades que ya tiene consignadas el Instituto Geográfico Nacional (IGN), cedidas por el Estado desde 2004.

"Ningún gobierno, tampoco el canario, puede utilizar un convenio para cambiar competencias que están fijadas por ley", sentencia el Ministerio de Ciencia en un comunicado enviado a los medios. Un documento en el que también ha dejado claro que el propósito de este centro no es otro que el de aunar la investigación sobre volcanes.

Este cruce de declaraciones llega después de que el presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, realizara un comunicado en el que denunciaba el "bloqueo deliberado" del Estado al CNV. Según el Cabildo, el Ministerio estaba demorando, a sabiendas, el visto bueno jurídico y administrativo necesario para firmar el convenio de colaboración. Un paso previo para que este centro comience a operar de manera efectiva.

Además, fuentes del Cabildo palmero alegan que el Ministerio de Ciencia no estaría de acuerdo con la bicefalia de las sedes propuestas en la candidatura del Gobierno de Canarias. Es decir, en que haya una sede principal en La Palma y otra secundaria y de apoyo en Tenerife. En este sentido, la presidenta del Cabildo tinerfeño, Rosa Dávila, se ha alineado con Rodríguez pues considera que el centro no puede quedar atrapado en demoras administrativas. "Es una infraestructura esencial para reforzar la seguridad, la investigación, la prevención y la capacidad de respuesta ante riesgos volcánicos en Canarias", señaló Dávila.

El Ministerio de Ciencia ha admitido que se han producido dichos retrasos en la firma del convenio, pero ha añadido un elemento más: la demora ha surgido por un desacuerdo entre partes.

Seis meses de tiras y aflojas

El problema comienza el 20 de marzo de 2026, –3 meses después de dar el visto bueno a la candidatura– cuando el Ministerio remitió al Gobierno canario un borrador del convenio sobre el CNV en el que se recogía la necesidad de retirar de los objetivos del consorcio la denominada "gestión integral del fenómeno volcánico", al entender que iba contra las competencias de otros actores. La necesidad de eliminar esta coletilla estaba consensuada por todos los organismos estatales competentes.

Más de tres meses después, el pasado 30 de junio, el Gobierno canario remitió una nueva propuesta en la que insistía en mantener esa función (gestión integral del fenómeno volcánico). "Estos cambios afectan al reparto de competencias y retrasan innecesariamente la firma del convenio", reseña el ministerio. Para el Cabildo de La Palma, todo este tira y afloja supone un "giro de guión" que se aparta por completo de lo ya acordado en las mesas técnicas.

Necesidad de aunar la ciencia en un solo lugar

La idea del CNV surgió de la necesidad de aunar todas las instituciones de España implicadas en el estudio del fenómeno volcánico. Y es que, durante la erupción de La Palma, se comprobó que muchos centros de investigación estaban trabajando en lo mismo sin saberlo. Este centro quería crear una infraestructura para compartir resultados y ayudarse mutuamente, en lugar de duplicar esfuerzos. 

También surgió del planteamiento del Gobierno de Pedro Sánchez de descentralizar la administración del Estado y trasladar fuera de Madrid diversos organismos estatales.

Se planteó entonces crear un Consorcio que contara con la participación de la Administración General del Estado –a través del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades– y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias. Durante este tiempo, siempre que han sido cuestionadas por cuál sería la composición, características y funciones de este organismo, las autoridades se han remitido a la creación del convenio como punto de partida previo.

De los pocos detalles que se han podido saber de la propuesta de Canarias es que, por ejemplo, el Cabildo de Tenerife asume que en ese centro se integraría el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) y el ITER. De hecho, las instalaciones de este último en Tenerife se habían propuesto como la sede tinerfeña para aunar esta investigación. No obstante, en la propuesta derivada al Gobierno estatal también se mencionaba al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) –del que existen tres centros en Canarias–, la Universidad de La Laguna (ULL) y el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

El IGN, único con responsabilidad

En este sentido, el IGN es el único de estos centros con responsabilidad de vigilancia sísmica y volcánica. El Gobierno de España le hizo dicha encomienda en 2004, poco después de la crisis sísmica de Tenerife. A partir de ese año, la institución inició el diseño y despliegue del Sistema de Vigilancia Volcánica (SVV) con cobertura en todas las Islas. En diversas ocasiones, durante el proceso de gestación, se ha puesto sobre la mesa la posible incompatibilidad que podría surgir de la convivencia entre ambas entidades (CNV e IGN).

Cuando se aprobó la candidatura de Canarias, la ministra de Ciencia, Diana Morant, advirtió que este centro vendría a integrar, homogeneizar criterios y reforzar la coordinación entre la comunidad científica y las administraciones, actuando como referencia técnica en todo el país a nivel vulcanológico. Pero no mencionaba nada de la gestión volcánica. 

"Estamos hablando de seguridad jurídica, no de voluntad política", destacan desde el Ministerio, desde el que insisten que "el convenio debe respetar el marco legal vigente". Además, concluyen que "no tiene sentido crear incertidumbre sobre quién vigila los volcanes o quién emite las alertas oficiales" y "no se puede duplicar lo que ya funciona".

Problemas con los millones

La creación del Centro Nacional de Vulcanología se incluyó en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, con una partida de cinco millones de euros estatales. En este rifirrafe, el Cabildo también ha denunciado un recorte económico en el proyecto. Según Sergio Rodríguez, la partida prevista inicialmente para la infraestructura era de cinco millones de euros, pero se ha reducido a 2,9 millones, lo que supone una bajada del 42%. El presidente palmero calificó esta reducción como un "tijeretazo" que compromete la ambición del centro.

Sin embargo, el Ministerio de Ciencia ha asegurado que la partida económica comprometida sigue intacta (5 millones de euros), aunque en el estado de ejecución de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para Canarias aparezcan 2,9 millones de euros este año. Fuentes del Ministerio de Ciencia aseguran que la subvención se irá proporcionando a las Islas de varias veces. "Nuestra prioridad es que el centro se ponga en funcionamiento cuanto antes", insisten. 

Por lo pronto, Coalición Canaria llevará al Congreso este choque administrativo. La diputada nacionalista, Cristina Valido, pedirá explicaciones al Gobierno de España sobre el bloqueo de la puesta en marcha del Consorcio Centro Nacional de Vulcanología (CNV), después de que los cabildos de La Palma y Tenerife hayan denunciado públicamente los retrasos sistemáticos en la tramitación del convenio y este recorte del 42% en la financiación estatal prevista.

En concreto, Valido ha presentado una pregunta escrita al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y una proposición no de ley para su debate en la comisión competente. La diputada ha solicitado asimismo la comparecencia de la ministra Diana Morant en la Cámara Baja para que informe sobre el estado de tramitación y el calendario previsto para la puesta en marcha efectiva del Centro. 

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