Los rectores reclaman cambios en la Ley de la Ciencia de Canarias: "Ofrece una visión limitada de la investigación"

Lo que ya se había hecho público en el Parlamento de Canarias, se ha plasmado negro sobre blanco. Los rectores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Lluís Serra Majem; y de la Universidad de La Laguna (ULL), Francisco J. García Rodríguez, han remitido una amplia carta institucional a los grupos parlamentarios con sus consideraciones a propósito del Proyecto de Ley Canaria de la Ciencia. Unos planteamientos, que no difieren de lo que ya se había transmitido anteriormente viva voce, con los que proponen otorgarle más peso a la universidad y repensar la redacción del propio documento y los elementos que lo integran.

Los rectores firman este escrito "desde el máximo respeto institucional" y reconociendo "el trabajo realizado durante la fase parlamentaria". Pero como insisten, una vez conocido el proyecto, caben algunas modificaciones que, "sin alterar la arquitectura general del proyecto, reforzarían de manera decisiva su coherencia, su seguridad jurídica, su sostenibilidad y su capacidad para responder a las necesidades reales del sistema canario de ciencia, tecnología e innovación".

Esta misiva llega porque nadie de la Consejería de Ciencia y Universidades contactó a las universidades –más allá de una ronda de preguntas muy someras– para participar en la redacción de esta nueva ley, que viene a reemplazar a la de 2001.

Una norma "ambiciosa", pero con flecos

Los rectores reconocen que esta norma es "ambiciosa" pero consideran que omite algunas idiosincrasias propias de la ciencia canaria –como la ciencia básica–, mientras añade otras de menor relevancia. En este sentido, los rectores consideran que, en primer lugar, la norma debe reconocer la pluralidad del ecosistema canario de I+D+i, pero "también reflejar adecuadamente dónde se genera mayoritariamente el conocimiento científico en Canarias", es decir, las universidades públicas.

Por esta razón, los rectores no piden solo que haya una mención expresa a las instituciones que cargan con el 95% de la ciencia que se realiza en Canarias, sino que también se les tenga en cuenta a la hora de tomar decisiones que afecten al futuro de la investigación.

Así, entre otras cosas, los rectores también solicitan que se reconsidere la composición del Consejo Canario Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación que plantea la ley, pues en su versión actual no refleja "de manera proporcionada" el peso objetivo que las dos universidades públicas poseen.

"Resulta difícilmente justificable que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Universidad de La Laguna cuenten únicamente con dos personas representantes cada una con voz y voto en un órgano cuya composición con derecho a voto es amplia y heterogénea", sentencia en la misiva, donde insiste: "no se trata de reclamar una posición de privilegio. Se trata de que la composición del Consejo Asesor responda a la realidad del sistema canario de ciencia".

Una justificación economicista

Los rectores están preocupados también por cómo se ha configurado la norma, pues a menudo justifica la ciencia "casi exclusivamente por su contribución a la productividad, la competitividad o el crecimiento económico". "La investigación constituye mucho más que un instrumento al servicio del desarrollo económico; es una actividad esencial para el progreso del conocimiento, la formación de personas, el pensamiento crítico, la cultura, la salud, la sostenibilidad, la cohesión social y la capacidad de una sociedad para comprender y afrontar los grandes desafíos de su tiempo", remarcan los rectores.

No es la primera vez que se expone esta crítica. Ya durante la jornada parlamentaria a la que ambos rectores fueron invitados para dar su opinión sobre la norma, García criticó su carácter "economicista".

Un capítulo entero para la IA

Los científicos y máximas autoridades de las dos universidades públicas canarias también critican algunos aspectos de la forma de la norma. Por un lado, ponen de relieve que le dedica "una presencia singular y diferenciada" a la inteligencia artificial, que cuenta con un capítulo entero, lo que consideran "excesivo".

"Una cosa es reconocer la importancia estratégica de la inteligencia artificial, como también debe hacerse con otras áreas en las que Canarias posee fortalezas acreditadas; y otra distinta es anclar la arquitectura legal del sistema científico a una tecnología concreta. La ciencia canaria debe poder evolucionar con flexibilidad hacia los campos que en cada momento resulten más relevantes, sin que la propia ley introduzca una jerarquía normativa previa entre disciplinas, tecnologías o sectores de conocimiento", consideran.

Serra y García también plantean dudas ante la creación de la Fundación Canaria de Investigación que propone la ley, puesto que sus funciones parecen coincidir y solaparse con la de estructuras ya existentes, "especialmente la ACIISI y las propias universidades a través de sus servicios de investigación, sus unidades de gestión y sus Oficinas de Transferencia del Conocimiento". Además del riesgo de duplicidades funcionales, esta nueva fundación requeriría una dotación económica extra "en un contexto en el que siguen sin garantizarse recursos estables para prioridades estructurales ya identificadas".

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