Poli Suárez niega censura en los centros educativos canarios: "La escuela pública debe ser un espacio abierto, plural y crítico"

El consejero de Educación del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, rechazó este martes en el Parlamento autonómico las acusaciones de censura surgidas en torno a las nuevas instrucciones de organización y funcionamiento de los centros docentes públicos para el curso 2026-2027. El responsable del área defendió que la regulación de conferencias, charlas y actividades impartidas por entidades externas busca proteger a los centros educativos y garantizar el respeto a los derechos fundamentales, no limitar determinados contenidos.

La polémica se centra en el apartado 3.4 de las instrucciones, que establece que no podrán autorizarse actividades promovidas por personas o colectivos caracterizados por una opción ideológica que no sea neutral y que no respete los derechos fundamentales y las libertades públicas reconocidas en la Constitución.

La redacción ha despertado la preocupación de más de una treintena de organizaciones sociales y cerca de un millar de firmantes de un manifiesto que advierten de que el texto podría utilizarse para restringir actividades relacionadas con la igualdad, la diversidad afectivo-sexual, los derechos humanos o la atención a colectivos vulnerables.

Educación niega que la instrucción suponga censura

Durante la sesión de control al Gobierno, Suárez insistió en que la Consejería "no veta ni censura" las actividades que se desarrollan en los centros educativos. En respuesta al diputado socialista Marcos Hernández Guillén, aseguró que la alarma generada en torno a la instrucción carece de fundamento y recordó que una regulación similar ya se ha aplicado durante el curso que ahora finaliza sin que se hayan registrado incidencias ni protestas por parte de los equipos directivos.

El consejero subrayó además que instrucciones aprobadas en etapas anteriores ya contemplaban limitaciones para actividades de carácter político, religioso o comercial, así como para aquellas que pudieran vulnerar los derechos humanos o la integridad de las personas. En este sentido, reprochó al PSOE que critique ahora una línea de actuación que, según sostuvo, mantiene criterios presentes en documentos de cursos anteriores.

Suárez defendió que la decisión sobre la celebración de charlas y actividades corresponde a los equipos directivos y a los consejos escolares, mientras que la Administración educativa actúa como órgano de apoyo y supervisión. Según explicó, el objetivo es garantizar que las propuestas estén respaldadas por el profesorado y se ajusten a los fines educativos del centro.

Nueva Canarias pregunta por la Resolución 73/2026

La controversia volvió a surgir a raíz de una pregunta formulada por la diputada de Nueva Canarias Carmen Rosa Hernández, quien pidió explicaciones sobre la Resolución 73/2026. El consejero calificó la polémica de "artificial" y aseguró que responde más a una confrontación política que a problemas reales detectados en los centros.

Como argumento, señaló que ningún director o directora ha denunciado restricciones impuestas por la Consejería y defendió que la norma nació a petición de docentes y equipos directivos que reclamaban mayor respaldo para gestionar la participación de entidades externas en actividades escolares. En este contexto, aludió a la reciente controversia generada por la intervención de un influencer ultraderechista en un instituto canario, un episodio que, a su juicio, evidenció la necesidad de reforzar los criterios de control y supervisión.

Durante el debate, Suárez insistió en que la neutralidad institucional no implica indiferencia frente a la desigualdad, la discriminación o la vulneración de derechos. Según afirmó, la escuela pública debe ser un espacio "abierto, plural y crítico", pero también garantizar que las actividades impartidas al alumnado cuenten con rigor pedagógico y supervisión docente.

Respuesta a Vox sobre las charlas en los centros

La instrucción también fue objeto de debate a raíz de una pregunta de Vox sobre la regulación de conferencias y eventos en los centros educativos. En su respuesta, el consejero defendió que la medida pretende preservar los valores de convivencia, respeto y tolerancia presentes en las aulas canarias.

En declaraciones a este periódico, Suárez rechazó que la norma pueda interpretarse como un "pin parental" y sostuvo que se trata precisamente de un freno a los discursos excluyentes. "Es un pin a los discursos que pretenden cambiar la tolerancia por la intransigencia; la libertad por el miedo; la igualdad y la inclusión por el sectarismo y la discriminación", afirmó. También advirtió contra quienes buscan "adoctrinar" y "dividir" a la sociedad, y reivindicó el ejemplo que, a su juicio, ofrecen los propios estudiantes en materia de convivencia. "Tenemos mucho que aprender de los chicos y chicas que conviven en los centros educativos", señaló.

El consejero insistió en que el objetivo de la instrucción es evitar la entrada en las aulas de mensajes contrarios a los valores democráticos y a los derechos fundamentales. "No vamos a permitir que el odio entre también en los centros educativos de Canarias", concluyó.

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