¿De qué sirve que los salarios crezcan más que los precios si la vivienda revienta la economía familiar?

En el verano de 2021, los precios de la energía se dispararon. Cuando se logró sujetar ese caballo desbocado, Vladimir Putin atacó Ucrania y la electricidad volvió a las andadas arrastrando en la subida al resto de productos y bienes. En los años siguientes los incrementos salariales se pusieron a la par e incluso llegaron a engullir esa inflación, pero no ha sido suficiente, porque el coste de la vivienda -un 43,1% más que en 2020 en Canarias- da al traste con todo lo demás.

El resultado es que la tasa de pobreza laboral del Archipiélago no se logra reducir. Era del 13,8% en 2024, la última vez que Intermon Oxfam puso la mirada sobre dicha variable. El dato es del último trimestre de 2024 y lo que ha ocurrido desde entonces no permite pensar en una mejoría. El efecto sobre la economía mundial del retorno de Donald Trump a la Casa Blanca ha tenido también un efecto inflacionista y la vivienda está lejos de dar un respiro a la sociedad, al contrario.

Crecimiento de los salarios

La Encuesta anual de estructura laboral revela un crecimiento salarial en el Archipiélago de 3.489 euros entre 2020 y 2024. Un incremento relativo del 16,1% en ese periodo (17,3% nacional) que aleja aún más los ingresos de los asalariados de las Islas de los del conjunto de españoles. En todo caso, suficiente para enjugar el avance del 15,3% que se anotó el IPC (índice de precios de consumo) en la comunidad autónoma (16,4% en toda España) en ese mismo segmento temporal.

Siempre partiendo de un contexto revelador: el salario medio canario está entre los más bajos de todo el país. Sin moverse del citado 2024 fue de 2.051,7 euros brutos al mes, frente a los 2.385,6 euros de la media española. Una diferencia de 333,9 euros que solo empeoran Andalucía y Extremadura. Y no es una situación que vaya a cambiar o, al menos, no en el corto plazo, porque deriva de una estructura de la economía en la que su actividad principal, el turismo, demanda mucha mano de obra pero de escaso valor añadido.

Incremento salarial

De poco puede servir firmar convenios colectivos que aventajan a otros del país, caso de los dos provinciales del sector alojativo canario el año pasado, de cara a evitar que los trabajadores vivan en la frontera de la pobreza y la exclusión. Bastarían para paliar una situación de normalidad, pero no son la llave para solucionar el que los trabajadores no encuentren dónde vivir o, al menos, un lugar que puedan pagar.

El salario mínimo interprofesional (SMI) se ha subido en ocho ocasiones desde la moción de censura contra Mariano Rajoy de 2018. La última de ellas, este mismo año, cuando se ha decretado un incremento del 3,1% hasta situarse en 1.221 euros (catorce pagas). El crecimiento acumulado a lo largo de los últimos ocho años es del 66%; el de la vivienda, en las zonas urbanas, del 75% desde 2020.

El salario mínimo interprofesional (SMI) se ha subido en ocho ocasiones desde la moción de censura contra Mariano Rajoy de 2018

La vivienda aparece como el factor que todo lo distorsiona, el que provoca que trabajadores, ya incluso profesionales especializados, duerman en sus vehículoso, en el caso de poder acceder a una casa, padezcan mil y una vicisitudes para poder llegar a final de mes.

La gran paradoja

Sin embargo, los últimos informes Arope (Riesgo de pobreza y exclusión) reducen la tasa de población canaria que vive en el filo de la navaja. Llegó a situarse en un tercio de la población y camina ahora sobre el 31,2%. ¿Cómo se explica esa paradoja? El factor que permite que suceda así a pesar de que los mimbres del mercado de la vivienda insten a lo contrario es la mejora de las prestaciones públicas.

Allí donde el mercado -inmobiliario en este caso- coloca un factor de distorsión difícilmente superable, es la mejora de los ingresos de la población inactiva o desempleada la que mantiene latiendo el pulso básico de la sociedad. De tal manera que jubilados y parados que antes estaban por debajo de los niveles más elementales a la hora de atender sus necesidades más básicas, logran ahora asomar tímidamente la cabeza.

La Renta Canaria de Ciudadanía llega en la actualidad a alrededor de 13.000 familias canarias

Los beneficiarios de la Renta Canaria de Ciudadanía (RCC) son un 58,2% más que en 2019 y llega ahora a unas 13.000 familias del Archipiélago. A ella se suma el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que beneficia a unos 38.000 hogares en las Islas. Recientemente, los gobiernos estatal y canario firmaron un acuerdo para hacer compatible el cobro de ambas prestaciones.

El caso de España

La mencionada tasa del 13,8% de ocupados en riesgo de exclusión que registra Canarias solo la empeoran Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha, mientras que la iguala la Comunidad Valenciana. El informe Arope es más exigente que ese estudio de Intermon Oxfam y coloca -año pasado- el porcentaje de España en el 15,9%. El país suma 0,8 puntos a lo largo del último año computado; 1,3 puntos si se extraen de la ecuación los autónomos, que maquillan el índice.

El conjunto de la Unión Europea (UE) no sigue esta tendencia. La media de los 27 países miembros registró una caída de un punto y el recorte fue mayor en el caso de varios países del sur del continente: Portugal (-1,8), Grecia (-2,5) e Italia (-3,5). Si bien es cierto que no deflactar el IRPF ha provocado el incremento de la presión para muchos de los que han visto mejorados sus ingresos laborales, el peso de esa circunstancia no se acerca al de subidas de los alquileres superiores al 50% que son habituales en los últimos años.

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