Los nuevos canarios tienen acento cubano y venezolano

Canarias suma nuevos canarios a su territorio y lo hace con acento cubano, venezolano, colombiano, marroquí, argentino, hondureño, uruguayo, peruano y mauritano.

En las Islas, según los últimos datos publicados por el Instituto Canario de Estadística (INE) correspondientes a 2025, un total de 13.366 residentes adquirieron la nacionalidad española –y, por tanto, canaria– en un momento en que la identidad se utiliza por algunas formaciones políticas como frontera.

Una cifra –13,366 – que dibuja con precisión el mapa humano de una comunidad autónoma atravesada por la movilidad, la memoria migratoria y los vínculos históricos con América Latina.

La nueva realidad social

El INE sitúa a Cuba (3.244 personas) como principal país de nacimiento entre quienes obtuvieron la nacionalidad en Canarias. Le siguen Venezuela (2.694) y Colombia (2.136), tres procedencias que explican buena parte de la nueva realidad social de las Islas.

Canarias conoce bien las idas y vueltas del Atlántico. Durante décadas, muchos isleños emigraron a Cuba, Venezuela o Argentina. Hoy, parte de ese viaje regresa en sentido inverso, mezclado con nuevas migraciones provocadas por crisis económicas, inestabilidad política o búsqueda de oportunidades. Por eso la estadística no puede leerse como una anomalía. Es una continuidad histórica con nuevas formas. Las Islas no solo reciben población: incorporan nuevos canarios a su territorio.

Tras Cuba, Venezuela y Colombia, aparece España (1.319) como país de nacimiento, seguida de Marruecos (850), Argentina (426), Honduras (238) Uruguay (205), Perú (194) y Mauritania, con 180 personas. El conjunto ofrece una fotografía plural, con fuerte peso latinoamericano, pero también con presencia africana y europea. Esa diversidad ya no pertenece al futuro: forma parte del presente cotidiano de barrios, aulas, centros de salud, comercios y lugares de trabajo.

El arraigo

La política canaria suele debatir la inmigración desde la urgencia: llegadas por vía marítima, presión asistencial, reparto de menores, coordinación entre gobiernos o discursos sobre seguridad promovidos por la ultraderecha. Sin embargo, la estadística de nacionalizaciones introduce otra dimensión menos ruidosa y más profunda. Habla de integración culminada jurídicamente. Habla de personas que ya no son únicamente residentes extranjeras, sino ciudadanas canarias con derechos y deberes plenos. Frente al relato de la provisionalidad, aparece el dato del arraigo.

Ese cambio obliga a mirar más allá de la gestión de fronteras. La adquisición de nacionalidad convierte en centrales asuntos como la homologación de títulos, el acceso a la vivienda, la estabilidad laboral, la educación intercultural, la lucha contra la discriminación y la participación social. No basta con que una persona obtenga un documento. La integración real se juega después, en la capacidad de encontrar un alquiler, acceder a un empleo digno, abrir un negocio, recibir atención sanitaria o sentirse parte de la comunidad sin tener que justificar permanentemente su origen.

Tensiones estructurales

Canarias crece y cambia en medio de tensiones estructurales: carestía de la vivienda, saturación de servicios públicos, dependencia turística y desigualdad territorial. Las nuevas nacionalizaciones no son el origen de esos problemas, pero sí forman parte de la realidad sobre la que deben diseñarse las soluciones. Ignorar esa pluralidad sería gobernar una Canarias que ya no existe. Instrumentalizarla, en cambio, sería convertir vidas concretas en munición política, como hace Vox.

También hay una lectura simbólica. Obtener la nacionalidad española significa cerrar una etapa de espera y abrir otra de reconocimiento. Para muchas familias cubanas, venezolanas o colombianas, supone estabilidad jurídica y emocional. Para sus hijos, puede significar crecer sin la incertidumbre administrativa que acompañó a sus padres. Para Canarias, implica ensanchar su propia idea de identidad. Ser canario ya no responde a una sola genealogía, sino a una convivencia construida en común.

El INE demuestra que cada nacionalización confirma que la inmigración no termina en la llegada, sino en el arraigo. Y ese arraigo tiene consecuencias políticas en el sentido más profundo: obliga a redefinir prioridades, discursos y políticas públicas

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