Los ayuntamientos canarios tienen ‘ahorrados’ hasta 2.540 millones para vivienda

Más de 2.500 millones de euros esperan en las arcas municipales de Canarias. En concreto, los ayuntamientos del Archipiélago cerraron 2024 –último ejercicio con cifras oficiales– con 2.540,4 millones de euros en remanentes de tesorería, una cifra que adquiere una nueva dimensión después de que el Ministerio de Hacienda anunciara esta semana que las corporaciones locales podrán destinar parte de esos recursos a políticas de vivienda.

Según los últimos datos del Ministerio de Hacienda, los municipios de la provincia de Las Palmas acumulan 1.618,5 millones de euros en remanentes de tesorería, mientras que los de Santa Cruz de Tenerife suman otros 921,9 millones. La suma de ambas provincias eleva la cifra hasta esos 2.540,4 millones de euros, un volumen de recursos sin precedentes en la historia reciente de las administraciones municipales canarias.

La magnitud del dato resulta especialmente significativa en un momento en el que la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones sociales y económicas del Archipiélago, hasta el punto de que la región se encuentra en situación de ‘emergencia habitacional’. En ese contexto, la posibilidad de movilizar parte de los ‘ahorros’ acumulados por los ayuntamientos abre una nueva vía de financiación para actuaciones vinculadas a la construcción, adquisición o promoción de vivienda pública, aunque todavía se desconocen los detalles de la propuesta del Ministerio de Hacienda.

Ámbito prioritario

La medida anunciada por el ministro del área, Arcadi España, responde además a una reivindicación que los municipios venían planteando desde hace años. Los ayuntamientos canarios han defendido de forma reiterada que no tenía sentido mantener inmovilizados miles de millones de euros mientras crecían las necesidades de inversión en ámbitos considerados prioritarios para la ciudadanía. La vivienda era una de esas demandas, pero no la única. Hacienda ha avanzado que la nueva posibilidad de destinar estos recursos a vivienda estará condicionada a que los municipios hayan registrado superávit en el último ejercicio. El matiz entre conceptos es importante. Los remanentes de tesorería son los ‘ahorros’ que los ayuntamientos han ido acumulando con el paso de los años, mientras que el superávit se refiere al resultado de un ejercicio concreto. Así, un municipio puede tener millones de euros en remanentes y, sin embargo, haber cerrado el último año con más gastos que ingresos (déficit).

La evolución histórica permite comprender hasta qué punto estos fondos se han ido acumulando en las cuentas municipales. En 2006, los ayuntamientos canarios disponían de 444 millones de euros en remanentes de tesorería. Dieciocho años después, la cifra se sitúa en 2.540 millones. El incremento alcanza así el 475%, lo que supone que el volumen de recursos acumulados se ha multiplicado por más de cinco. Incluso, tomando como referencia una fecha más reciente, la diferencia sigue siendo notable. En 2014, los remanentes de tesorería de los municipios canarios ascendían a 630 millones de euros, menos de una cuarta parte de los registrados en la actualidad.

Detrás de este crecimiento se encuentra –en gran medida– el marco de estabilidad presupuestaria implantado durante la Gran Recesión (2008-2014). Las reglas fiscales y los mecanismos de control del gasto limitaron durante años la capacidad de las administraciones locales para utilizar los recursos generados por su propia gestión. Como consecuencia, una parte importante de esos fondos fue quedando acumulada ejercicio tras ejercicio en las tesorerías municipales.

Inversiones 'financieramente sostenibles'

Hasta ahora, los ayuntamientos podían emplear una parte de esos remanentes en las denominadas inversiones ‘financieramente sostenibles’, una figura que permitía financiar determinadas actuaciones siempre que cumplieran requisitos muy concretos. Sin embargo, muchos alcaldes consideran que esa fórmula es excesivamente restrictiva y que no responde a las necesidades reales de los municipios. La vivienda, precisamente, queda fuera de las actuaciones contempladas por ese mecanismo.

Por ello, la apertura anunciada esta semana por el Gobierno central fue recibida con alivio por la Federación Canaria de Municipios (Fecam), que llevaba tiempo reclamando una mayor flexibilidad para el uso de estos recursos. No obstante, la organización considera que el debate no debería limitarse exclusivamente a la vivienda. La federación sostiene que la emergencia habitacional justifica plenamente la adopción de medidas extraordinarias, pero insiste en que los ayuntamientos deben poder utilizar sus ahorros también en otros ámbitos esenciales para la prestación de servicios públicos.

La reivindicación enlaza directamente con una demanda histórica del municipalismo desde la aprobación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012. Los ayuntamientos reclaman que las administraciones que mantienen sus cuentas saneadas y cumplen con las obligaciones fiscales dispongan de mayor autonomía para decidir el destino de sus recursos. Ese argumento cobra especial fuerza en Canarias, ya que, según los datos aportados por la Fecam, la deuda media por habitante en los municipios del Archipiélago ronda los 80 euros, frente a los 314 euros de media registrados en la Península. Una diferencia que evidencia el elevado grado de cumplimiento financiero, en general, de los consistorios canarios.

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